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El 29 de junio de 2012, quince meses antes de la noche de su muerte sangrienta lejos de su casa, mientras tomaba cerveza sentado a la mesa de un pool del Bajo Flores, el nombre de Rodolfo Martínez Jara –o más bien su apodo- entró de manera brusca a un expediente judicial. Una persona desconocida llamó a un juzgado federal de Morón y denunció que en Laferrere había un transa llamado “Beto”, a quién se lo conocía como el “Gordo”, que vendía marihuana en una casa de doble planta y paredes verde agua, con una palmera en la puerta y enrejado negro. Y más adelante detallaba sobre el dealer del Gordo Beto: “Se la traen de Paraguay, se llama Rodolfo Alcaras. Tiene dos talleres donde desarman los autos en la calle Janer, cerca de la autopista. Le dicen Rodo, vive atrás de uno de los talleres, él trae la droga en los autos y camiones del Paraguay”. La denuncia agregaba dos datos: que el socio de Jara era su hijastro, y que en camionetas llevaban droga a las cárceles y proveía a la hinchada de Laferrere a través del “Gordo Tomate”, el jefe.

La investigación federal avanzó con tareas de inteligencia policial. Se hicieron observaciones encubiertas, seguimientos, intervenciones de dos teléfonos celulares que estaban detallados en la denuncia. Rodo resultó ser en realidad Rodolfo Martínez Jara, un paraguayo de 52 años que el jueves pasado fue baleado por dos sicarios en un pool-bar de la manzana 9 de la villa 1-11-14. En pocos minutos, los matadores liquidaron a Jara y cuatro personas más: sus compatriotas Amado Benítez Fernández (47) y Miño Altagracia Ferreira (50), y a los argentinos Hugo Herrera (43) y José Daniel López (21).

Las únicas dos testigos presenciales de la masacre ya declararon en la fiscalía de Pompeya –que investiga el quíntuple homicidio- y no aportaron nada sustancioso: a pesar de que actuaban a cara descubierta, no hay descripción física de los atacantes. “Está muy caldeado todo, hay un silencio sepulcral, acá nadie quiere decir nada”, explicó a Infojus Noticias una vecina de la manzana contigua. “Acá no se puede confiar ni en un hermano. Nunca sabés quién te puede venir a preguntar para saber qué sabés vos”, agregó.

Por la modalidad –abrieron fuego a mansalva, sin mediar palabras, y desaparecieron- los investigadores intuyen que se trató de un ajuste de cuentas, pero no hay demasiadas certezas de nada. El rumor que circula en el Bajo Flores, y transmitió sin precisiones la policía, es que hubo una “mejicaneada” con un embarque de marihuana entre dos bandas, pero la versión aún no tiene sustento en el expediente. Hoy recibieron el sumario policial y esperan el resultado de pericias balísticas, que podrán determinar, por ejemplo, si las armas fueron usadas en episodios anteriores. También faltan analizar planos, fotografías y las autopsias de las víctimas.

Antecedentes

La policía investigó si Jara si acondicionaba autos con doble fondo en sus talleres para transportar la droga, pero no pudo comprobarlo. El 19 de octubre de 2012, a partir del resultado de las investigaciones, el juez Juan Pablo Salas dispuso los allanamientos de los domicilios investigados, entre ellos el de Jara, donde no encontraron nada de valor. Sin embargo, en el domicilio de una persona a la que habían conectado, Hugo Javier Resquín, secuestraron noventa y cinco ladrillos de marihuana (99,690 kilos), 100 tizas de cocaína (970 gramos), una pistola 9 milímetros (con cargador y cinco cartuchos) y celulares.

En la casa de Héctor Andrés Chazarreta, un tercer hombre, se obtuvieron un poco más de dos ladrillos de marihuana, una balanza de precisión, un cargador vacío de arma de fuego, un envoltorio pequeño de cocaína, dinero en efectivo, y celulares.

Los tres fueron procesados y detenidos por violar la ley de drogas. Sin embargo, el abogado defensor de Jara apeló y la Cámara de San Martín concedió que no había demasiados elementos para probar que la droga también era suya. La causa fue elevada a juicio, y el juez Salas lo sobreseyó. Sus compañeros de causa siguen presos y esperan el juicio oral.

Jara no fue el único de los muertos de la masacre que tenían un paso por la justicia. El paraguayo Amado Benítez Fernández había sido sobreseido en un causa de drogas en el 2006, por el juzgado federal 7. El argentino Hugo Marcelo Herrera había sido detenido el 5 de febrero de 2010 cuando iba en un auto contres personas más. La policía de la seccional 49 les secuestró 9 gramos de marihuana en un operativo de la calle Balbin al 4950, pero pronto se declaró la inconstitucionalidad de la causa porque podía ser de tenencia para consumo personal. En marzo de ese año, la causa se archivó.

Los investigadores de la masacre del pool saben que cuando los testigos no hablan, las víctimas pueden decir mucho sobre los asesinos.