En la última parte de la Audiencia Pública la Corte realizó seis preguntas a un perito del Grupo Clarín. Después tres de sus abogados respondieron sobre algunos puntos de los que habían hablado antes los representantes del Estado nacional.
Después de las preguntas que realizó la Corte a los representantes del Estado nacional en la audiencia pública por la Ley de Medios, los ministros de la Corte formularon seis preguntas a Néstor Rubén Alessandría. Se trata del perito del Grupo Clarín que realizó el informe técnico que consta en la causa. Todas las preguntas se orientaron a indagar en los argumentos del Grupo acerca del impacto de la adecuación del grupo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “¿La sinergia entre una licencia de televisión por por cable y la licencia de una señal, afecta o contribuye a la diversidad de contenidos?”, preguntó la Corte. El perito del Grupo Clarín respondió que la sinergia ayuda a la difusión de los contenidos del grupo. Y que de no existir esa sinergia “no habría información veraz y amplia de contenidos”.
La siguiente pregunta al perito fue por qué si la actividad de Clarín es una economía de escala como ellos mismos reconocen: “¿por qué no es potencialmente un monopolio?, ¿por qué esa condición no es una barrera de entrada?”, preguntó la Corte. El perito respondió que “Clarín tiene competidores. Son menores en escala en relación al grupo, pero eso muestra que Clarín no es un monopolio”, dijo Alessandría.
Después del perito, los representantes del Grupo Clarín tuvieron unos minutos para decir sus palabras finales. El abogado Damián Fabio Cassino usó este espacio para hablar del criterio de las 24 licencias, en relación a la cantidad que tiene Cablevisión y la competencia: “Es muy desigual. Telecentro utiliza una sola licencia para el mismo lugar. Cablevisión utiliza 21. Hay que ver la extensión que tiene la licencia. Aplicándole el artículo a Clarín no se generará mayor diversidad. De ninguna manera se puede afectar el derecho de Clarín en pos de una pluralidad que no se ha demostrado. No hay nada que le impida al Estado otorgar más licencias. Si la AFSCA dice que ya otorgó 600 licencias, ¿para qué quiere las de Clarín?¿Para callar la voz crítica? No hay que confundir la preferencia de la audiencia con la falta de pluralidad. Hemos escuchado mucho aquí el concepto de monopolio, pero se tiran conceptos sueltos. Esta falencia está tanto en la sanción de la Ley como en el expediente”.
El constitucionalista Alejandro Carrió se refirió a lo dicho por los representantes del Estado nacional: “Acá se ha hablado mucho de criterios que son totalmente arbitrarios: 24 licencias y 35% de mercado. El Grupo Clarín va a perder la posibilidad de llegar a un público que quiere escuchar al Grupo Clarín. El mercado no es finito, distinto del radioeléctrico. Cualquier restricción estatal tiene que ser neutra respecto de los puntos que trate. Es claro que el Grupo Clarín no recibe tratamiento neutro de parte del Estado. Hay relación entre la nula ayuda estatal y la línea crítica”.
La otra representante, María Angélica Gelli, se quejó: “Quiero señalar la conducta errática del Estado. En 2005 prorrogó todas las licencias, fue aprobada en 2007 por Diputados, y en 2009 por el Senado. Es una pregunta que nos hacemos todos: por qué el Gobierno que ratificó este decreto sancionó la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación. No son permisos precarios, son licencias amparadas por garantías constitucionales. Requieren una inversión para ser lo que son: medios críticos. Es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación porque los otros medios tienen 80% de publicidad oficial. Se ha dicho aquí y lo compartimos: que el derecho a la información es un derecho fundamental. Todo funcionario tiene que ser llevado ante la opinión pública”, concluyó.