Infojus Noticias

“Las cooperativas están presentes, directa o indirectamente, en la vida de uno de cada cuatro argentinos”. Es un dato de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), el organismo que presentó un amicus curiae ante la Corte Suprema para respaldar la posición del Estado en el litigio con el Grupo Clarín por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Miguel Rodríguez Villafañe fue el constitucionalista que se paró ante los siete jueces del máximo tribunal y defendió el derecho a la libertad de expresión contra las prácticas monopólicas y de competencia desleal del conglomerado mediático comandado por Héctor Magnetto. Fue juez federal en Córdoba con el retorno a la democracia, pero en 1989 votó la inconstitucionalidad de los indultos –entre ellos el de Mario Benjamín Menéndez- y renunció a la Justicia. “Concluí que era impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos”, le dijo a Infojus Noticias. A partir de ahí, comenzó su derrotero en defensa de la economía solidaria, las mutuales y las cooperativas.

“El movimiento cooperativo no fue marginado al azar”, reflexionó. La Ley de Radiodifusión de la dictadura prohibía expresamente en su artículo 45 la concesión de licencias a las entidades sin fines de lucro. Con la prestación del servicio de cable prohibida para la economía solidaria, se fugaron más de cuarenta mil millones de pesos de las economías locales durante los treinta años de vigencia de la ley de la dictadura.

Para el ex juez, “había un pacto entre la economía de lucro liberal y el autoritarismo político. No podían tolerar que hubiera estructuras de dinámica solidaria con espacios de radiodifusión”. Las prácticas del Grupo Clarín ratifican su evaluación. En decenas de localidades del interior del país en donde las cooperativas eran fuertes y habían logrado instalar la infraestructura necesaria para brindar servicios, la compañía de los Noble se montaban sobre la estructura ajena para imponer su fuerza. Muchas de las cooperativas de servicios públicos levantaron el tendido eléctrico a pulmón, hasta que llegó Cablevisión y Multicanal a usar esos mismos postes para su cableado de fibra óptica.

“En cientos de los lugares más chicos, de no haberse organizado en cooperativas, difícilmente hubieran tenido gas, agua corriente, luz, servicio de sepelios y otras cosas”, explicó el abogado que se ganó el odio de Clarín. Y aportó un ejemplo paradigmático de la fuerza de las cooperativas en algunas localidades: “En Río Tercero, y en varios lugares de Córdoba, casi que es más importante ser presidente de la cooperativa de servicios públicos que intendente de la ciudad”. La presencia y penetración de las cooperativas en pueblos y ciudades se destaca no sólo por su rol solidario sino también por su peso económico y su implicancia social.

Al desembarcar en estas localidades, el Grupo Clarín llevó adelante distintas formas de práctica desleal. En Tres Arroyos, ante una cooperativa que brindaba un servicio de operadora de cable muy competitivo, Cablevisión bajó los precios y se sostuvo trabajando a pérdida con el sólo objeto de hacer desaparecer a la competencia. El resultado no sólo fue la quiebra de pequeñas empresas, cooperativas y mutuales, sino también la anulación de identidades culturales locales. Los contenidos centralizados que el Grupo Clarín impuso, decantaron en una perspectiva única que no sólo vulneró “la libertad de expresión y la dignidad de los pueblos”, también hizo mella en las economías locales.

“Las señales cooperativas son dinamizadores de la economía local y de otros sectores con presencia cooperativa”, insistió Rodríguez Villafañe. Un canal que se produce íntegramente en una localidad del interior, tiene la escala para transmitir publicidad de los comercios de la zona, que no podrían pagar publicidad en los medios con alcance nacional e internacional que componen la grilla de Cablevisión y Multicanal. “Si una productora cooperativa hace un dibujo animado, eso va acompañado de que Sancor lance su yogurt con esa caricatura en los envases, en que una cooperativa gráfica imprima álbumes de figuritas, y en que cooperativas textiles produzcan peluches nuevos”, ejemplificó el especialista.

“Por eso es impensable que se hable de extorsión y quieran enjuiciar al presidente de la Corte por reunirse con el Ejecutivo. Enhorabuena que haya diálogo y que en ejercicio de sus facultades los funcionarios se coordinen con un destino común”, opinó en diálogo con Infojus Noticias. Y arremetió: “critican que el órgano de aplicación tiene la presencia de dos personas de siete que dependen del Ejecutivo. Estos nostálgicos pretenden el órgano anterior, donde de los siete miembros dos eran del Ejecutivo, tres de las Fuerzas Armadas y había una veeduría de la SIDE”.

Ante el nuevo desafío que significa la aplicación plena de la LSCA para la economía solidaria, el abogado de Cooperar consideró que “la presencia de las cooperativas y las mutuales en todo el país tiene suficiente fuerza para encabezar la construcción democrática y colectiva de una comunicación de buena calidad, donde no exista un discurso único que condicione el pensamiento y la perspectiva de la realidad”.