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El mediodía del 20 de octubre de 2010, en medio de una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca que reclamaban pasar a planta permanente y que reincorporen a un grupo de compañeros despedidos, Mariano Ferreyra fue asesinado de un balazo. Tenía 23 años, era militante del Partido Obrero (PO)  y su crimen marcó el inicio de una causa judicial que terminó con la cúpula de la Unión Ferroviaria (UF) tras las rejas. El caso obtuvo una sentencia histórica que incluyó a la patota sindical y a los policías implicados.

En septiembre de este año la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas al líder de la UF, José Pedraza, su segundo, Juan Carlos Fernández, y a parte de los imputados, e incrementó en ocho meses las penas a dos de ellos. “En Casación los jueces recogieron toda la labor de la fiscalía y querellas. Se logró una condena mancomunada y por demás justa”, destacó a Infojus Noticias la fiscal Gabriela Baigún, que representó al Ministerio Público Fiscal ante esta instancia y quien resaltó el trabajo que se hizo previamente.

El crimen de Ferreyra fue instruido por la fiscal Cristina Caamaño primero y por Fernando Fiszer después, y la jueza fue Wilma López. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 fue el encargado del debate oral. El 19 de abril de 2013, dos años y medio después del crimen, condenaron a José Pedraza y  Juan Carlos Fernández –su ex segundo en la Unión Ferroviaria– a 15 años de prisión, al autor material Cristian Favale a 18, al igual que a Gabriel “Payaso” Sánchez; al delegado  ferroviario, Pablo Díaz; y a un grupo de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Entre ellos estaban Luis Mansilla y Jorge Ferreyra  que fueron condenados a diez años, pena que fue elevada por Casación, a diez años y 8 meses.

El ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, durante el juicio.

El abogado Maximiliano Medina, que querelló en representación de la familia de Ferreyra, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y actualmente se desempeña en la PROCUVIN recordó todo el proceso a esta agencia: “Fue un proceso colectivo de lucha contra la impunidad en el que intervinieron desde la familia y todos los operadores judiciales, hubo voluntad política, judicial, apoyo de los organismos de derechos humanos”, resaltó. Medina hizo especial hincapié en el “motor” que fue la familia Ferreyra en todo el proceso. Y destacó el trabajo “ágil, rápido y serio”, que hizo la justicia y que permitió las condenas a los responsables del crimen.

El fallo

En el fallo, de más de 262 páginas, los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky sostuvieron que “se probó la complicidad de Pedraza a través de indicios posteriores, que resultan indicadores de conductas previas de cooperación moral y material”. Y agregaron que “durante el transcurrir de los hechos, Pablo Marcelo Díaz se comunicó permanentemente con Juan Carlos Fernández (Secretario Administrativo de Unión Ferroviaria), quien se encontraba junto a José Ángel Pedraza en la sede de la Unión Ferroviaria, sita en la Av. Independencia N° 2880 de esta Ciudad”. Los magistrados también precisaron que “las palabras y los actos de Fernández, eran para todos los intervinientes en este hecho, a la vez, de Pedraza. Pues éste sólo a través de Fernández, su par, se relacionaba con ellos”.

Casación también confirmó las absoluciones de los ferroviarios Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño y Rolando Garay. En tanto que otros tres policías –Luis Echeverría, Gastón Conti y Hugo Lompizano– quedaron condenados a dos años por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La causa por soborno

La velocidad y solidez con la que se instruyó la causa por el crimen de Ferreyra contrasta con la que se desprendió del expediente principal y tiene como objeto la investigación de los intentos de soborno  que buscaron la impunidad de Pedraza. Iniciada a comienzos de 2011 la causa involucra a empleados y ex funcionarios judiciales, entre ellos el juez Eduardo Riggi.

“En estos más de cuatro años al menos catorce jueces se inhibieron con el argumento de que tienen relaciones profesionales, de amistad o de parentesco con alguno camaristas”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de un comunicado. “La causa ya pasó por veintiún jueces. Las inhibiciones y otras maniobras dilatorias mostraron las resistencias corporativas para avanzar en una investigación clave sobre el funcionamiento de la propia justicia”, resaltó el organismo que actuó como querellante en la causa. Y agregaron que “finalmente, la causa quedó radicada en el fuero federal de la Capital donde solicitamos medidas y esperamos avances en relación con la participación de los jueces denunciados”.

Desde el inicio de la instrucción, el sindicato intentó frenar el avance de la investigación. Apenas una semana después del crimen, cuatro personas bajaron de un auto con patente trucha frente a la Fiscalía Nº4, en Paraguay al 1500. “Ese día estaban velando a Néstor (Kirchner). Eran las diez de la noche y los cuatro tipos quisieron entrar en la fiscalía. Yo estaba sola y lo llamé a Julio Alak”, contó a Infojus Noticias la fiscal Cristina Caamaño. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (aún no se habían desdoblado  los ministerios), atendió el celular en las escalinatas de la Casa Rosada. Estaba entrando al velatorio del expresidente. “’Ya mismo te mando a la policía’ me dijo el ministro. Desde ese día estuve con custodia”, recordó.

Locles y la bala que mató a Mariano

En septiembre de 2013 el Tribunal Oral 16 condenó al perito Roberto Locles por adulterar la bala que se extrajo del cuerpo de Mariano Ferreyra. Locles fue sentenciado a un año de prisión en suspenso y tres de inhabilitación.

Tanto la querella como el fiscal Fernando Fiszer vincularon la intervención de Locles en la junta de peritos del 22 de febrero de 2011, en la que el Licenciado en Criminalística golpeó sobre una mesa la bala, como un hecho relacionado a beneficiar a los principales imputados por el crimen. “El objetivo era alterar el curso de la investigación, seguir confundiendo. Se introdujo una nueva duda, una variable que no tenía que ver con el proceso”, dijo el fiscal durante el juicio.

La causa contra Locles fue otro de los intentos de salvarse de Pedraza que derivó en proceso judicial. Locles había sido convocado como perito de parte balístico por la defensa de Uño. 

CD/LC