El joven tenía 25 años y la policía provincial lo venía hostigando. Hoy, como el primer día, su madre María Millacura volvió a la comisaría 1 de Comodoro Rivadavia: clama por su hijo y busca justicia. Hay 15 policías imputados, pero la mayoría sigue prestando servicios.
Hace diez años Iván Torres fue visto por última vez en la comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia, Chubut. Tenía 25 años y, como a Luciano Arruga, la policía provincial lo venía hostigando. Como se resistía a las presiones, le armaron un prontuario. Hoy, como el primer día, su madre María Millacura volvió a la seccional: clama por su hijo y busca justicia.
En esa búsqueda la familia de Iván llegó hasta la Corte Intermaricana de Derechos Humanos (CIDH), que en agosto de 2011 dictó un fallo en el que insta al Estado argentino a dar con el paradero del joven e investigar los hechos como una desaparición forzada.
En la instancia internacional, quedó probado que Iván “fue detenido arbitrariamente”, dijo Verónica Heredia, la abogada que acompaña a la familia.
En la causa presentaron testigos que contaron cómo oficiales de la comisaría primera “lo levantaron” en Plaza Vitto, una heladería, y lugar de juegos en el centro de la ciudad petrolera.
Dos testigos afirmaron que mientras estuvieron detenidos en esa dependencia policial, Iván estuvo con ellos un par de meses. “Uno de ellos, Miguel Ángel Sánchez, lo declaró ante la CIDH. El otro, David Alberto Hayes, se lo contó por carta a María (la madre de Iván) y, una semana después, dos presos con los que compartía cautiverio en la Alcaidía local lo mataron”, precisó Heredia.
“Ahora quieren bajarle la imputabilidad a los milicos, cuando la Corte Interamericana los denunció por privación ilegítima de libertad, tortura y desaparición forzada, que ellos siguen negando”, explicó Millacura este mediodía, durante una conferencia de prensa convocada por el nuevo aniversario de la desaparición de su hijo.
Se refirió así a la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de la localidad sureña que el pasado 4 de julio cambió la tipificación de 'desaparición forzada' -ordenada por la Corte Suprema de Justicia y la CIDH- por la de 'privación ilegítima de la libertad'. Por ahora, “en total 15 policías están imputados. Pero la mayoría de ellos continúan prestando servicios en la provincia y también en la localidad”, dijo Heredia.
Desde la desaparición de Torres, familiares y amigos del joven, denunciaron el fallecimiento de varios testigos: “Diego Álvarez, David Hayes, Dante Caamaño, Miguel Gajardo, Walter Mansilla, Juan Pablo Caba y Gastón Vara”, puntualizó la abogada.