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En un último intento de frenar la discusión por el nuevo Código Civil y Comercial en Diputados, legisladores de la oposición denunciaron penalmente al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez por la creación de una comisión bicameral y abuso de autoridad. El diputado del Frente para la Victoria respondió que en la comisión trabajaron diputados y senadores desde 2012 para garantizar la unidad del trabajo. Además, lamentó que se judicialice la política. El quorum para comenzar el debate se alcanzó este mediodía con 131 diputados.

La denuncia fue formalizada esta mañana en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal 7 de Sebastián Casanello, y el fiscal a cargo será Gerardo Dimasi. La presentación de 33 páginas dice que es “irregular” el tratamiento del proyecto. La acusación fue encabezada por los presidentes de los bloques de la UCR, Mario Negri; de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió; del Frente Renovador, Darío Giustozzi, y del Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Zabalza.

En diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales en Radio Continental, Domínguez dijo que no tenía información de la denuncia. “Me causa gracia que por ejercer la función de presidir el cuerpo se judicialice la política. No hay antecedentes. Cuando se plantea el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial intervinieron activamente más de cien juristas de la Argentina y también participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el diputado.

El proyecto ya viene con media sanción del Senado. La denuncia dice que se trata de “un trámite irregular que viola el procedimiento de formación y sanción de las leyes previsto en la Constitución, el tratamiento de un proyecto sin pasar por las comisiones asesoras correspondientes, la impresión de un documento público ilegal que pretende atribuirse los efectos que le corresponderían si cumpliese con los requisitos de fondo y formales, el tratamiento de un proyecto que se votó en la Cámara de origen - con modificaciones al dictamen original - que pretende ser tratado en la Cámara revisora sin cumplir con el trámite parlamentario previo cuando además hubo recambio legislativo el pasado 10 de diciembre de 2013, lo que resulta absolutamente ilegal".

Respecto al abuso de autoridad, la presentación pide que se lo investigue a Domínguez porque “el funcionamiento de hecho de órgano constitucional que debe representar más acabadamente la voluntad popular en virtud del obrar ilegal en este caso del diputado que ejerce su presidencia, Julián A. Domínguez".

“La doctrina argentina ha sido contundente en torno a que no puede otro poder meterse en la vida del Poder Legislativo. Sería ya un nivel de agresividad institucional de la cual no hay antecedentes. Por lo tanto no creo que sea posible”, dijo Domínguez.

“Me parece un agravio innecesario y los coloca a los señores legisladores en renunciar a lo que es la característica propia de un poder como es el legislativo, donde la esencia es la discusión. Es la primera vez que se propone una medida  por quien tiene la función de legislar y debatir, que no se debata. Es absolutamente extraño. Es el mundo del revés. No tengo la mínima preocupación. Y mi función es que este poder funcione”, agregó.

Sobre la cuestión reglamentaria de la que se quejaron los diputados opositores, Domínguez dijo que lo que se pretendió con el dictamen de la creación de una comisión especial “fue precisamente para que el proyecto tuviera unidad, integralidad y especificidad”.

Domínguez recordó que en 2011, juristas empezaron a discutir las reformas y que presentaron el proyecto en 2012, que hubo un año de discusión y que se recorrió el país realizando más de cien seminarios en universidades públicas y otros lugares institucionales. “Es un absurdo que digan que no tuvieron tiempo. Creo que muchos legisladores no han estudiado el tema”, disparó. Se refería a los dichos del diputado Giustozzi, que dijo que era “un disparate que el tratamiento de la ley se haga en dos días”.

También el presidente del bloque oficialista dijo que el Código nuevo entrará en vigencia en enero de 2016. “En materia de derechos civiles es una legislación de avanzada, tiene la virtud de haber recogido la práctica del sistema judicial”.