Metrobus: el juez Rafecas recordó que hay una medida de no innovar
El magistrado federal envió un oficio al gobierno porteño recordando que cualquier obra incumple la medida de no innovar dictada en 2009. Para hacer el trazado del Metrobus deben demolerse edificios y atravesar por el ex centro clandestino de detención Club Atlético.
Mariano Armagno.
Las autoridades del Centro Educativo Isauro Arancibia y los habitantes del edificio Marconetti advirtieron sobre intimaciones informales para desalojar los edificios por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que planea avanzar con el trazado del “Metrobús Paseo Colón”. Las obras también atravesarían por el ex centro clandestino de detención Club Atlético. Ayer el juez federal Daniel Rafecas envió un oficio al gobierno porteño recordando que cualquier obra incumple la medida de no innovar dictada el 12 de junio de 2009 en la causa N° 14.216/2003 que ordena preservar el predio ubicado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo. La semana pasada el CELS pidió al juzgado que ordene el cese de las actividades que vayan en contra de la medida adoptada hace cinoc años, también por pedido del organismo.
El “Metrobus Paseo Colón” fue anunciado por Mauricio Macri en octubre de 2013. Conectará el barrio de La Boca con la Plaza de Mayo, pero ni la traza ni las obras fueron autorizadas por la Legislatura. A pesar de ello, el gobierno porteño intenta desalojar terrenos en cinco cuadras de la avenida Paseo Colón. Además de los edificios mencionados, comercios y el tradicional diario Ámbito Financiero también estarían sobre los terrenos en los que se emplazaría la nueva traza del Metrobús.
El colegio Isauro Arancibia da instrucción básica y en oficios a 187 chicos y a 37 niños que concurren a un jardín maternal, todos ellos en situación de vulnerabilidad. “La obra se licitó en noviembre y ganó la empresa Ligüe. En enero no empezaron, y hace unas semanas nos dijeron que nos íbamos a tener que mudar”, explicó hace un tiempo a Infojus Noticias María Susana Reyes, coordinadora del establecimiento educativo.
El Club Atlético funcionó desde mediados de 1976 hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina. Habría alojado a más de 1.500 personas, según los testimonios de sobrevivientes a la Conadep y en el marco de la causa que investiga los delitos cometidos en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo (ABO). La importancia del lugar es jurídica e histórica.
La investigación por los crímenes de lesa humanidad se tramitan en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 y la instrucción no terminó. Hasta el momento se realizaron dos juicios: el primero ABO finalizó en 2010 con la condena de 16 represores. ABO bis concluyó dos años después, en 2012, con dos condenados. Está aún pendiente ABO II, que tiene requerimiento de elevación a juicio.
Rafecas fundó la medida de no innovar destacando que es “la obligación que pesa sobre todo magistrado conservar los elementos probatorios útiles para la investigación de un hecho delictual, lo cual está dirigido a permitir la reconstrucción de hechos del pasado y el conocimiento de la verdad material de los sucesos. Todo esto cobra especial relevancia en la instrucción cuyo objetivo es averiguar los rastros que existen acerca de un hecho punible”.
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