Infojus Noticias

Rosana Fernández consiguió que la obra social que eligió incorpore a Gina, su hija de seis años que tiene síndrome de Down, en las mismas condiciones que al resto de su familia. Esto fue posible después que Jorge Rial, Facundo Arana y Juan Carr de Red Solidaria, entre otros, replicaran en sus redes sociales la denuncia por discriminación que hizo en los medios de Rosario. Rosana ya había pasado por media docena de obras sociales, prepagas y mutuales que o bien le querían cobrar más por tener a Gina entre sus beneficiarios o se negaban a darle las prestaciones que requería.

El caso puso sobre el tapete la situación que padece uno de los colectivos que realiza la mayor cantidad de denuncias de discriminación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Durante 2013, sobre un total de 8820 asesoramientos que realizó el organismo 1343 estaban destinados a personas que presentaban alguna discapacidad, y la salud es -después del laboral, los educativos, la administración pública y entre vecinos- el ámbito que ocupa el quinto lugar entre aquellos donde se producen casos de discriminación,

En Rosario, la presidenta de Aisdro (una agrupación de padres que trabaja por la efectiva inclusión de las personas con síndrome de Down), Marisa Bolatti, dijo a Infojus Noticias que en el último año recibieron muchas consultas porque las obras sociales o prepagas “se niegan a cubrir las prestaciones o pretenden cobrar el doble para hacerlo”. “En vez de facilitar las cosas, no te dejan vivir ni disfruta de tu hijos porque te convertís en una transportadora de papeles para conseguir que los atiendan”, lamentó Bolatti.

En la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ADRA) confirmaron que gran parte de los reclamos que atienden se refieran a dificultades con obras sociales, mutuales y prepagas. “En general, por los pagos que tienen que hacer a las maestras integradoras (que acompañan a los niños en los colegios). Están atrasados y las profesionales terminan por dejar de trabajar para esas obras sociales, y eso es un problema grave para las familias”, dijo una de las operadoras de la organización.

En ambos casos, los referentes de las organizaciones dijeron que en general intentan evitar la judicialización; pero en ocasiones la solución se hacer esperar y la urgencia de una repuesta hace inevitable llevar el conflicto a tribunales. En ADAJUS, el programa nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, afirmaron que a la hora de litigar contra los prestadores, las mayores dificultades se presentan en la justicia provincial, porque “muchas veces los defensores se niegan a litigar contra el propio Estado, y es difícil lograr que den inicio a las demandas”.

Percepción de la discriminación

En octubre pasado, desde la dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, recomendaron a la Superintendencia de Servicios de Salud que arbitre los medios necesarios para que la empresa Galeno Argentino SA revirtiera la decisión de dar de baja la prestación a dos niñas en edad escolar, a las que poco después de aceptarlas como afiliadas les detectaron un leve retraso mental. Afirmaron que al aludir al “derecho de admisión” para “limitar o restringir el acceso o la permanencia de las personas que por su estado de salud puedan requerir prestaciones más costosas” las obras sociales (cuando brindan su cobertura a través de un sistema de adhesión), las mutuales y empresas o entidades de medicina prepaga, incurren en una conducta discriminatoria.

 “Las denuncias sobre discriminación por discapacidad que implican cuestiones de salud: principalmente por obras sociales que se niegan a dar las prestaciones, operaciones que no se realizan o prepagas que hacen pagar mayor plus a una familia que tiene un miembro con discapacidad son las que más frecuentemente recibimos”, confirmó a Infojus Noticias la directora de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación del INADI, Julia Contreras.

En el último mapa sobre percepción de la discriminación que publicó el INADI la discapacidad aparece en sexto lugar, como la forma de discriminación que el 61% de las 14.800 personas encuestadas reconoció haber observado (o percibido). La muestra coordinada a través de una veintena de universidades estatales recoge datos de todo el país, y los encuestados pertenecen a los distintos estratos económicos.

Contreras explicó que la mayor cantidad de denuncias puede estar asociada a que “este es uno de los colectivos más organizados en Ong´s, actividades, o centros, lo que hace que sean mucho más conscientes de sus derechos”. Y agregó que, como para cualquier sector, la situación de discriminación se agravan cuando los ingresos de los afectados son bajos: “los pobres son más discriminados (85%)”, confirmó al referirse al último relevamiento.