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La instrucción de la causa llevó ocho años. En las más de 30 mil fojas del expediente los investigadores detallaron el funcionamiento de la organización liderada por el narcotraficante colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, que habría blanqueado cerca de 920 millones de pesos en Nordelta y otros countries del conurbano. Entre julio y agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata comenzará a juzgar a 34 miembros de la banda. Será el debate oral por lavado de dinero y narcotráfico más importante del país.

El líder de la organización –que se mudó a Argentina con su familia en 2005- no estará sentado en el banquillo de los acusados. En marzo de 2011, a partir de un pedido de captura de la justicia estadounidense, la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo en el aeropuerto de Ezeiza al regreso de unas vacaciones familiares en Tahití. Lo extraditaron dos años después. En Estados Unidos también se entregó su hermano Juan Fernando. Los hermanos Álvarez Meyendorff están acusados de enviar casi 70 toneladas de cocaína desde Colombia al país del norte a través de submarinos.

Ocho miembros del clan Meyendorff, entre los que se encuentran dos hijos de Nacho, su madre, su esposa y su hermano, están procesados en otro tramo de la causa que tramita en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, vacante tras la muerte de Carlos Ferreiro Pella a principios de junio. Esa parte del expediente todavía no fue elevada a juicio.

La red narcocriminal abarcaba cuatro países sudamericanos y extendía sus negocios a América del Norte, Asia y Oceanía. El primer envío de cocaína desde Colombia a Estados Unidos data de enero 2004. El 9 de febrero del siguiente año Álvarez Meyendorff comenzó a montar en Argentina la estructura para reingresar el dinero en la economía formal, según sostuvo el fiscal Adrián García Lois en su pedido de elevación a juicio. 

El primer paso fue abrir en el país sucursales de cuatro empresas radicadas en Uruguay dedicadas a la compra y venta de inmuebles: Ferdal Country S.A, Val Darly S.A, Portal Marina S.A y Blaspark S.A. La constitución de esas firmas y la instalación de las sedes en Argentina se hicieron a través del estudio contable de la argentina María Francisca García Fernández de Kusnier, alias Mari Paqui, actualmente detenida en España en una causa por narcotráfico. Cuatro empleados del estudio y el propio hijo de la contadora prestaron sus nombres para conformar los directorios de las empresas offshore, constituirse como accionistas y asumir como representantes de las empresas.

A través de esas empresas el clan Meyendorff compró lotes en los countries Abril, en Berazategui, y Nordelta, en Tigre. Las propiedades permanecían apenas un año en las manos de estas empresas y luego cambiaban de dueños.

La organización llegó a contar 28 empresas interrelacionadas entre sí. Algunas de ellas tenían el mismo domicilio y los mismos directivos o accionistas. Además, se hacían trasferencias bancarias entre ellas, se alquilaban inmuebles y se compraban y vendían vehículos.

La caída del capo

El principio de la caída de los Meyendorff se remonta a 2010. Ese año la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo liderado por José Sbatella, detectó movimientos abultados e injustificados de dinero en una cuenta en el Banco BBVA Francés de FARA S.A, la firma más importante del clan en el país. Desde esta empresa, dedicada a la ganadería y agricultura (cultivo de soja, avena y maíz), Álvarez Meyendorff y sus hijos Mauricio y Sebastián Álvarez Sarria dirigían toda la estructura de lavado.

Según un informe de la UIF, querellante en la causa, el objetivo de estas operaciones era incrementar el capital de una firma que no tenía ingresos de la actividad comercial. “Tales movimientos significativos de dinero son producto de la actividad de narcotráfico desarrollada por la organización, más allá que se intentaron disimular bajo la actividad lícita propia de la sociedad”, sostuvo el juez Ferreiro Pella –fallecido a principios de junio de este año- en el procesamiento.

Para la Justicia es imposible determinar la cifra precisa de dinero que la organización lavó a través de esta estructura. Sin embargo, a partir del análisis de las transferencias bancarias, las propiedades y los vehículos comprados se puede hacer un cálculo aproximado. Los embargos dispuestos por la Justicia van de los 10 a los 50 millones de pesos para cada uno de los 34 procesados que irán a juicio. La cifra total alcanza los 920 millones de pesos.

Uno de los bienes incautados es la Estancia Santa Clara, valuada en cuatro millones de pesos. Está sobre la ruta 51 a la altura de Chivilcoy. La casa principal tiene once habitaciones, nueve baños, quincho con sala de juego, pileta, jacuzzi, una capilla y sala de cine. En el campo hay 14 box para caballos, un bar, pista redonda, pista de entrenamiento de caballos y otra pileta.

Colombia for export

La ingeniería de lavado montada en Argentina es un calco de la que tenía la organización en Colombia. A partir del entrecruzamiento de documentación y la intervención de los teléfonos de testaferros los investigadores del país cafetero descubrieron la utilización de sociedades falsas a través de las cuales compraban y vendían inmuebles con fondos del narcotráfico.

En mayo de 2013 la Justicia colombiana confiscó 205 bienes ubicados en más de 20 ciudades por un valor de 700 millones de dólares. En una segunda instancia se decomisaron otras 126 propiedades y 28 sociedades valuadas en más de 200 millones. Según el fiscal Julián Quintana, jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de Colombia, se trató del “operativo más grande” de incautación de bienes del narcotráfico.

Luis XV: cocaína y muebles antiguos

El expediente judicial nació en 2007 a partir del llamado de una mujer que contó que Jaime Eduardo García Rivero traficaba drogas a Estados Unidos. El “Costeño” como lo conocían a García Rivero, en ese momento de 31 años, era una de las personas de confianza de los jefes y estaba a cargo de la logística: trasladaba a otros colombianos al aeropuerto de Ezeiza, conseguía celulares y vehículos para la banda y alquilaba los galpones que funcionaban como depósito.

El Costeño vivía en Lanús junto a su esposa. A los investigadores les llamó la atención el nivel de vida de la pareja pese a que ninguno tenía trabajo formal. Entre los “ostentosos gastos” -escribió el juez en el procesamiento- “se destacó el consumo de telefonía celular como también los reiterados viajes al exterior”.

En abril de 2012 la justicia incautó 258,54 kilos de cocaína en un galpón de Lanús. La droga estaba oculta en doblefondos de muebles de estilo: el operativo se denominó Luis VX. En otro allanamiento en un departamento del barrio porteño de Colegiales encontraron 4,1 kilos más en una valija color verde agua.

El juez Ferreiro Pella procesó a 42 integrantes de la banda. En la lista se encuentra parte de la familia de Álvarez Meyendorff y Ruth Martínez Rodríguez, ex esposa de Daniel “El Loco” Barrera Barrera, el líder del Cartel del Norte del Valle que está siendo juzgado en Estados Unidos. La mujer, de 38 años, cumple prisión domiciliaria en el su casa del barrio La Alameda, en el complejo Nordelta. Es uno de los 34 miembros de la banda que en los próximos meses estarán sentados en el banquillo de los acusados en el que será el juicio por lavado narco más importante de la historia argentina.

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