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Después de varios reveses judiciales, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al habeas corpus presentado por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representan a la familia de Luciano Arruga, el joven de 16 años de La Matanza que está desaparecido desde el 31 de enero de 2009.  

Es la primera vez que el caso llega a los tribunales de Comodoro Py. El recurso de habeas corpus había sido presentado por los abogados del CELS en abril para mover las aguas de un expediente que flotaba en aguas estancadas. Primero, lo rechazó el Juzgado Federal Número Uno de Morón, a cargo del magistrado Juan Pablo Salas y, luego, la Justicia federal de San Martín. Quienes representan a la familia apelaron a esta decisión y la causa llegó a Casación.

El lunes hubo una audiencia en la Sala E, donde el abogado de la familia, Maximiliano Medina, expuso ante los jueces los argumentos para presentar esta medida. Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky escucharon y pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy que dieron a conocer su resolución.

Para los jueces, la acción de habeas corpus presentada por Mónica Raquel Alegre y Vanesa Orieta -madre y hermana de Arruga, con el patrocinio de Juan Manuel Combi y Paula Litvachky –Directora del Área Justicia y Seguridad del CELS– debe prosperar porque se ajusta a la legislación vigente.

El dictamen, que tiene 36 carillas, además repasa el caso y hace una crítica a todo lo que se hizo hasta el momento en materia de investigación.  “No puede pasarse por alto que a casi cinco años y seis meses desde el inicio de la investigación penal, NADA se supo acerca del paradero del menor, sumado a las serias irregularidades advertidas durante el comienzo de su tramitación”, dice en su voto Gemignani. La palabra nada está en negrita y en alta en la redacción original por decisión del propio juez.

Los jueces respaldan y reivindican la medida de habeas corpus: “La acción constitucional de hábeas corpus constituye el instrumento jurídico idóneo para garantizar el derecho de las recurrentes a obtener la información que se reclama por parte de las autoridades públicas”, expresan. En su voto, Borinsky respaldó al habeas corpus como “la herramienta que la familia utiliza para ejercer su legítimo derecho a obtener información y respuesta".

En el dictamen, además, los magistrados cuestionan a su par en primera instancia por haberse apartado de la normativa vigente y haber sido “discrecional y arbitrario”. “El juez instructor rechazó dicho pedido sin justificar debidamente su decisión pero, además, omitió explicar de qué manera y a través dequé prueba la investigación penal está siendo fructífera en la averiguación del paradero de Luciano, máxime, repito, si a más de cinco años desde su desaparición no se pudo brindar ninguna respuesta cierta a sus familiares”, expone Gemignani .

La investigación penal por la desaparición del joven de 16 años está en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón Nº 1. En el fallo de hoy los jueces de Casación le ordenan a este juzgado que tenga "especial atención en las medidas de prueba ofrecidas por la denunciante". Remitieron el escrito al juzgado para “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido a Luciano Nahuel Arruga”.

“El fallo reconoce la responsabilidad del Estado en la desaparición del joven y las graves deficiencias que hubo en la investigación realizada en la provincia de Buenos Aires que, en cinco años, no le dió ninguna respuesta a su familia”, dijeron desde el CELS después de conocerse la decisión de Casación.

El dictamen es ejemplar por su contenido y el contexto que ofrece. Cita los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y, también, menciona otro caso en el la misma Sala de Casación ha intervenido en su momento: la desaparición de Iván Torres.  La misma sala había hecho lugar a un habeas corpus presentado por la familia de Torres,  el joven que fue visto por última vez en 2003 en la comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia, Chubut.

El caso

Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, un barrio del partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense. Ese día, el joven de 16 años que vivía en el Barrio 12 de octrube fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial en la calle Indart, dependiente de la Comisaria 8 va. Este es el último lugar en el que se lo vio con vida. El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría. La familia denunció que Luciano desapareció por negarse a robar para la policía.

En febrero de este año, después de que se cumplieran cuatro años, la causa, que estuvo caratulada como averiguación de paradero durante 4 años, pasó a la justicia Federal y comenzó a investigarse como “desaparición forzada de persona”. Desde ese momento pasó a manos de Juan Pablo Salas, juez federal 1ro del Departamento Judicial de Morón.

El cambio de caratula se dio apenas dos semanas después de que removieran de la fuerza a 8 policías involucrados en la desaparición del joven, muchos de ellos estaban en funciones en otras dependencias.