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Ya son veinte los jueces que se negaron a investigar a sus colegas en la Cámara de Casación.  El expediente gira en torno a Eduardo Riggi, procesado por su presunta participación en una maniobra para beneficiar al líder sindical José Pedraza y a su patota de la Unión Ferroviaria. El hecho incluye una posible coima de 50 mil dólares para garantizar la impunidad de los entonces acusados de asesinar al militante Mariano Ferreyra. Según un abogado del CELS, “es uno de los casos de corrupción judicial más importantes de la historia argentina”.

Riggi integra la Cámara Federal de Casación Penal desde 1992. La causa que investiga los sobornos permitió develar un mecanismo que podría haberse repetido en otros expedientes. En la estructura habrían participado un ex juez federal que hoy ejerce la profesión en forma privada, Octavio Aráoz de Lamadrid; el ex camarista Gustavo Mitchell; el juez de la cámara del crimen Mariano González Palazzo.

La causa lleva tres años y medio, pero la etapa de instrucción sigue en pañales. El juez de instrucción Pablo Ormaechea imputó a Riggi por cohecho y tráfico de influencias, pero en la misma resolución decidió excusarse de la causa. Luis Rodríguez fue el primero en tener la causa, pero demoró más de un año en dictar los procesamientos. Luego fue designado como juez federal y dejó el despacho vacante. Durante varios meses se sucedieron distintos subrogantes. En todos los casos, la causa durmió en un cajón o los magistrados se excusaron.

La maniobra tuvo como protagonistas a un funcionario judicial encargado de los sorteos de expedientes en el máximo tribunal penal de la Nación, Luis Ameghino Escobar; y al agente de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) Juan José Riquelme, que luego fue desplazado de su cargo. En el entramado intervinieron varios lugartenientes de Pedraza en la organización sindical, como Ángel Stafforini, el contador de la Unión Ferroviaria que consiguió los 50 mil dólares para el supuesto pago.

Quiénes son los que se excusaron

Después de Rodríguez,  siguieron Osvaldo Rappa, Guillermo Rongo, Luis Zelaya, Fernando Klappenbach, Jorge Adolfo López, Omar Aníbal Peralta, Fernando Caunedo, Juan Ramos Padilla, repasa hoy una nota del diario Página/12. Se excusó hasta la jueza Wilma López, que llevaba la causa por el crimen de Ferreyra. El expediente pasó por las manos de diez magistrados y sólo sumó resoluciones de excusación. Todos manifestaron que había algún lazo de amistad, parentesco, o que habían sido promovidos profesionalmente por Riggi, Mitchell, Palazzo, o alguno de los imputados.

En la Cámara del Crimen pasó lo mismo: Mario Filozof, Ricardo Pinto, Julio Lucini, Carlos Alberto González, Alberto Seijas, Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, Luis María Bunge Campos y Mariano Scotto se excusaron por tener vínculos con su colega. La causa pasó por el despacho del mismo González Palazzo, que debió excusarse por otras razones: está imputado y no puede investigarse a sí mismo.

Cuando por fin hubo tres camaristas dispuestos a pronunciarse sobre las excusaciones en primera instancia, el plazo de subrogancias ya había terminado. El expediente quedó en manos de Ormaechea, y se declaró incompetente. Una veintena de magistrados ya se negó a intervenir, pero por ahora todo indica que el expediente seguirá paseando por los tribunales.