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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió hoy la admisibilidad y la apertura del juicio político a las dos fiscales y al juez que tuvieron a su cargo la investigación de la desaparición de Luciano Arruga, el chico de 17 años que apareció enterrado como NN en el cementerio de Chacarita después de seis años de búsqueda. Se trata de Roxana Castelli, Celia Cejas y el juez de Garantías Gustavo Banco. A partir de ahora se iniciará el sumario para formalizar la acusación y decidir sobre la actuación de los funcionarios judiciales bonaerenses.

Familiares y amigos de Luciano quieren profundizar la investigación contra los imputados. “El jury es a quienes nos pusieron en la mira a nosotros y entregaron la investigación a la policía. Es contra la fiscal Castelli por entregar investigación a la policía, al juez Banco y a la fiscal Cejas por pinchar teléfonos a la familia”, escribieron desde la cuenta de Twitter que visibiliza el caso del joven.

La denuncia de los familiares, el CELS y la APDH La Matanza se centró en las gravísimas faltas de la causa judicial que estuvo más de cuatro años sin darle a la familia ninguna respuesta sobre el paradero de Luciano y lo que había sucedido con él. La decisión de no investigar la participación policial quedó en evidencia desde el primer momento en que se dejó a la Policía Bonaerense manejar el caso. La causa estuvo plagada de pistas falsas y de acciones de entorpecimiento.

“No hubo además medidas de búsqueda serias de Luciano como quedó claro con la aparición del cuerpo. Desde los primeros momentos, tanto la fiscal Roxana Castelli como la fiscal Celia Cejas Martin contaban con las huellas dactiloscópicas de Luciano, incorporadas al material disponible desde que Castelli solicitó la causa por la que Luciano fue detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008 y torturado por efectivos de la Policía Bonaerense. Sin embargo, no las usaron para buscarlo”, señaló el CELS en un comunicado. Casi seis años después, esas huellas fueron un elemento fundamental en la investigación que se abrió con el hábeas corpus pedido por la familia, APDH La Matanza y el CELS en julio de 2014.

El CELS señaló: “Cejas obvió información esencial para encontrar al joven, que hubiera permitido avanzar desde el primer momento en una investigación sobre qué pasó en las horas previas a la desaparición y muerte de Luciano. Así también criminalizó a la familia de Luciano cuando ordenó la intervención de los teléfonos para escucharlos en secreto durante un año y medio. Banco permitió que estas intervenciones telefónicas se sostuvieran en el tiempo. La fiscal Cejas también mantuvo reservada, a su arbitrio y de manera discrecional, la información que iba incorporando. La desprolijidad con la que llevaba registro de la prueba producida, la reserva de la información a la familia y la omisión de procesar información crucial que podría haber dado con el paradero de Luciano muchísimo tiempo antes tuvieron como consecuencia la falta de resultados en la causa. De esta manera, la familia no sólo sufrió la desaparición y muerte de Luciano sino también la discriminación y el desprecio de las instituciones judiciales a las que les corresponde dar contención y respuestas.”

La audiencia fue presidida por el titular de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Daniel Soria. El tribunal estará integrado por legisladores abogados y conjueces, que se reunirá en dependencias del Palacio de Justicia, en La Plata. El Jurado de Enjuiciamiento –conducido por Ulises Giménez- resolvió unificar en un solo expediente los pedidos de juicio político solicitados por la familia de Arruga y el CELS).

El 31 de enero de 2009 Luciano fue visto por última vez y su familia denunció su desaparición y la vinculó al accionar de policías bonaerenses. Arruga había estado detenido en el destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008. En principio, la causa por "averiguación de paradero" fue tramitada por las fiscales de La Matanza, pero, como no hubo avances. En febrero de 2013 pasó al fuero federal de Morón.

El 17 de octubre, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, y la familia de la víctima informaron que el cuerpo de Luciano había sido encontrado en el cementerio porteño de la Chacarita. Su cuerpo apareció porque junto con sus abogados insistieron en la presentación de un hábeas corpus y eso permitió cruzar los datos tomados en la autopsia con los del destacamento de Lomas del Mirador, donde había sido detenido y torturado tres meses antes de su desaparición. Y donde se sospecha que estuvo antes de ser atropellado. "El juez federal Juan Pablo Salas realizó peritajes y recabó testimonios que son fundamentales para avanzar en este sentido. Entre ellos, el del conductor que lo atropelló, que afirmó que Luciano 'corría desesperado' y 'parecía que estaba escapando'. Estos indicios remiten a las prácticas históricas de hostigamiento y persecución de la Policía Bonaerense de las que Luciano ya había sido víctima", dijo hoy el organismo. 

Luciano fue atropellado a las 3.21 del 1 de febrero de 2009 -tres horas después de ser visto por última vez-, en avenida General Paz y Emilio Castro, en el barrio porteño de Mataderos, cerca del destacamento policial investigado. Fue llevado por el SAME al Hospital Santojanni, porque el conductor dio aviso a la Policía. Y murió después de ser operado en el centro de salud. En la autopsia -realizada por el médico legista José Patitó- determinó que el chico tenía traumatismos en la cabeza, el brazo izquierdo, el torso y los tobillos y que la causa de su muerte había sido un accidente. Aún resta saber por qué Luciano cruzó a esa hora por la vía rápida de la autopista, cuando cerca había un puente, y si apareció descalzo tras el accidente a raíz del impacto o por otra razón.

Para el CELS, el proceso de juicio político que se abre con la decisión de hoy “será fundamental para ver si el sistema político provincial le exige al Poder Judicial criterios de actuación claros de protección de los derechos humanos para enfrentar las prácticas arraigadas de violencia policial”. “No puede haber impunidad –concluyeron- para los abusos policiales ni tampoco para los funcionarios políticos o judiciales que responden con desidia, formalismos o complicidad”.