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Joaquín Romero, sobreviviente de la Masacre de La Cárcova, declaró hoy como testigo en la primer audiencia del juicio oral, y fue sometido a un arduo interrogatorio por parte de la defensa. Le preguntaban una y otra vez sobre una rueda de reconocimiento, donde intentaba señalar a uno de los policías detenidos, a Gustavo Vega, pero no se entendía por qué se limitaba a decir que era “parecido”. Finalmente, el juez Gustavo Garibaldi intervino preguntando si había obtenido algún dato posteriormente que lo hiciera dudar. Y Joaquín respondió que sí: se había enterado que en la rueda había reconocido al hermano del policía que le disparó.

El 3 de febrero de 2011, murieron Franco Almirón (16) y Mauricio Ramos (17), y sobrevivió Joaquín (19), aunque quedó gravemente herido con dolencias que lo aquejan hasta hoy. Los acusados son el subinspector Gustavo Vega, de la comisaría 2ª de San Martín; y el oficial Gustavo Rey, del cuerpo de la Policía Buenos Aires II. Ambos entraron a la sala con chalecos antibalas, muy custodiados y con el apoyo de un grupo de personas con remeras que decían “Familiares de Policías”, en el frente y “derechos humanos para todos”, en la espalda. Apenas terminaron de acomodarse, el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Martín dio inicio al juicio. 

Los fiscales Ana Armetta y Raúl Sorraco dijeron que las víctimas murieron tras recibir disparos de escopeta efectuados por Rey, que llega a juicio acusado de "doble homicidio agravado". "Abusando de sus funciones, efectuó disparos utilizando cartuchos de guerra que provocaron la muerte de Ramos y Almirón", remarcó Armetta. Sobre Vega, aseguró que hizo la misma acción y le provocó lesiones graves a Joaquín. Por eso lo acusó de "homicidio agravado en grado de tentativa".

El abogado Juan Carlos García Dietze, en representación de las familias de Ramos y Romero, coincidió con la fiscalía. Ante los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro, aseguró que "tras el descarrilamiento del tren por  el mal estado de las vías, llegó la policía y hubo una situación represiva".

La defensa de Vega dijo que “el descarrilamiento fue intencional”, que una muchedumbre con el objetivo de saquear atacó al personal policial y ferroviario, con palos y disparos. Aclaró que Vega no hizo ningún disparo con intención de matar. La defensa de Rey destacó que no se encuentra probada la autoría con la certeza necesaria.

Durante la lectura de la prueba, resultó llamativo que Vega declarara dos cosas diferentes: en una primera oportunidad dijo que le habían pasado una munición, que se dio cuenta que era de plomo recién cuando sintió el ruido y vio el cartucho porque se había quedado mirando a un joven que le apuntaba. También declaró que le disparó por debajo de las rodillas y que luego lo perdió de vista.

En una segunda oportunidad, declaró que sus superiores lo habían instado a hacer esas declaraciones. Acusó, entre otros, al comisario mayor Mario Briceño, entonces jefe de la Departamental de San Martín. Fue separado de su cargo luego de que el vicegobernador Gabriel Mariotto lo impugnara públicamente, al cumplirse en primer aniversario de la masacre.

El fusilado que vive

En el primer tramo de su declaración, Joaquín contó que desde su casa se veía que el tren había descarrilado, que no se acercó al lugar, sino que caminó unos metros para ver qué pasó. Después volvió para buscar su bicicleta, para ir con los pibes a la quema del CEAMSE, como todos los días. Era temprano, así que se quedó mirando qué pasaba, había mucho revuelo, no creyó que le fuera a pasar nada por mirar. Dejó su bicicleta atrás de un montón de chatarra. Y se asomó: vio que tiraban con “balas de verdad”, que “pegaban contra la pared y salía polvo”.

Desde atrás del vagón, llegó a ver a dos policías, uno canoso y otro de anteojos que tiraban y se reían. Se asustó y quiso retroceder hasta la pila de chatarra donde había dejado su bicicleta. Pensó en su mujer, que estaba embarazada. Alguien le gritó "¡Corré!". Vio a un tercer hombre, que apareció entre medio de los pastos, como si estuviera de cacería. Joaquín llegó a dar media vuelta para escapar. Sintió que le habían dado en la espalda, un ardor y escuchó más balas zumbándole en el oído, retumbando contra los escombros. Ese hombre que salió de entre los yuyos le disparó, lo vio bien, lo recuerda, con su “cara de maldito”. Confesó que hasta el día de hoy sigue soñando con eso el ruido metálico de las balas. 

Los familiares de las víctimas usaron remeras con consignas: "Juicio y castigo a los responsables. Ni un pibe menos". El hijito de Joaquín llegó y se fue a upa de su papá, con la remera con las caras del Pela y el Gordo. En la audiencia estuvieron presentes Mariotto; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos; Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; los diputados Leonardo Grosso, Marcelo Saín, Fernando “Chino” Navarro; y la nieta recuperada Victoria Montenegro. 

También Miriam Medina, Raquel Wittis y la hermana de Andrea Viera, en representación de víctimas de la violencia institucional. Se quedaron hasta el final, dando ánimos a familiares de víctimas y amigos, que estuvieron atentos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los pibes de la esquina de Cárcova, donde paraban el Pela y el Gordo, que en su momento les hicieron un monolito, se acordaron los detalles de lo que cada uno llegó a ver ese día.

“Yo le dije a Joaquín que tenía dos agujeros en la espalda, que vayamos a la salita”, dijo uno de los muchachos. Joaquín se quería ir a su casa, después se empezó a sentir mal y accedió a que lo llevaran a la salita Agote, al lado de la Comisaría 4º de San Martín, donde más tarde llegó el Pela Ramos y el cuerpo sin vida del Gordo Almirón.

Así recordó también los hechos María Fernanda Romero, mamá de Joaquín, que alertada por una chica de que a su hijo lo había alcanzado una bala de la policía corrió hasta la salita. Ya pasada la instancia del interrogatorio, madre e hijo se sintieron aliviados, no les resultó fácil enfrentarse a los abogados de la defensa, que los interrogaban sobre detalles de hechos sucedidos hace tres años.   

Esta mañana, minutos antes de entrar a los tribunales, Fresneda dijo que el inicio del juicio es "una buena noticia, en el marco de un dolor que no ha cesado" y  que "la Justicia tiene que actuar, no queda otra alternativa". Y arremetió contra los "irresponsables policías que usan las armas que les dio la sociedad contra jóvenes porque piensan que esas vidas no valen tanto" y contra el Poder Judicial por generar condiciones de "desprotección" para con los ciudadanos.

"Fue una respuesta coordinada"

“Lo que pasó no fue casualidad, ni el accionar solitario de un solo policía, sino una respuesta coordinada. La decisión de ir a buscar más cartuchos la tomó uno de los policías que estaba en el lugar, y a la vuelta hubo un momento en el que pasaron de tirar cartuchos de goma a tirar cartuchos de plomo. Todo estaba claramente coordinado y que había alguien que lo estaba decidiendo. Eso es lo que nosotros queremos que se vea bien claro en el juicio y que a partir de ahí se continúe investigando a quien se tenga que investigar”, dijo Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a Romero y a María Elena Ramos.

Los familiares arriban al juicio con expectativas altas. “Esperamos que sea justo. La vida de los chicos no la devuelven y la vida normal que llevaba Joaquín, tampoco”, dijo Analía Ramos, tía de Mauricio.