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La causa contra los ocho ex policías acusados de matar a cuatro jóvenes en 1994, durante lo que se conoció como la “Masacre de Wilde”, podría ser elevada a juicio oral en las próximas semanas. Los ex integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús se negaron a declarar el martes pasado. Ahora el fiscal Sebastián Scalera debe decidir si la etapa investigativa está cerrada y si existen elementos en los veinte cuerpos que acumuló el expediente para llevarlos a juicio. Se trata de un proceso que no fue cerrado definitivamente porque la Suprema Corte de Justicia bonaerense consideró que se había cometido una “grave violación de los derechos humanos” y ordenó continuar la investigación.

“Fue una decisión de estrategia legal de la defensa –que encabeza el abogado Luis Galtieri- y ahora lo que resta ver es qué definiciones toma el fiscal. Una posibilidad es que considere que la investigación está completada y pida la elevación a juicio”, señaló a Infojus Noticias una fuente que conoce el curso de la investigación. Si el proceso avanza en ese sentido, la definición recaerá en manos del el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.

La “Masacre de Wilde” comenzó a gestarse en pasado el mediodía del 10 de enero de 1994. Ese día, unos quince policías de la Brigada de Lanús salieron a hacer tareas de vigilancia sobre salideras bancarias, según las declaraciones judiciales que constan en la causa y que el fiscal Scalera terminará de analizar en los próximos días. Los policías vieron un Peugeot que les pareció “sospechoso”. Al volante iba el remisero Norberto Corbo y llevaba a Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza, ambos con algunas entradas por narcotráfico de baja escala.

Bielsa y Mendoza eran “conocidos” de la Brigada de Lanús, según surge de las investigaciones periodísticas de la época. De pronto, desde los cuatro autos policiales comenzaron a tirar contra el remis, que a las pocas cuadras chocó contra un árbol. Los bajaron y siguieron tirando y mataron a los tres hombres.

Mientras terminaban de balear ese auto, les avisaron que había un Dodge 1500 en “actitud sospechosa” y los fueron a perseguir. Pero un camión se les cruzó, perdieron al auto que venían siguiendo y empezaron a seguir a otro auto, también amarillo. Allí viajaban dos vendedores de libros. Los siguieron tres cuadras y también los balearon pero uno de ellos se salvó. A las pocas cuadras detuvieron al otro auto, al que perseguían originalmente, donde viajaban delincuentes armados.

Del operativo participaron once policías. Todos fueron sobreseídos, dos de ellos fallecieron en los últimos veinte años y uno de ellos está prófugo. El martes el fiscal Scalera citó a indagatoria a los ex policías Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Fueron ocho audiencias en las que prácticamente se repitió el mismo ritual: los acusados se negaron a declarar, siguiendo el consejo de su abogado Galtieri, que también defendió a los tres policías condenados por la “Masacre de Budge”, durante los noventa.

Al decidir mantener abierta la causa, la Suprema Corte de Justicia bonarense consideró –en noviembre de 2013- que se había cometido un "caso de vulneración grave a derechos humanos”. Allí definió que existe una “necesidad imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido”.

En los autos baleados contabilizaron más de 300 impactos de bala. “Fue una cacería, los estaban esperando. La hipótesis del CELS y de Human Rights Watch es que la virulencia con la que hicieron todo es por una posible ‘mejicaneada’ de plata de drogas”, explicó el periodista Alejandro Córdoba, autor del libro La Patota, donde reconstruye el caso y su vinculación con al atentado a la AMIA.

Según detalló Córdoba, se trata de un caso que una serie de particularidades que aumentan su peso: “Hay once policías involucrados, permitieron la fuga de uno de ellos, Marcos Rodríguez, todos respondían al comisario Juan José Ribelli. Los abogados q hoy tienen pertenecen al estudio de Ribelli y hubo camaristas denunciados por la liberación de los policías y hubo una reconocida recaudación ilegal para bancar a los abogados en 1994”.

“En ese marco, le sacan una Traffic a Carlos Telleldin. Nunca quedó claro si fue la misma que se usó para el atentado contra la AMIA. Ahora se reflotó a partir del fallo de la Suprema Corte bonaerense, donde señaló que era un cuádruple homicidio. Si esto llega a juicio oral y los condenan será un hecho histórico de terminar con veinte años de impunidad”, agregó Córdoba.