La Cámara Federal porteña ratificó la decisión del juez Julián Ercolini. El magistrado había rechazado el pedido del organismo para ser querellante en la causa en la que investiga el traspaso de la empresa durante la dictadura.
La Cámara Federal porteña ratificó que la Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá ser parte querellante en la causa que investiga la existencia de delitos de lesa humanidad en el traspaso accionario de la empresa Papel Prensa en 1976 durante la dictadura cívico militar.
La sala I del tribunal de apelaciones avaló una resolución firmada por el juez de la causa, Julián Ercolini. La Cámara recordó que ya actúan en la causa como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rafael Ianover y Lidia Papaleo, además de la fiscalía del caso.
Los camaristas Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler también desestimaron un planteo para fijar un "embargo preventivo" contra los imputados en la causa.
"En este sumario se inspecciona un presunto traspaso ilícito de acciones ocurrido en el año 1976", detalló la Cámara en su resolución y advirtió que "los planteos del impugnante aluden -en abstracto- a una hipótesis de `autolavado` de activos de origen ilícito ocurrido a partir del año 2011".
En la causa están imputados los directivos del diario Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; así como también Bartolomé Mitre, de La Nación; y Patricio Peralta Ramos (quien falleció en 2010), de La Razón. Se trata de los medios que adquirieron el paquete accionario de Papel Prensa, que pertenecía al fallecido banquero David Graiver, durante la última dictadura cívico militar. La Justicia investiga si el traspaso se hizo a precio vil y bajo presión de la dictadura militar a los herederos del banquero, mediante secuestros y apremios ilegales.