Infojus Noticias

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de cinco personas que integraban una organización que explotaba sexualmente al menos 24 mujeres en el centro porteño. La banda fue desbaratada la noche del 26 de octubre en un megaoperativo  en el que intervino el  Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la Secretaría de Justicia de la Nación. Otros dos integrantes de la banda quedaron procesados  por fallas de sus defensas en los recursos de apelación. Todos quedaron muy cerca del juicio oral y público.

La Sala I, integrada por los camaristas Jorge Luis Ballestero,  Eduardo Freiler, y  Eduardo Guillermo Farah, ratificó la resolución del juez Ariel Lijo, cuyo juzgado intervino en la causa desde el primer momento junto a la fiscalía a cargo de Marcelo Colombo. Lijo había procesado, con prisión preventiva a Miriam Beatriz García, Dionisia Dominga Dos Santos, Salvador Francisco Rizzo, Verónica Moyano y su hija, Marta Beatriz Tula. También habían sido procesados por Lijo, Pabla Isabel Seitour y Sonyi Hernández Cruceta, cuyas apelaciones fueron rechazadas por la Cámara porque el recurso fue mal presentado por el abogado que los representa.

Tal como consta en el escrito, al que tuvo acceso Infojus Noticias, a Moyano y a Tulase les imputó que, “cuanto menos desde el 18 de enero de 2013 hasta el 26 de octubre de 2013, (…), en forma organizada, en los inmuebles sitos en Callao (…) y Corrientes (…) de esta ciudad, habrían promocionado, facilitaron y explotado económicamente la prostitución, de numerosas mujeres (…).”. A Rizzo que, durante el mismo período, habría “promocionado, facilitado y explotado económicamente la prostitución de por lo menos veinticuatro mujeres (…). Estas mujeres habrían sido previamente captadas para ese fin, valiéndose, los encausados, para mantener la explotación, de amenazas, maltratos, intimidación, restricción de libertad y abuso de la situación de vulnerabilidad de esas mujeres y logrando obtener como beneficio directo de la actividad desplegada un promedio de $5000 diarios”. A García y Dos Santos se les atribuyó  que “(…) en forma organizada, en lo inmuebles sitos en Montevideo (…), Callao (…), Tucumán (…), Corrientes (…) y Piedras (…) de esta Ciudad, habrían promocionado, facilitado y explotado”. García, hija de Dos Santos, era quien junto a su esposo y consorte de causa, habrían regenteado los privados allanados y donde fueron encontradas catorce mujeres. Dos Santos informaba a su hija de lo que sucedía en los privados e impartía órdenes a las mujeres, les pagaba y recaudaba dinero para llevárselo a su hija.   Los bienes de todos ellos fueron embargados por sumas que oscilan entre los 150 mil y los 300 mil pesos. 

La investigación que terminó con la banda comenzó con la denuncia de un testigo protegido el 19 de diciembre de 2012 ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). Allí se hacía referencia a “decenas de departamentos de esta ciudad conocidos vulgarmente como “privados””. Durante los diez meses de la investigación se reunieron numerosas pruebas contra los acusados. Llamados telefónicos, seguimientos y más de 30 allanamientos en simultáneo fueron parte del megaoperativo.  Los delitos eran perjuicio de 56 personas.