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La Cámara Federal resolvió que las tres querellas de la causa por la presunta venta ilegítima de la empresa "Papel Prensa SA", en la ultima dictadura cívico militar, actúen por separado, al revocar una decisión del juez del caso que las había unificado de oficio, informó la agencia Télam.

La Sala I del tribunal de apelaciones revocó la resolución del juez federal de primera instancia, Julián Ercolini. Y resolvió que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de los particulares Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover actúen por separado en la causa.  "No observamos que exista identidad o comunidad de intereses entre los distintos querellantes como para que proceda la unidad de representación ordenada", consideraron los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.  Y "mucho menos estimamos que el número de interesados importe un desvío de los fines del proceso", en el que están imputados la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, su CEO Héctor Magnetto y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre.

Precisamente, las defensas de los tres últimos habían pedido a la Cámara la ratificación de la decisión tomada de oficio por Ercolini. Pero en su voto, el camarista Freiler consideró que no "ha sido exitosamente demostrado por las partes que la intervención de las víctimas en el proceso haya afectado la economía procesal ni la búsqueda de una mejor y más pronta administración de justicia". "Por el contrario, los planteos formulados hasta el momento dan cuenta del legítimo ejercicio de las prerrogativas que la ley confiere a todas las partes por igual para actuar en juicio en defensa de sus derechos", agregó.

En el fallo se tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos por los querellantes en una audiencia oral realizada la semana pasada con los tres camaristas. En la causa a cargo de Ercolini se investiga si la venta de Papel Prensa al grupo de diarios Clarín, La Nación y La Razón en la última dictadura cívico militar se concretó bajo el accionar represivo ilegal del Estado, mediante secuestros y torturas de los herederos del fallecido propietario David Graiver y sus socios y a un precio vil. Para eso Ercolini dispuso un peritaje financiero para evaluar la cotización de las acciones en ese momento y el precio de venta, pero su inicio está demorado porque faltaba determinar cuántas querellas habrá en la causa y la cantidad de peritos que, por ende, habrá en esa pericia.

Además también solicitó ser querellante la Unidad de Información Financiera (UIF), algo que ahora deberá decidir el juez.
La Secretaría de Derechos Humanos pidio el llamado a declaración indagatoria de los imputados, algo que el juez aún no resolvió mientras en el juzgado analizan las copias de 13 actas secretas de la dictadura halladas en el subsuelo de un edificio militar y con referencias a la operación de Papel Prensa, informó Télam.