Infojus Noticias

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó hoy un habeas corpus, en representación de la familia de Luciano Arruga, para conocer su paradero actual. El chico de 16 años está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. En el documento –al que accedió Infojus Noticias- el organismo le reclama a la justicia federal que ordene la inmediata realización de todas las acciones necesarias para determinar dónde está el adolescente.

Desde su desaparición, la familia denunció en reiteradas oportunidades que Luciano era hostigado y amenazado por personal policial del destacamento de Lomas del Mirador, donde vivía junto a su madre Mónica Alegre y sus dos hermanos menores. Luciano fue visto por última vez a unas pocas cuadras de su casa, ubicada en Bolívar y Perú del Barrio 12 de Octubre. Fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial en la calle Indart, dependiente de la Comisaría 8va. Nunca más se supo de él. Cuando empezó la búsqueda en hospitales y comisarías, su madre presentó un habeas corpus pero fue rechazado.

El CELS señaló que se cometieron muchas irregularidades durante la investigación. “Las incontables irregularidades judiciales cuando la causa estuvo radicada en el Departamento Judicial de La Matanza explican el fracaso de la justicia provincial para determinar que pasó. Sin embargo, las primeras obstrucciones a la averiguación de la verdad provinieron justamente de parte de agentes de la Policía Bonaerense”, explicó el comunicado.

El escrito también remarca que desde la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, rotuló al caso de Luciano como un caso de suma urgencia para el Estado argentino. La desaparición del joven también fue señalada como emblemática por el Poder Legislativo Nacional y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Es el hecho más grave de violación a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires”, aseguró el año pasado el abogado del CELS Maximiliano Medina.

Desaparición forzada

Cuatro años después de la desaparición, en enero de 2013, la causa se pasó al fuero federal. El CELS tildó de “fracaso de la justicia provincial” por la falta de resultados. La causa ahora está radicada en el Juzgado Federal N°1 de Morón a cargo de Juan Pablo Salas, que recaratuló de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.

En abril de 2010, los policías involucrados en la causa Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron pasados a disponibilidad por el entonces ministro de Seguridad de la provincia Carlos Stornelli. Cuatro meses después, esos agentes fueron reincorporados en otras jurisdicciones.

En el habeas corpus, el CELS solicitó que “el juez realice otras diligencias tales como la reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido en base a testimonios de las personas que presenciaron o tuvieron conocimiento de los hechos, como así también de otras personas que estuvieron en contacto con la víctima luego de su condición, o en algún momento durante la ejecución de la privación de la libertad. Así también, de temer que la víctima no se encuentra con vida, se debe registrar todo aquel lugar donde se pueda haber intentado deshacerse de su cadáver y contrastar los datos físicos de la víctima con la información de los cuerpos sin identificar”.

El escrito de 22 páginas señala que mientras la causa penal busca la determinación de las responsabilidades penales, “en la presente acción de hábeas corpus se debe seguir un procedimiento sumarísimo con términos corridos y habilitación de días y horas, para implementar todas las medidas de carácter urgente que tiendan a hacer cesar la condición de desaparecido de Luciano, develando su destino o paradero actual”.

En diciembre último, el Municipio de La Matanza cedió el inmueble donde funcionó el destacamento policial en el que desapareció Luciano a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).  Ahora, funciona un espacio de la memoria y ahí también trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense que buscó pistas del chico.

Como conclusión, el CELS sostuvo: “Mientras en el proceso penal se busca realizar todas las acciones tendientes a determinar la responsabilidad penal de los autores del delito, en esta oportunidad lo importante es que el Estado en su conjunto ponga el máximo empeño y compromiso en dar una respuesta a la pregunta que hacemos los familiares, los organismos que acompañamos esta búsqueda y la sociedad en su conjunto: ¿Dónde está Luciano Arruga?”