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Juan Hernández Vigueraz es abogado, directivo de empresas y profesor universitario de posgrado en España. También es el autor del libro “Los lobbies financieros. Tentáculos de poder”, en el que analiza cómo funcionan los grupos de presión internacionales para obtener beneficios a favor de los sectores que marcan el pulso de los mercados.

Para Vigueraz no hay dudas de que los sucesivos fallos de la Justicia estadounidense en contra de la Argentina tienen un sustento más político que jurídico. “La lectura de la sentencia del juez Griesa —analiza Vigueras— me impactó en su momento al percibirla plagada de razonamientos más políticos que estrictamente jurídicos. Su ratificación por el tribunal de apelación de Wall Street es una prueba más de sumisión del derecho vigente al dictado de las finanzas, ignorando la situación y las consecuencias económicas para Argentina; y en claro apoyo de los intereses y planteamientos de los conocidos e influyentes fondos buitres”.

Vigueraz funda su libro en la tesis de que “hoy las finanzas son el poder global y los lobbies, sus instrumentos. Generalmente, los Estados en situación económica o política frágil se ven obligados a someterse a sus dictados”

“Desde otra perspectiva, un economista tan prestigioso y global como Martín Wolf, principal columnista del Financial Times, hacía el 24 de junio pasado una defensa abierta de la posición de Argentina frente a los “vulture funds” (fondos buitre), comparó la situación del país con la prisión de cárcel que hasta el siglo XIX se castigaba a los deudores”, graficó Vigueraz.        

Violaciones a la soberanía, concepción imperial de facto, precedente muy negativo para los países en apuros económicos son algunos de los conceptos que Vigueraz expresó en diálogo con Infojus Noticias sobre el avance de los fondos buitre sobre Argentina.

–En lo que tiene que ver con el caso argentino, ¿qué características tienen estos fondos buites a la hora de hacer lobbie?

– En el caso de los fondos buitre que acosan a Argentina desde hace años, liderados por Elliot Management del milmillonario Paul Singer la utilización de un lobby ad hoc como  AFTA se integra en sus múltiples estrategias y al mismo tiempo es un instrumento para llevar a cabo las mismas.

Reparemos que la propia denominación es equívoca: American Task Force Argentina, como si se tratara de un grupo de trabajo con el objetivo de ayudar a resolver los problemas de este país del Cono Sur.

 El lobby autodenominado AFTA se organiza y dinamiza para defender los intereses económicos concretos de un grupo de milmillonarios estadounidenses frente a Argentina. A diferencia de los lobbies financieros que, de modo general o sectorial, persiguen la defensa de los intereses políticos de las grandes firmas financieras y del sistema financiero global vigente, como he documentado y analizado en mi libro Los Lobbies financieros, tentáculos del poder”.

 Además, AFTA está dirigida por dos altos cargos de la Administración Clinton y ha realizado campañas agresivas contra Argentina ante la opinión pública estadounidense, en los medios, en el Congreso y en la Legislatura del Estado de Nueva York. Sumemos la litigiosidad a ultranza en defensa de los intereses financieros del grupo de fondos buitres ante los tribunales de los EEUU.

Estrategias todas que sobrepasan las que alcanzo a ver en la documentación que he ido acumulando para un posible proyecto de libro sobre los fondos buitres. En general los fondos buitres buscan obtener ante los tribunales y con presión de todo tipo, una rentabilidad económica que no pueden obtener en los mercados; pero percibo que AFTA busca también poder político por razones que se me escapan.

–¿Cómo impacta el fallo del Juez Griesa sobre la soberanía?

– Por un lado, es evidente que las decisiones judiciales de los tribunales de los EEUU pretenden hacer prevalecer los intereses de la minoría de acreedores considerados fondos buitre sobre los intereses del 93 % de los inversores que en años pasados aceptaron la reestructuración de sus créditos. Por otro lado, es también evidente que las decisiones del juez Griesa y demás tribunales se arrogan una competencia jurisdiccional para  juzgar y condenar jurídicamente las decisiones económicas de un Estado soberano  y relevante como miembro del G-20. En consecuencia, cabe preguntarse si  la decisión en su momento del Gobierno argentino de someterse a la legislación estadounidense  sobre el pago de unos créditos obtenidos de entidades privadas,  puede interpretarse en el sentido de someter la soberanía de un Estado a los dictámenes de unos tribunales nacionales. Esa interpretación supone una concepción imperial de facto de los EEUU que carece de base legal alguna, pero con significación política.

 –¿Es un precedente negativo para América Latina?

–Las decisiones judiciales del juez Griesa representan un precedente muy negativo para los países latinoamericanos y para cualquier país en apuros económicos, incluidos los europeos. Si se confirma en todos sus extremos el aval del Tribunal Supremo estadounidense al juez Griesa, significaría la imposibilidad de acordar reestructuraciones de sus deudas soberana para los países fuertemente endeudados, los HIPC (NdR: refiere a la sigla en inglés para Países Pobres Altamente Endeudados), o aquellos con problemas  temporales de pago a sus acreedores.

 –¿Cuál debería ser la estrategia de Argentina en adelante?

–Me sumo a quienes abogan por una negociación, difícil, que sin duda es ante todo política. Y es sabido que para cualquier negociación política hay que examinar antes las bazas disponibles interiores y exteriores, como al parecer está siguiendo el Gobierno argentino.