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Cada testigo que se sienta delante del Tribunal Oral Federal de Mendoza deja un poco más al desnudo la complicidad de los ex jueces y fiscales mendocinos con la represión ilegal que comenzó incluso antes de la dictadura cívico-militar. En la última audiencia declararon León Glogowski, Juan Carlos Yanzón y Pedro Julio Torres, los tres fueron detenidos por la ley antisubversiva 20.840. Glogowski contó que en 1975 lo llevaron a  declarar ante el entonces juez Luis Miret y allí aprovechó a denunciar que habían violado a su novia en el Departamento de Informaciones de la policía (D2), donde estaban presos. Pero ni Miret, ni Otilio Romano, que era fiscal en ese momento, hicieron nada.

Yanzón confirmó los abusos sexuales y recordó haber hablado con Miret en medio del centro clandestino D2. Y Torres, el tercer sobreviviente, evocó que su defensor oficial, Guillermo Petra Recabarren, le hacía “interrogatorios más de un policía que de un defensor”. “Se está confirmando lo que yo siempre dije: que todas las declaraciones que les tomaban bajo torturas en el D2 luego eran volcadas por los ex jueces en las causas judiciales que se les seguían por la ley antisubversiva 20.840, vigente en 1975”, dijo a Infojus Noticias Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y ex secretario de Derechos Humanos de la provincia.

Glogowski militaba en el FAS y la OCPO y estudiaba medicina cuando fue secuestrado con su novia Luz y otra compañera, Susana Liggera, el 28 de agosto de 1975. Llegó a la celda a los golpes, donde los uniformados le advirtieron “que abandonara las actividades políticas y gremiales porque mucha gente estaba apareciendo asesinada en la calle”. Esa noche fue picaneado en un camastro abajo en el D2, con saña en su estómago donde tenía una “gran cicatriz”, hasta que “por suerte” se desmayó. León la pasó especialmente mal por ser judío. Lo obligaban a comer en el piso “con una pistola contra la cabeza como si fuera la última cena”, y hablaban loas del Holocausto.

Cuando entró al juzgado lo esperaban el juez Miret y el fiscal Romano. Le corría un hilo de sangre de su labio partido por una trompada que le habían dado en el D2 para que no denunciara los robos. Desobedeció: contó de la violación de Luz, las golpizas, las torturas psicológicas y el robo de pertenencias y bastante dinero que llevaba al ser secuestrado. Los escucharon con indiferencia, preguntándole si había visto algo de lo que contaba. Les contó que se ensañaron con él por ser judío. Miret se limitó a contestarle: “¿y qué quiere? también con ese apellido…”.

Yanzón era sanjuanino. Había llegado a Mendoza buscando trabajo, con contactos de militancia barrial, y planeaba irse a Córdoba a seguir haciéndolo. Entre sus recuerdos, destacó que escuchó la violación a Faingold –que declaró la semana pasada-, la picana a sus compañeros Hugo Tomini y Glogowski y sus propios interrogatorios con golpes. “En el encierro uno afina el oído y tengo perfectamente claro que todas las compañeras fueron violadas, lo supe por sus voces, por la expresión de los policías, por la sumisión a las que sometían a las compañeras, forzándolas en la indefensión”, dijo el último martes, evocando las agresiones contra Raquel Miranda y Susana Liggera, otras dos detenidas. En un momento, Miret los visitó en el centro clandestino. Le preguntó cómo se sentía. A Tumini, en la celda de al lado, le preguntó lo mismo. Le contestó que mal. “Y bueno, hay que aguantar”, fue la respuesta del juez. Los abogados defensores de Miret le preguntaron en la audiencia por qué no había denunciado antes su presencia allí. “No sabía que era un delito estar ahí, y la presencia de un juez me tranquilizaba un poco”, respondió.

Torres, que trabajaba en el Banco de Previsión Social y era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fue detenido el 28 de septiembre de 1975 por la policía, y trasladado a la Comisaría 3º de la ciudad de Mendoza, donde lo golpearon y lo interrogaron por llevar documentos falsos. Los oficiales de la comisaría eran los mismos que montaban guardia en el Banco. Al día siguiente lo llevaron a declarar ante el ex juez Guzzo, pero se negó a hacerlo. Lo condenaron a cinco años de prisión.

Torres cumplió su condena en la cárcel U9 de La Plata y Caseros. En La Plata lo visitó Petra Recabarren, a quien habían designado como su abogado defensor. “En lugar de defenderme, me culpaba”, recordó el testigo. Cuando salió en libertad, en septiembre de1980, Torres partió al exilio en Suecia. No pudo volver hasta 1984.

LB/AF