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El hallazgo de Ana Libertad Baratti, nacida en 1977 durante el cautiverio de su madre en un centro clandestino de La Plata y desaparecida durante los últimos 37 años, fue el resultado de una investigación preliminar: la que realizó la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños y niñas. No sólo fue la nieta restituida número 115: fue la primera vez que la Unidad resolvió un caso de apropiación. “Fue parte de las 180 investigaciones de la Unidad. En este caso, recibimos una denuncia en febrero del año pasado de la  Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Ellos habían recibido un aviso anónimo sobre el posible parto de Ana Libertad. Entonces pedimos medidas de pruebas porque el caso nos pareció sospechoso y luego lo judicializamos junto a la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata. Y nuestro último aporte fue acompañar una denuncia para hacer la muestra de ADN”, explicó Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Especializada.

De los 180 casos, dijo Parenti, muchos no llegaron a buen puerto y otros aún están en curso. El caso de Ana Libertad, que es hija de Héctor Carlos Baratti y de Elena De la Cuadra, quienes militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y fueron desaparecidos, despertó la alegría en la Unidad. “Que haya sido la primera vez nos dio una sensación de bienestar y alivio. En este caso, hubo una demora mayor porque la persona estaba viviendo afuera y tuvo que hacerse el ADN vía consular, con personal especializado enviado a un país europeo. Se hizo por valija diplomática hasta llegar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BND)”, dijo. La joven se enteró de la existencia de la causa judicial y se comunicó con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para someterse voluntariamente a la medida judicial, que se concretó el 25 de abril pasado. La Dirección de Derechos Humanos de Cancillería recibió la muestra el 8 de mayo y la remitió al BND.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo destacó en un comunicado que "este es el primer caso investigado por la Unidad especializada en apropiación que finaliza con la restitución de identidad de una de nuestras nietas" y resaltó que "evidencia la coordinación de distintos organismos del Estado que trabajaron mancomunadamente para la resolución de este delito de lesa humanidad".

Parenti explicó que más de la mitad de los casos de la Unidad ya salieron de la investigación preliminar. “No hacemos una denuncia cuando corroboramos que no hay delito. Los jueces que las reciben en general dan curso a las medidas probatorias, porque nuestra investigación preliminar es sólida”, dijo y agregó: “en el caso de Ana Baratti, comprobamos que había registros médicos falsos, y que participó una partera que aparece en otros casos de apropiación y no siempre asociados al Terrorismo de Estado.  Ella certificó el parto con maniobras irregulares y otorgó una partida de nacimiento trucha”.

Sobre la nieta restituida 115, se limitó a decir que “sabemos que está contenta, que habló con sus familiares biológicos, pero no queremos dar más datos para que no se viole su privacidad”. Por otra parte, Parenti explicó que, para los casos de apropiación, los represores aprovecharon la estructura del tráfico ilegal de niños. “Es interesante establecer cómo el Terrorismo de Estado utilizó el circuito de médicos y profesionales vinculados al tráfico. Ese circuito venía de antes y aún no fue desarticulado. Lo que hay que notar es que los militares sabían a quiénes les irían a entregar los niños, estaba planificado por prácticas diferenciadas. También ciertos entregadores  se valieron de la amplia discrecionalidad de los jueces que eran amigos de los militares y no investigaban la procedencia de los niños. Es decir, hacían la vista gorda. Y por otro lado, también tenemos casos de médicos militares o que colaboraban en los circuitos de los centros clandestinos, por lo que en esos casos las apropiaciones se resolvían en un ámbito endogámico”, aclaró.

Parenti dijo que la mayor parte de los casos son sospechosos de tráfico ilegal. Desde la Unidad también detectaron casos de apropiación que no estaban vinculados a prácticas de Terrorismo de Estado.  “Nos pasó de un caso que era sospechoso, porque en el matrimonio apropiador había un policía y se comprobó que la madre no podía tener hijos.  Pero luego de pedir las medidas probatorios, evidenciamos que la historia venía por otro lado. Obtuvieron un bebé de una madre muy joven, pero que no está relacionado a los represores. Ahora la justicia sabrá si la madre fue extorsionada o actúo bajo presión”, detalló. 

El caso de Ana Libertad formó parte del proceso judicial por el “Plan Sistemático de apropiación de niños” llevado a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de la Capital Federal y por el cual fueron condenados en 2012 los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, y el jerarca de la Armada, Rubén Franco. También, integró el objeto procesal de la causa conocida como “Circuito Camps”, en un juicio celebrado ante el TOCF Nº1 de La Plata en el que resultaron condenados por este caso el policía de la Comisaría 5ta Domingo Almeida y el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

En La Plata, el caso fue investigado por la Cámara Federal en el juicio abierto en 1998 por el derecho a la verdad, cuando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida estaban vigentes. La recolección de las pruebas derivó en que el fiscal ante ese proceso, Félix Crous, formulara en 2002 la denuncia penal por este y otros hechos perpetrados en la comisaría 5ta de La Plata. El representante del Ministerio Público pidió entonces la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y se inició así una de las causas que culminó en sentencia diez años después en el debate por el "Circuito Camps".