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Los testimonios en el jury contra el juez Axel López, acusado de mal desempeño, continuaron hoy y está previsto que terminen mañana. El Tribunal escuchó las primeras declaraciones el lunes, después de la presentación de la querella y el alegato de la defensa. Hasta el momento López prefirió no hablar ante el tribunal. Hoy declararon Mario Juliano, juez de Necochea e integrante de la Asociación Pensamiento Penal; Marisa Miquelez, fiscal de ejecución penal, dos miembros del Servicio Penitenciario: Gervasio Tesone Álvarez y Daniel Silva. El juez está señalado por haber otorgado salidas transitorias a Juan Ernesto Cabeza (condenado a 24 años de prisión por violación), quien asesinó a Tatiana Kolodziey en Chaco, en octubre de 2012.

Esta mañana el juicio se trasladó a Lavalle 1171 por un corte de luz que afectó la sala del Consejo de la Magistratura. Los testigos suman más de 20 personas, entre expertos en Derecho Penal, familiares de víctimas dolosas, miembros del Servicio Penitenciario y funcionarios políticos. Los representantes de la acusación del Consejo de la Magistratura son los miembros del organismo Gustavo Adolfo Valdés (Diput1ado UCR) y Jorge Daniel Candis (Académico), y como defensores de López actúan el ex miembro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni junto con Federico Andrés Paruolo y Adrián Daniel Albor.

Una oposición a la libertad condicional

A Miquelez le tocó intervenir como fiscal subrogante en el momento que se expidió la notificación de la condicional para Cabeza. Ella subrogaba cuando la persona a cargo de la fiscalía –Jorge Andrades- estaba ausente o de licencia. En la respuesta a la notificación del juzgado de López, que firmó Miquelez, la fiscalía consideró como una falta de compromiso con la responsabilidad de quienes conforman “la cadena de administración de la justicia” acceder al pedido. El argumento fue que del “último informe efectuado por el cuerpo médico forense se desprende que existen componentes de riesgo de reincidencia de conductas contra la integridad sexual”. Y se opuso a la libertad condicional señalando la importancia de que Cabeza continuara “recibiendo el tratamiento individual dispensado”.

El tratamiento que recibía Cabeza era el programa CAS (Control de la Agresividad Sexual) que consta de tres etapas: 1) tratamiento individual, 2) tratamiento grupal y 3) tratamiento extramuros con personas que puedan ayudar a la reinserción social. El asesino de Kolodziey estaba en la etapa 1 del tratamiento y hoy la defensa de López quiso añadir como prueba el informe de otro recluso, que estaba en 2013 en la misma etapa –y en la misma unidad donde estaba Cabeza- y que pidió el traslado para acceder a la etapa 2. La prueba fue denegada por la querella porque se pidió su incorporación después de la declaración de varios testigos.

Zaffaroni pidió la palabra por primera vez desde que empezó el jury y preguntó si la fiscalía de ejecución penal, que cubre los casos de todo el país y tiene su sede en Ciudad de Buenos Aires, tiene personal suficiente. Miquelez respondió que no y que tampoco ve suficiente el personal del Ministerio Público Fiscal. El ex juez de la Corte preguntó si había alguna posibilidad  de que los jueces de ejecución penal tuvieran algún contacto directo con los condenados antes de las ejecuciones de libertad condicional y Miquelez dijo que no, debido a la distancia, aunque “hoy por hoy se está empezando a incorporar el sistema de videoconferencia”.

Pensamiento penal

Las preguntas a Juliano estuvieron dirigidas a incorporar al juicio cuestiones técnicas del Derecho. ¿Qué entiende por principio de legalidad? ¿Cuál es la función de un juez de ejecución? ¿Cuál el del fiscal? ¿El juez debe ser imparcial e independiente?, le preguntaron.

El miembro de la Asociación de Pensamiento Penal –que envió una nota al Tribunal del jury expresando “profunda preocupación”- citó al presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que ayer en el inicio del año judicial dijo que “los jueces deben juzgar de manera imparcial”.

Zaffaroni preguntó acerca de las condiciones de trabajo de los jueces de ejecución penal y Juliano respondió que calificaría la situación como de “emergencia” por cuestiones de recursos,

Las acusaciones

Las denuncias contra López llegaron después del asesinato de Kolodziey, en octubre de 2012. Le imputan haber “concedido al interno Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro delitos de violación, el beneficio de la libertad condicional, apartándose del dictamen del Cuerpo Médico Forense, que advertía en forma concluyente sobre un serio riesgo de reincidencia por parte del nombrado”.  El juez de ejecución penal fue denunciado por Alejandro Fargosi, representante de los abogados en el Consejo, la ONG Madres del Dolor y el ex senador de Chaco Roy Nikisch.

El primer día del jury, al momento de exponer por qué se acusa a López, Candis dijo que "algunos informes del Servicio Penitenciario no son suficientes para otorgar la libertad a una persona". Y señaló que se debió haber considerado el informe de un médico psiquiátrico chaqueño,  que recomendaba no darle la condicional a Cabeza. Consideró que, más allá de este escrito puntual -en disidencia con los otros que sí califican la buena conducta que tuvo la persona que mató a Kolodziey-, se debería haber insistido en nuevos informes, antes de conceder el beneficio de la condicional.

Otros testigos del Servicio Penitenciario Federal

Silva y Tesone Álvarez expusieron sobre las condiciones técnicas del Servicio Penitenciario donde estuvo Cabeza. Tesone Álvarez, licenciado en criminalística, contó cuáles eran sus tareas en el Consejo Correccional 7 y recordó que el programa CAS funcionaba en esa unidad desde 2009.

“¿Alguna vez el Poder Judicial de Chaco les negó colaboración a la Unidad Penal 7 que usted dirige?”, preguntó Valdez a Silva, que le respondió que no que él recordase. “Nunca se le solicitó colaboración respecto de las condenas judiciales para ponerlas a consideración?”, no que recuerde, dijo Silva.

Ángela Ledesma, presidenta de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo su declaración por escrito; al igual que el diputado Carlos Kunkel (FpV) y Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación.

El tribunal está constituido para la causa número 32, "Dr. Axel Gustavo López s/ pedido de enjuiciamiento" por Beatriz Fontana, de la Sala III de la Cámara del Trabajo; Mario Reynaldi, del TOF de Santa Cruz; la abogada cordobesa Cristina Peleteiro; los senadores Rodolfo Urtubey (FpV) y Oscar Castillo (Alianza Frente Cívico Y Social), y los diputados Diego Matías Mestre (UCR) y Anabel Sagasti (FpV).