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La Argentina aún no termina de pagar las consecuencias del Megacanje. El 69 por ciento de los bonos que están en poder de los fondos buitre fueron emitidos mediante aquella operación financiera en 2001. Los títulos fueron rematados a bajo costo antes de que Argentina cayera en default, y durante varios años después de la declaración de cesación de pagos, fondos como NML Capital, Aurelius Management y Blue Angel adquirieron parte de esos títulos. Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Blindaje y el Megacanje fueron “las mayores estafas en la historia financiera de la Argentina”.

La obra de Domingo Cavallo y David Mulford acrecentó en 55 mil millones de dólares la deuda nominal del país, contando los intereses que estipulaba. Fracasó como herramienta financiera, porque a los pocos meses el default fue estrepitoso. Pero funcionó como negocio para los bancos, que obtuvieron parte de las comisiones –varios pagos no se llegaron a concretar– y mejoró la calidad de los bonos que tenían en cartera propia y en la de sus clientes –20 mil millones de dólares en total–.

Los fondos buitre reclaman hoy el valor original de esos bonos y los intereses adeudados después de casi catorce años, e intentan obtener una tasa de ganancia del 1600 por ciento. El juez Thomas Griesa, convalidado por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito y la Corte Suprema de Estados Unidos, habilitó el reclamo de los especuladores por 1500 millones de dólares, y buscó poner en jaque las reestructuraciones exitosas de 2005 y 2010, que son tomadas como ejemplo de desendeudamiento en todo el mundo.

Nada de lo sucedido en el proceso judicial ante los tribunales de Estados Unidos podría haber sucedido si no hubieran existido el Megacanje y su consecutivo default. Mario Cafiero, instantes después de la lectura de la absolución de Domingo Felipe Cavallo, dijo a Infojus Noticias que el ex ministro “robó, huyó, y no lo pescaron”. Consideró que “influyó la falta de interés en esclarecer los hechos” y aseguró que “estaba muy claro que el beneficio para los bancos era indebido y manifiesto”.

Consultado por la vinculación entre el Megacanje y la deuda reclamada por los fondos buitre, el diputado con mandato cumplido planteó que “fue el primer acto en que se privilegió en forma deliberada a un grupo de acreedores, y fue un gran privilegio porque el valor de los títulos que tenían se vio multiplicado exponencialmente y no tuvieron quita”. Y agregó: “Si era una estafa, no había que pagarlo”.

NML Capital adquirió parte de los bonos emitidos como parte del canje de Cavallo a 48,7 millones de dólares en el mercado posterior al default. Valían monedas. Los abogados de Paul Singer y Kenneth Dart se presentaron ante el juzgado de Thomas Griesa con esos papeles, y reclamaron el pago total de la deuda nominal argentina. La justicia de Estados Unidos convalidó el reclamo de los buitres, pero Argentina no cedió, y ofreció a los especuladores sólo el pago que les correspondería si ingresaran a los canjes de 2005 y 2010.

Un negocio compartido

El Megacanje nació a propuesta de Mulford, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y, por esos días, vicepresidente del Credit Suisse Fist Boston (CSFB). Ese banco fue uno de los siete que gestionó la operatoria, que implicó el canje de 46 bonos de deuda vieja de corto vencimiento por 5 nuevos títulos con nuevos plazos hasta 2031. El banquero le propuso la operación el al entonces ministro de Economía el mismo día que asumió. Al día siguiente, Cavallo lo llevó ante el presidente Fernando De la Rúa, y acordaron las bases de lo que sería un extraordinario negocio para los bancos de inversión.

De los cinco papeles, que fueron canjeados en siete bancos que se llevaron 150 millones de dólares en comisiones, los fondos buitres terminaron comprando tres bonos: Global 2008, Global 2018 y Global 2013. Todos ellos, emitidos en junio de 2001, tienen tasas en dólares de entre el 12 y el 15,5 por ciento anual. Un beneficio poco ofrecido en el mercado y que solamente podría aplicarse a países con ajustadísima capacidad de pago. Es decir, eran bonos de altísimo riesgo.

Las tasas con las cuales Argentina salía al mercado estaban estrechamente vinculadas con el riesgo país, medido por el banco JP Morgan, uno de los involucrados en el negocio. Poco antes de que se concretara la operación, ese indicador financiero se disparó y encareció la deuda. “El Megacanje buscaba comprar tiempo, pero lo hizo a un precio muy caro”, concluyó la fiscal Fabiana León en los alegatos.

La operación elevó la deuda pública en alrededor de 55 mil millones de dólares. Durante la gestión técnica los representantes de los bancos se reunían con Cavallo, Daniel Marx (secretario de Finanzas), y Carlos Molina (director de la Oficina Nacional de Crédito Público), e incidían directamente en las condiciones en que se realizaba la operatoria. Se llegó a corregir el “precio de corte” (el valor con el que se tomaban los viejos bonos) incluso después del cierre de la licitación, a pedido de los bancos.

“Fueron reuniones en las que participaron representantes de los bancos y Cavallo y buena parte de su gabinete”, señaló Cafiero, uno de los denunciantes que impulsó la causa. De las reuniones, también participaron Horacio Liendo (colaborador de Cavallo); Federico Sturzenegger, entonces secretario de Política Económica; Jorge Baldrich, secretario de Hacienda; el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen, el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer; el director de Crédito Público, Carlos Molina; y el jefe de Gabinete de Asesores de Economía, Guillermo  Mondino.

Por los bancos, según Delgado, fueron Mulford, Andreas Camp, José Rohm (CSFB), Miguel Gutierrez (Morgan), Bledel (Francés), Luis Ribaya (Galicia) y Marcelo Castro (Río y Santander). Gran parte de los funcionarios estuvieron imputados en la causa, pero el sobreseimiento llegó este mismo año, y sólo Cavallo llegó a juicio. Mulford, que estuvo imputado y varias veces fue citado a declaración indagatoria, nunca se allanó a la justicia argentina.