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El abogado Luis Hipólito Alén, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa Papel Prensa, celebró la decisión del fiscal federal Leonel Gómez Barbella de pedir la indagatoria de los directivos de Clarín y La Nación. “Es algo que venimos reclamando casi desde hace cuatro años y medio”. “Hay pruebas más que suficiente para llevarlos a juicio”, explicó el letrado, que conoce en detalle el expediente.

“Para Clarín y La Nación fue un negocio. Y la dictadura tuvo sus voceros públicos que la defendieron ante la opinión pública”, explicó Alén, quien desde hace ocho años se desempeña como subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Nación. “La dictadura necesitaba que los medios de comunicación formaran parte: informando lo que ellos querían y de la manera  que querían”.

-¿Por qué demoró tanto la causa hasta llegar a  este pedido de indagatorias?

-Esto es algo que venimos reclamando casi desde hace cuatro años y medio. Primero hubo un trámite de incompetencia y de pelea entre juzgados que tuvo que resolver la Cámara de Casación. Estaba interviniendo un fiscal interino y ahora asumió el fiscal (Leonel) Gómez Barbella, que se ha tomado el trabajo de leer concienzudamente la causa. Esperemos que el juez le dé respuesta a este pedido como corresponde.

-¿Concuerda con que la indagatoria se haga por el delito de extorsión?

-Nosotros imputamos una serie de delitos. En principio, una asociación ilícita que fue la madre del acuerdo de la Junta Militar con los propietarios de los diarios. A partir del cual se decidió después utilizar la extorsión sobre los integrantes del grupo Graiver, para obligarlos a vender y posteriormente lo que fue el proceso de su secuestro, torturas, etcétera.

-¿Se va a pedir una ampliación de los delitos?

-Nosotros hicimos nuestro requerimiento hace tiempo, ahora el fiscal hace el suyo. Vamos a ver qué hace el juez y qué es lo que decide, qué hechos finalmente son los que van a motivar su imputación.

-¿Cuál fue el rol de directivos de los diarios Clarín y la Nación en la apropiación de la empresa?

-Para los propietarios de diarios -no solo Clarín y La Nación, sino también La Razón- fue un negocio. Se quedaron con la propiedad de la única empresa que fabrica papel para periódicos y desde allí controlaron los medios del país, porque todos le tuvieron que ir a comprar a ellos. Ellos fijaron el precio y las condiciones para venderles. Y la dictadura tuvo sus voceros públicos que la defendieron ante la opinión pública, con el ocultamiento de lo que realmente ocurría en nuestro país. Basta leer los diarios y su comportamiento durante aquella época para darse cuenta cómo funcionó este acuerdo.

-¿Por qué se trata de delitos de lesa humanidad?

-Formaron parte del plan sistemático que implementó la dictadura. La dictadura necesitaba, para su mecanismo de sometimiento mediante el terror, que los medios de comunicación formaran parte: informando lo que ellos querían y de la manera que querían. De esa manera  contribuyeron al ocultamiento del plan de desapariciones, crímenes y torturas. Nunca los diarios informaron esto honrosas excepciones, como puede haber sido en su momento el Buenos aires Herald o posteriormente la revista Humor, ya sobre fines de la dictadura. Ese sistema de ocultamiento tuvo incluso participación activa. En su momento Clarín publicó sobre la supuesta reeducación de los jóvenes que habían caído en manos del terrorismo. Otros medios sacaron entrevistas falsas a personas secuestradas. Esto formó parte de una mecánica que en su momento ya la Cámara había sostenido como un plan criminal. Consciente y voluntariamente los medios participaron porque eso les garantizaba el control del mercado gráfico.

-¿Cómo debería avanzar la causa a partir de este pedido del fiscal?

-El juez debería dar respuesta a esto. Llamar a indagatoria a los imputados y oportunamente decretar su procesamiento.

-¿Hay suficientes pruebas para alcanzar el procesamiento de los acusados?

-Más que suficiente. Desde el momento en que nosotros presentamos la querella reforzamos con amplia prueba documental, inclusive prueba colectada en su momento por la secretaría de comercio interior en el informe “Papel Prensa. La verdad”. Pero no solo eso, también cuerpos y cuerpos de expedientes judiciales que habían tramitado oportunamente, grabaciones de propios personajes de la dictadura -aportados por el libro de la periodista Graciela Mochkofsky, donde el secretario general de la Presidencia reconoce todo esto. También declaraciones que prestaron en otras causas, las manifestaciones del propio (General Ramón) Camps, que en su libro dice que la Junta Militar había decidido que Papel Prensa pasara a estos medios. Toda una serie de pruebas que sería larguísimo detallar. Deberían ser llevados a juicio. No se puede estimar un tiempo (de cuándo sucedería), pero se tardó cuatro años y medio para llegar a esto.

RA