Infojus Noticias

Una división de la Policía Federal jugando en medio de una interna, el silencio de la barra brava “oficial” –que ahora conduce Cristian Fido Debaux-, la imprudencia de la dirigencia de San Lorenzo de Almagro. Un cóctel letal de errores y complicidades permitió que se concretara un enfrentamiento armado por el control de La Doce, del que sobraban indicios y se habría podido evitar. La pelea entre dos facciones de la barra terminó con dos muertos. Ahora, la pesquisa judicial lo está corroborando, y por eso se allanó el martes pasado la central de policía.

La División Eventos Deportivos de la Policía Federal supo con suficiente antelación que “La Doce Oficial” se iba a concentrar en un punto lejano e iban a llegar directamente al Bajo Flores por separado, en pequeñas células, tripulando autos particulares. Esa es, básicamente, una de sus funciones: saber dónde, cómo y cuándo llegarán a la cancha y brindar esos datos como insumo para el diseño del plan de seguridad. Pero esta vez vendieron pescado podrido: informaron a la Dirección de Operaciones Metropolitanas que la concentración iba a ser en la Bombonerita.

Por eso el operativo propuesto por la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad quedó descolocado. “Liberaron la zona”, dijo a Infojus Noticias una alta fuente de la investigación. “Al parecer, la motivación fue una interna policial: unos días antes hubo un cambio de comisario, y además Eventos Deportivos no había tenido ninguna intervención en la megacausa donde se investiga una asociación ilícita”, completó.

El 5 de julio, el comisario Daniel Valdi, cabeza de Eventos Deportivos había sido corrido por el Ministerio de Seguridad. Entre otras cosas, porque en la pesquisa judicial que viene investigando una asociación ilícita entre barras xeneixes, dirigentes y policías, ya se habían comprobado las relaciones carnales entre los violentos y algunos hombres de esa división. Como ejemplo basta un botón: un oficial de apellido Vocco Giménez, de contacto fluido con hombres de Eventos Deportivos, y otros tres camaradas, están imputados en aquél expediente por escatimar información vital del destino de Maxi Mazzaro, cuando el número dos de la barra estaba prófugo por asesinato.

El 11 de julio, entonces, se designó al reemplazante de Valdi: el comisario Marcelo González Giachino. El 21 llegaría su bautismo, con el amistoso entre Boca y San Lorenzo, y sus subordinados, que tenían sangre con el jefe depuesto, no estaban dispuestos a hacérsela fácil. Por eso le ocultaron información vital.

Por ejemplo, la información con la que de antemano también contaban Debaux y sus hombres de confianza: que ese día, la facción disidente conocida como “el grupo de Lomas”, con el legendario Marcelo Aravena al mando –aunque la justicia continúa investigando si la autoría intelectual no corrió a cargo de los hermanos Fernando y Rafael Di Zeo-, llegaría mucho más temprano para aprovisionarse del remanente de entradas que ponía a la venta San Lorenzo e intentaría tomar por asalto el control de la barra. “La hinchada oficial lo sabía y se fue armando para resistir”, confiaron a este portal fuentes judiciales.

Esos detalles logísticos no se hicieron por las vías habituales, por eso no lo supieron a tiempo en los despachos de la justicia. Y allí entra otro elemento disonante en la historia: como adelantó Infojus Noticias, a pesar de que la dirigencia del “Ciclón” se había comprometido, acta mediante, a no vender entradas el día del partido, lo hizo. Así se lo confirmó los días posteriores a la batalla un dirigente de Boedo al diario Clarín.

“Había múltiples diferencias en las explicaciones que dieron en la División cuando el Ministerio les consultó por el hecho, respecto de la documentación que habían pasado sobre el operativos”, dice una fuente judicial. Eso, y las escuchas telefónicas en donde dos de ellos dejaban plasmada su connivencia con los bravos.

Con ese escenario reconstruido, el juez De Campos se decidió a allanar a la Central de la policía Federal y hurgar en la división Eventos Deportivos. El juez participó en persona, acompañado por el jefe de la Federal Ramón Di Santo. Secuestraron teléfonos y computadoras de los doce oficiales de la División díscola.

Paralelamente, los investigadores avanzan en determinar cómo se orquestó el ataque. Para ello pidieron 38 medidas de pruebas. Entre otras, algunas pericias pendientes y más entrecruzamientos telefónicos y una serie de declaraciones testimoniales.