Infojus Noticias

David Hayes compartió la celda con Iván Torres en la comisaría 1ra. de Comodoro Rivadavia, poco antes de su desaparición. Dos años después escribió una carta contando lo que vivió, y por eso el 9 de enero de 2005 la abogada Verónica Heredia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el testigo fuera protegido. “Puedo señalar a los policías que estuvieron esa noche”, había puesto David en un papel con su letra. El 18 llegó la orden de protección de la CIDH pero un día antes Hayes había aparecido acuchillado en la Alcaidía de esa ciudad. Era la tercera persona que perdía la vida luego de haber hablado sobre el caso Torres.

“No puedo creer como nos están matando uno a uno”, dijo en 2011 la mamá de Iván cuando fue asesinado en un confuso episodio su pariente y testigo, Juan Pablo Caba. Fue el séptimo y último muerto vinculado a la investigación de la causa, que originó una condena al país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En cumplimiento de esa sentencia fue ordenado esta semana por decreto presidencial el pago indemnizatorio a María Millacura, madre de Torres. Ante la difusión de esa noticia, y aún lejos de poder cobrarla, la mujer volvió a solicitar protección al tribunal interamericano porque teme nuevos actos intimidatorios contra ella y los suyos.

La primera muerte ocurrió en octubre de 2003, cuando un hombre con el mismo apellido y vecino del testigo Diego Álvarez apareció colgado de un árbol. El Álvarez que sobrevivió había presenciado la detención previa a la desaparición de Iván, el 26 de septiembre, cuando lo llevaron a la comisaría, lo molieron a palos, para luego trasladarlo fuera de la ciudad,  desnudarlo y gatillarle en la cabeza: un simulacro de fusilamiento que los agentes llaman “el juego del gatillo”. Según relató la abogada Heredia a Infojus Noticias, enterada de que el Álvarez ratificaba su declaración la fiscal María Ibáñez apareció de madrugada en la casa del testigo, acompañada por el jefe de la Brigada, Leonardo Bustos. Álvarez pidió que no entrara “ese” porque era quien le había pegado cuando lo detuvieron. Pero la fiscal lo ignoró con el argumento de que el policía era de su “absoluta confianza”.

El otro testigo de la primera detención de Torres era Dante Caamaño, que declaró en noviembre de 2003. El 23 de mayo de 2005, durante el clásico Boca-River, apareció muerto de un tiro en la cabeza. Habría sido “una bala perdida”. La averiguación judicial de su muerte sólo tuvo dos fojas.

El domingo 9 de enero de 2005 María Millacura visitó al cuñado de Iván, Juan Pablo Caba, que estaba detenido en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia. En ese momento el testigo David Hayes conversaba con su madre, Sonia, pero interrumpió el encuentro y se acercó a María. Allí mismo, delante de toda la gente que estaba en la visita, escribió la carta donde relató cómo, dónde y quiénes golpearon a su hijo, y quién lo retiró de la comisaría. “Tenemos la carta original, y además así lo declaró Sonia Hayes en el expediente, en marzo de 2005”, afirmó Heredia. En diciembre de 2004 la letrada había pedido a las fiscales Raquel Tasello y Verónica Escribano que dispusieran protección para los testigos y parientes del desaparecido, porque “permanentemente los detenían en la comisaría 1ra.”. Llegó la feria y como nadie les había dado lo que pedían, lo solicitaron a la CIDH, pero las medidas cautelares del organismo internacional llegaron un día después de la muerte de Hayes.

En 2006 fue asesinado a balazos Luis Alberto Gajardo, otro homónimo de una persona vinculada a la causa y protegida por ser testigo de la segunda detención de Torres.

Gastón Varas figuraba en el libro de guardia de la comisaría por haber estado preso allí los días 1 y 2 de octubre, en coincidencia con Iván. En 2007 cuando la jueza Eva Parcio lo citó a declarar le llevaron un certificado de su defunción. Varas y Caamaño no habían llegado a estar bajo el paraguas de la CIDH, aunque en Chubut el cobijo de ese paraguas tampoco fue del todo efectivo.

De hecho, sí estaba en la lista de protegidos Walter Mansilla, asesinado en la calle en julio de 2007 y aparecido como NN en la morgue, donde fue reconocido por la abogada y la familia de Torres.

Y tampoco fue suficiente la cobertura para cuidar a Caba. Había sido torturado cuando lo trasladaban de Neuquén al penal de Rawson. El 7 de marzo de 2011 recibió un balazo en el estómago y falleció en el hospital regional de Comodoro tras dos semanas de agonía. Las versiones policiales decían que fue atacado en un “confuso episodio” y que murió por una infección hospitalaria. Según publicó Página/12, cuando aún estaba consciente Caba dio a entender que lo habían emboscado. Por esos días familiares de Torres y de los testigos sufrían ataques y permanentes intimidaciones. Tamara Bolívar, una amiga de Iván, fue violada por quienes creyeron que era su hermana. Al dejarla le dijeron, “andá a hacer la denuncia a la 1ra.”, en alusión a la comisaría donde desapareció Iván. Y las abogadas Heredia y Silvia de los Santos también fueron amenazadas.

Ninguna de estas muertes fue esclarecida, ni siquiera investigada a nivel judicial. “Si hubiera una fiscalía en serio habría armado un expediente para investigar con el denominador común de silenciar a quienes pueden probar el caso de Iván. Estamos hablando de un delito como la desaparición forzada y la convención internacional respectiva contempla la protección de los testigos de estos casos”, enfatizó Heredia. Sin embargo, en la causa por la desaparición de Torres van a juicio 14 imputados pero por el delito de privación ilegítima de la libertad, dado que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia modificó la calificación de desaparición forzada. En septiembre la Comisión Interamericana envió una nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para expresar su “preocupación” por el cambio del tipo penal.

Los testigos que sobrevivieron también recibieron golpes y amenazas, y fueron “salvados” con traslados a instancia del organismo internacional.

Iván tenía 25 años cuando desapareció, el 2 de octubre 2003. Trabajaba en un corralón y era solidario con los chicos de la calle. Por eso él y su grupo de amigos sufrían el permanente hostigamiento policial, igual que Luciano Arruga, y como se resistía a las presiones le armaron un prontuario. Su mamá, María Millacura, se instaló con un colchón durante años en la comisaría 1ra.de Comodoro Rivadavia, mientras denunciaba que una de las fotos publicadas en los avisos oficiales de búsqueda había sido obtenida luego de su desaparición (de hecho, en los anuncios suelen aparecer alternativamente dos imágenes muy diferentes del joven).

Iván integra la lista de desaparecidos en democracia, pero no es el único por el cual fue condenado el Estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Además, es el caso que más daños colaterales produjo en diez años. “Es un problema estructural de las policías, que es sistemático de todas las del país”, dijo Sofía Tiscornia, perito oficial designada por el tribunal interamericano. Siete muertos en la búsqueda del esclarecimiento de esta desaparición hablan muy claro.