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Infojus Noticias

13-2-2014|13:03|Juicio Nacionales
Es el cuarto proceso que enfrenta

María Julia se negó a declarar hasta que avancen los testigos

Esta mañana, en los tribunales de Comodoro Py, la ex funcionaria menemista expresó ante el TOF N° 6 que declarará cuando avance “la evolución de testigos para realizar una indagatoria con más solidez”.

  • María Julia en la audiencia de hoy, jugando de nuevo a las escondidas con la Justicia. Fernando Carrera.
Por: Infojus Noticias

El segundo día del juicio por los hechos cometidos hace 25 años durante la privatización de la empresa telefónica estatal, Entel, arrancó a media mañana en la sede de Comodoro Py. Al iniciar la audiencia, el Tribunal Oral Federal N° 6 rechazó los pedidos de nulidad de las defensas y las prescripciones. María Julia, de 71 años, debió responder ante el Tribunal sobre sus datos personales. Dijo que está divorciada y que por su jubilación percibe unos siete mil pesos. También agregó que sus dos hijos -que viven en el exterior- le pasan mensualmente una suma que oscila entre los diez y los quince mil pesos, y que eso le alcanza para vivir en su departamento de Recoleta. Cuando los jueces le preguntaron sobre su salud, se jactó: "Bastante buena".

María Julia Alsogaray se negó a declarar hasta que avance “la evolución de testigos para realizar una indagatoria con más solidez”. La causa fue instruida por el fiscal Carlos Rívolo, quien pidió la elevación a juicio oral en el año 2005 y es juzgada por los miembros del Tribunal Oral Federal N° 6, Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez. La semana próxima comenzará la ronda de testimonios.

El TOF le consultó a la defensa de la exfuncionaria si desistía del testigo Ricardo Monner Sanz. Su defensora, Pamela Bisserier, que la asistió en los juicios anteriores, le consultó a la ingeniera qué quería hacer. Es que María Julia estudia y analiza cada paso judicial, no deja nada librado al azar. Por eso, aunque el tribunal haya rechazado la nulidad del juicio, ella irá un escalón más y presentará un recurso extraordinario en la Cámara de Casación.

En la acusación, Rívolo afirmó que durante su gestión en Entel, Alsogaray duplicó los precios sin justificativos en los contratos y amplió los plazos de ejecución, movimientos que habrían perjudicado al Estado en 250 mil dólares, que en esos años equivalían a la misma suma en dólares. A lo largo de las audiencias está previsto que se den a conocer los contratos de liquidación y certificación de obras públicas que firmó Alsogaray con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por el estudio Jaime Fernández Madero, Copiga S.A y la consultora KPMG.

El martes, antes de que comenzara el juicio, la abogada de Alsogaray, había pedido la nulidad del proceso y la prescripción de la causa, lo que fue rechazado por los miembros del tribunal. Los jueces también rechazaron dos pedidos de probation que pidieron los imputados Hernán Pflaun y Juan Carlos Pyekenhay. Ambos están acusados de presunta defraudación al Estado en 250 millones de dólares, por la privatización de Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) a principios de los noventa. Además de los imputados mencionados, también está Gustavo Daneri, ex coordinador general de ENTel, que hoy también se negó a prestar la declaración indagatoria.

En abril de 2013, Alsogaray enfrentó otro juicio oral por supuesta corrupción en los contratos en la Secretaría de Recursos Naturales que ella encabezó (también durante la gestión menemista) y la Universidad de Lomas de Zamora, entre 1992 y 1995. Fue condenada a 4 años de cárcel. Un tiempo antes también fue condenada por enriquecimiento ilícito y obligada a devolver el dinero. En el juicio por la supuesta contratación irregular de una campaña publicitaria, fue sobreseída porque la causa prescribió.

Alsogaray se formó políticamente en las filas del partido derechista Unión de Centro Democrático (UCeDé), fundado por su padre, Álvaro. En 1989 se sumó al gobierno del peronista Carlos Menem. Entre agosto de 2003 y mayo de 2005 estuvo detenida por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral. Fue en el marco de la causa en la que se la investigaba por el presunto pago de sobreprecios en una serie de refacciones que efectuó en la sede de la Secretaría de Recursos Naturales durante su gestión.

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