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Llama la atención la poca memoria que tiene los policías que declararon en las últimas audiencias del debate del juicio oral por la Masacre de La Cárcova. Los uniformados que declararon hoy, citados por la defensa, dijeron muchos “no me acuerdo”. En la masacre murieron Mauricio Ramos (17) y Franco Almirón (16), y resultó herido Joaquín Romero, que logró sobrevivir, aunque con heridas que hasta hoy le impiden llevar una vida normal. Hoy comenzaron a declarar los testigos citados por la defensa de los policías acusados, Gustavo Rey y Gustavo Vega. El último en declarar denunció que el policía que acusó a Vega fue presionado por sus jefes. Dos testigos que se ausentaron serán buscados por la fuerza pública.    

Vega trabajaba como instructor de tiro y en la comisaría de Ballester. Joaquín Romero dijo que lo vio salir de entre los pastos, que le disparó varias veces: “Quería dejarme ahí tirado. Me quería matar”.  

La semana pasada, el jefe de la Policía II Jorge Antonio Cortez contó que Ignacio Azario le informó que Vega había hecho un disparo con munición de guerra. También recordó así las cosas Mario Briceño, que fue jefe de la Departamental de San Martín. Briceño fue removido por acusaciones del vicegobernador Gabriel Mariotto respecto de este caso. Y porque en el informe de la Comisión Bicameral del caso Candela aparecía ligado a la protección del reconocido narco de la zona,  “Mameluco” Villalba.

Hoy declaró Gabriel Fernández Guzmán, policía motorizado de Tres de Febrero, que trabaja con un hermano de Vega. Más o menos 20 días después de la masacre, se cruzó con Azario. Lo vio “angustiado y temeroso”. Ya había declarado en esta causa y dijo que no quería perjudicar a Vega, pero que lo estaban amenazando. Le contó que había hablado por este tema con Cortez, con Briceño y hasta con el entonces jefe de la policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, que terminó renunciando luego del crimen de Candela.  

Si bien el testigo no pudo dar fe de la inocencia de Vega, sí dejó constancia del interés de los jefes por este caso: “Tené cuidado porque esto es una mafia”, le dijo Azario, que tenía ganas de dejar de trabajar en la policía. Azario no puede declarar en esta causa porque es un imputado no procesado. Sí podrá hacerlo si se avanza en una causa paralela que investigue las responsabilidades de quienes tomaron las decisiones.

Con 31 años de servicio, Ricardo Cucoreze llegó al tren descarrilado en un móvil de la policía. “Nos recibieron a los piedrazos”, dijo hoy. Se excusó porque recordaba pocas cosas, porque una piedra la había pegado en el pie y le dolía mucho. Ni siquiera se acordaba de cuándo se enteró de que hubo muertos. De hecho, su auto fue uno de los que supuestamente estaba agujereado con un proyectil (las pericias no lo demostraron). Dijo que no se dio cuenta de esto hasta el día siguiente. No recordó tampoco en qué parte del auto fue. “Cuando volvimos no entré a la comisaría, me fui a mi casa a ponerme hielo en el pie”, explicó. Tampoco pudo precisar horarios, ni la distancia entre el auto, el tren y el barrio. El fiscal Raúl Sorraco lo trató de orientar con un plano a escala. “Nada que ver este mapa”, se quejó.

Sergio Bazán fue el siguiente testigo. Con un tono de voz nasal y agudo, contó que el subcomisario Amilcar Pino les dijo por Nextel que bajaran “al lugar, que le demos una mano”. Manejaba el auto en el que iba Oscar Maruli. Y se acordaba que “tenía un orificio tipo de bala y la luneta estallada”. Repitió el mantra de los policías que atestiguaron en este juicio: que sólo tenían balas de goma, que se le indicó que dispararan hacia arriba o a la tierra para no lastimar a nadie.  

Bazán era responsable de logística de la subcomisaría de Suárez, esto quiere decir que sólo él tenía acceso a las llaves de la oficina de “el jefe”, el subcomisario Pino. Por eso pudo asegurar que había munición de plomo para las escopetas.

Maruli fue el siguiente testigo. También trabajaba bajo las órdenes de Pino, y lo mandaron a buscar municiones a la comisaría de Suárez. Ante las insistentes preguntas de la fiscal Ana Armetta, confesó que aunque tenía una escopeta no formó la primera línea, sino que se quedó atrás, porque no quería que lo “lastimaran”. Dijo que fue a buscar las balas de goma, y que cuando volvió ya se había calmado todo. No sabía, dijo, cómo terminó todo.

Esta certeza que plantearon muchos policías sobre que nadie tenía balas de plomo, fue contrapuesta por la declaración del pez más gordo: Mario Briceño. Sin vueltas, dijo que las balas de plomo (o munición de guerra) para las escopetas quedaban en la guantera de los patrulleros, por las dudas. Otros testigos agregaron que estas balas también están permitidas para vigilar la zona bancaria.   

Cucoreze ilustró la gravedad de la situación diciendo que por radio advertían que habían recibido a los tiros a “personal policial” que entró por la calle Aguado. Varios testigos habían contado que por esa calle entraron dos motos. En una iba Rey, que se bajó y repelió piedras tirando balas de goma al cielo. Después se fueron por Camino del Buen Ayre para encontrarse con el resto de los policías al otro lado del tren. De los tiros del barrio no hubo pruebas. Varios policías y un empleado ferroviario señalaron ante el tribunal que desde el barrio tiraban tiros a los policías. Se les preguntó si habían visto alguna persona armada: reconocieron que no.

Hoy la defensa pidió sumar a la prueba un DVD de Telefe Noticias, donde vecinos hablan sobre una supuesta banda de La Cárcova que se habría enfrentado con la policía. Este supuesto enfrentamiento no dejó rastros en la realidad.

Dos testigos que fueron citados personalmente por la defensa de uno de los policías, no vinieron. El juez dio lugar al pedido del defensor de Vega de que se los notificara por la fuerza pública. El abogado que representa a la familia Ramos y a Joaquín Romero, Federico Efrón, del CELS, hizo notar que a uno de los testigos ausentes le daba temor que fuera la policía bonaerense quien los citara. Por eso, el tribunal definió que de ser posible, esta persona sería citada por alguna fuerza federal.

En la recta final

En la entrada de la sala del Tribunal Oral Criminal Nº 2 los gendarmes revisaban carteras y mochilas. María Elena Ramos, la mamá de Mauricio, tuvo que dejar ahí su lima de uñas. Su hermana Analía, que suele llevar la voz cantante de la familia, festejaba porque logró pasar con uno de esos mates que llevan toda el agua adentro. “La vez pasada no nos dejaron entrar con el agua caliente. Piensan que se las vamos a tirar”, dijo.

Es la décima audiencia. Ya todo resulta conocido, y los pasos burocráticos parecen una parodia. Todos se ponen de pie cuando entran los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro. Un Cristo en la cruz cuelga sobre sus cabezas. Sólo queda un día más para escuchar a los últimos testigos. El lunes serán los alegatos de la fiscalía y el martes los de la defensa. El juez deberá expedirse antes de los 10 días hábiles, aunque tendrá un tiempo más para presentar los fundamentos de la sentencia.

Aunque el tiempo que pasó es poco para las costumbres del Poder Judicial, desde el punto de vista de las víctimas es largo: son tres años de buscar justicia. El 3 de febrero de 2011, descarriló un tren de carga cerca del barrio La Cárcova. Un grupo grande de personas se acercó a la formación, y rápidamente se desplegó un operativo policial para tratar de rescatar el tren.

Un grupo de chicos estaba en una de las esquinas del barrio, al lado de un árbol, resguardándose atrás de una pila de chatarra. En un momento tiraron un gas. Después se escucharon los estruendos. Franco murió en ese momento, y Mauricio llegó vivo hasta el quirófano del hospital Belgrano. Joaquín sobrevivió, estuvo cerca de un mes internado. Fue parte del programa de testigos protegidos y decidió volver a su barrio porque extrañaba. En este juicio deberá quedar debidamente probado qué fue lo que pasó en ese momento.