Un grupo de la Brigada de Investigaciones de Lanús fusiló a cuatro hombres. Los ocho expolicías acusados habían sido sobreseídos pero una resolución judicial ordenó retomar la investigación. Todos llegarán al juicio en libertad.
Once policías de civil en cinco autos particulares patrullaban las calles de Wilde. Eran parte de la Brigada de Investigaciones de Lanús, que comandaba el comisario Juan José Ribelli. De pronto, “en función de un acuerdo previo” y “actuando en forma coordinada, sincronizada y con apoyo recíproco” decidieron interceptar dos autos. Así comenzó una persecución que incluyó más de 300 impactos de bala sobre un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo. Terminó con la muerte de cuatro hombres y dejó un sobreviviente. La Masacre de Wilde, como fue bautizado ese caso de gatillo fácil, ocurrió en 1994 y ayer, veinte años después, fue elevada a juicio oral.
El fiscal Sebastián Scalera escribió que está probado que el día 10 de enero de 1994 se produjo esa persecución que comenzó ante una “información recibida”. Los blancos eran dos autos. Uno era un Peugeot, conducido por el remisero Norberto Antonio Corbo, donde viajaban Enrique Héctor Bielsa y Gustavo Pedro Mendoza. Lo persiguieron y lograron rodearlo: “utilizando las armas que portaban, sin dar voz de alerta y sin existir agresión previa de ningún tipo, comenzaron a efectuar gran cantidad de disparos contra el Peugeot y sus ocupantes con la clara intención de causar la muerte”. Los tres murieron casi en el acto.
El otro auto era un Dodge amarillo. Al volante iba el librero Claudio Antonio Díaz y a su lado iba su compañero de trabajo Edgardo José Cicutín. También dispararon sobre ellos “con la clara intención de provocar la muerte de sus ocupantes, sin dar voz de alerta y sin existir agresión previa de ningún tipo”, señaló el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio oral que citó el titular del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, en su resolución de 75 páginas a la que accedió Infojus Noticias.
Díaz frenó y bajó del auto. Lo tiraron al piso y lo esposaron pero dispararon sobre Cicutín, quien murió mientras lo llevaban al Hospital de Wilde, detalló el fiscal.
Los once policías que participaron del operativo fueron identificados y todos fueron a juicio pero lograron el sobreseimiento aunque nunca pudieron explicar qué había ocurrido. Dos de ellos fallecieron en los últimos veinte años - César Córdoba y Carlos Saladino- y Marcos Ariel Rodríguez está prófugo desde dos días después del crimen.
La causa parecía enterrada hasta que la Suprema Corte bonaerense ordenó reactivarla: consideró –en noviembre de 2013- que se había cometido un "caso de vulneración grave a derechos humanos”. Y definió que existe una “necesidad imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido”.
Sobre esa base volvió a moverse la causa donde están acusados los ex policías Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Todos son defendidos por el abogado Luis Galtieri, quien también defendió a los tres policías condenados por la “Masacre de Budge”, durante los noventa.
En su resolución, el juez Vitale rechazó todos los planteos de sobreseimiento y prescripción que impulsó Galtieri en su estrategia legal, que incluyó la negativa a declarar de todos los acusados. Ninguno de ellos está detenido y llegarán al juicio oral en libertad.