Infojus Noticias

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió acumular las causas contra las fiscales de La Matanza Roxana Castelli y Celia Cejas y el juez de Garantías Gustavo Banco en un solo expediente. Todos ellos siguen en funciones y están acusados de entorpecer la investigación sobre la desaparición de Luciano Arruga. Existe “conexidad objetiva”, indicó el cuerpo en su resolución del 20 de octubre pasado, en la que unificó los pedidos de juicio político solicitados por la mamá de Arruga, Mónica Alegre, y los abogados Juan Manuel Combi y Paula Litvachky, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La resolución –tomada de oficio a la que accedió Infojus Noticias- llegó tres días después de que el CELS, junto a la madre y la hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta, informaran que habían logrado identificar el cuerpo del joven de 16 años: estaba enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Su muerte –según la autopsia 253/2009- se había producido después de que lo atropelló un automovilista en la vía rápida en General Paz y Emilio Castro el mismo día de su desaparición.

La familia de Arruga lo buscaba desde el 31 de enero de 2009 y su cuerpo apareció porque junto con sus abogados insistieron en la presentación de un hábeas corpus y eso permitió cruzar los datos tomados en la autopsia con los del destacamento de Lomas del Mirador, donde había sido detenido y torturado tres meses antes de su desaparición. Y donde se sospecha que estuvo antes de ser atropellado. Sin embargo, el accidente –ocurrido a metros de un paso peatonal- sólo explica cómo murió. Aún queda establecer cómo es que llegó hasta allí y qué pasó en las horas previas a su muerte.

“El cruce de información que permitió encontrar el cuerpo del joven se hizo cinco años y ocho meses después de que la familia comenzara a buscarlo. Durante todo este tiempo, sus familiares fueron maltratados y desatendidos por la justicia de la provincia de Buenos Aires. Desde el momento en que Luciano fue visto por última vez múltiples instituciones del Estado intervinieron. Ninguna de estas instituciones buscó a Luciano ni se ocupó de investigar con seriedad para encontrar una respuesta”, subrayó el CELS cuando se conoció el resultado del cotejo de las huellas dactilares, el 17 de octubre pasado.

Cuando Luciano no volvió a su casa en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, su mamá y su hermana hicieron la denuncia en el destacamento policial de Lomas del Mirador, ubicado sobre la calle Indart. Era el mismo lugar donde trabajaban los policías que hostigaban a Luciano. Néstor Díaz, el policía a cargo de la dependencia, recién dio aviso a la Justicia cinco días después.  La UFI 7, a cargo de Castelli, tomó conocimiento de la desaparición de Luciano el 5 de febrero de 2009. Ahí se abrió una causa penal por averiguación de paradero. Esa caratula se mantuvo durante cuatro años.

La familia no esperó los tiempos policiales. El 3 de febrero de 2009 presentó un recurso de habeas corpus ante el Juzgado de Garantías 5 de La Matanza bajo el número de expediente 233. Ese primer pedido, hecho tres días después de la desaparición, fue rechazado.

En los pedidos de juicio político, solicitados en octubre del año pasado, la madre de Arruga y los abogados del CELS aseguraron que la fiscal Castelli delegó “la investigación en la misma policía que la familia señalaba como sospechada” de la desaparición del adolescente. Y puntualizó que Castelli “desobedeció” la Resolución 1390 de la Procuración General bonaerense, que establece que los policías deben ser apartados de las investigaciones en este tipo de casos.

“Es decir, no se trató de un error en su apreciación personal sino de una desobediencia clara a una directiva de la Procuradora de la provincia, con consecuencias irreversibles para la investigación”, indicaron en la presentación y señalaron que la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, decidió apartar a Castelli por desobedecer esa resolución.

Además, la acusación incluye al juez Banco quien aceptó los pedidos de intervención telefónica a los familiares de Arruga que había solicitado la fiscal Cejas, quien tomó la causa cuando Castelli fue apartada. Esa medida –que se mantuvo durante más de un año- comenzó a aplicarse en abril de 2009 sobre los teléfonos celulares de la mamá, la hermana, la abuela y su pareja; y se extendió hasta agosto de 2010.

Tampoco se investigaron otros posibles delitos cometidos por el personal policial: adulteración de los registros de las comisarías y prácticas de hostigamiento y reclutamiento de menores de edad para la comisión de delitos. El equipo especial de investigación dispuesto por la Procuración General de la provincia se diluyó luego de 90 días en los que no se produjeron novedades importantes.

“Incurrió en serias irregularidades que han implicado una  grave violación a la privacidad e intimidad de los familiares de una víctima de violencia institucional. Además, quedó demostrado que durante gran parte de la investigación, mantuvo una sospecha sobre los familiares intervenidos respecto de una posible vinculación con la propia desaparición del joven Luciano Arruga”, se precisó en el pedido de juicio político.

Con las acusaciones unificadas, el próximo paso es que se reúna el jurado que preside el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria. A ese encuentro deben ir también los integrantes del cuerpo: los senadores Rubén Oliva y Luciano Martini (Frente para la Victoria); y los diputados Guillermo Britos (Unión Celeste y Blanco), María Elena Torresi (Frente Renovador), Guido Lorenzino Matta (Frente para la Victoria). Además, está integrado por los conjueces Carlos Alvarez, Diana Fiorini, Graciela Mesina, Diego Molea y Luciano Locatelli.

En esa reunión, que se realizará según lo prevé el artículo 27 de la Ley 14.088, los integrantes del jurado deberán decidir –por mayoría de votos- si corresponde avanzar con la instrucción del caso.