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La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez federal Sergio Torres ser parte querellante en la causa que investiga la apropiación de bienes de los secuestrados en el centro clandestino que funcionaba en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura cívico-militar.

La UIF también requirió el embargo preventivo y la inhibición general de los bienes de los imputados, a fin de trabar o hacer cesar la comisión del delito.

A partir de los informes aportados por la Unidad, se pudo corroborar que parte de los inmuebles apropiados continúan en manos de familiares de los imputados en la causa.

Para el organismo, este hecho implica la comisión del delito de lavado de activos, dado que se estaría dando "apariencia legítima" a la posesión de bienes fruto de la comisión de delitos de lesa humanidad.

La UIF solicitó al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 ser tenida por parte querellante en la causa Nº 1376/04 "N. N. y Acosta Jorge Eduardo s/ apropiación de bienes".

Mediante las investigaciones realizadas, se pudo corroborar que los integrantes de Grupo de Tareas 3.3.2 -principalmente Jorge Carlos Radice, Jorge "El Tigre" Acosta y Miguel Ángel Cavallo- implementaron un plan sistemático para apropiarse los bienes muebles e inmuebles de los secuestrados en el centro clandestino que funcionaba en la ESMA.

Se determinó, por ejemplo, que en el sótano de ese centro funcionaba una imprenta donde se confeccionaba todo tipo de documentación apócrifa necesaria para efectuar las transferencias de dominio de los bienes que luego resultarían apropiados.

La hermana y la pareja de Radice habrían actuado como testaferros y cómplices en el lavado de los bienes apropiados.

Además, se detectó un entramado de nueve sociedades radicadas en la Argentina, integrada por los imputados y sus familiares directos, que se sustentan mediante aportes de capitales o préstamos de empresas radicadas en el extranjero, algunas de las cuales son representadas por ellos mismos, reveló la UIF.

Acosta y Radice se encuentran procesados con prisión preventiva por los delitos de robo, extorsión y falsificación ideológica de documento público en concurso con el de asociación ilícita.

"Siendo los delitos de lesa humanidad imprescriptibles, su persecución obliga a ampliar el marco de la investigación respecto del recorrido de los bienes apropiados", explicó la Unidad. Tales acciones, añadió, deben ser realizadas "ya sea que se mantengan en el patrimonio de los imputados o de sus familias, o que hayan sido liquidados para darle apariencia de licitud al dinero obtenido de dichos bienes".

El pedido de la UIF al juez Torres de ser parte querellante en la causa, apunta precisamente a impulsar la investigación patrimonial vinculada a los delitos de lesa humanidad.