Infojus Noticias

El “Metrobus Paseo Colón” fue anunciado por Mauricio Macri en octubre. Conectará el barrio de La Boca con la Plaza de Mayo, pero ni la traza ni las obras fueron autorizadas por la Legislatura. A pesar de ello, el gobierno porteño intenta desalojar terrenos en cinco cuadras de la avenida Paseo Colón. Los vecinos, trabajadores y comerciantes de los edificios de las cuadras entre Carlos Calvo y la avenida Martín García están preocupados: desde hace semanas reciben intimaciones de desalojo.

Primero notificaron a la Asamblea de San Telmo. Después a la gomería Dunlop. Ahora al diario Ámbito Financiero. A todos les exigieron desocupar una franja del terreno, pero los tres presentaron amparos ante la justicia. Las propiedades pertenecen al Gobierno de la ciudad desde 1977, cuando fueron expropiadas por el intendente de facto Osvaldo Cacciatore para construir los accesos a la Autopista 25 de mayo. Finalmente los accesos se construyeron por la avenida Ingeniero Huergo. El municipio igual adquirió las tierras, construyó edificios públicos y concesionó algunos terrenos. Estos son los edificios que ahora corren peligro.

Fotos: Mariano Armagno.

El edificio Marconetti de Paseo Colón 1590/98 lleva un siglo en pie. El nombre del conde italiano que lo construyó destaca en la mampostería de la fachada. Uno de sus herederos cobraba el alquiler hasta que pasó a manos de la ciudad, en 1987. El GCBA se negó a seguir cobrando, pero tampoco gestionó el desalojo. Viven cuarenta familias, distribuidas en once plantas. Hace quince días llegó una notificación avisando de un futuro censo para saber cuánta gente vive allí. Las familias saben que es el paso previo al desalojo y temen sufrir lo mismo que sus vecinos: en 2009, la UCEP desalojó el edificio contiguo. Arrastraron a la calle a mujeres, chicos y ancianos y tapiaron la construcción. Hoy es un galpón municipal clausurado.

La Escuela Taller del Casco Histórico está en la esquina de la avenida Brasil. Luis Grossman, director general del Casco Histórico, acudió al titular de la cartera de Desarrollo Urbano –Daniel Chaín- para saber qué iba a pasar con ellos. El ministro le aseguró que el ensanchamiento está pensado desde Brasil hacia el norte, y que no se va a tocar el edificio. Los demás vecinos dicen lo contrario.

En la esquina de Garay hay un depósito de una distribuidora editorial. Al lado está el Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (CAINA), un parador para chicos en situación de calle. Depende del GCBA, por lo que no le haría falta una intimación para desplazarlos. Los coordinadores del CAINA dijeron a sus vecinos que no recibieron ninguna comunicación oficial ni extraoficial. En la traza del Metrobus, el lugar no existe más.

El Centro Educativo Isauro Arancibia llega hasta la esquina de Cochabamba. Es una escuela primaria para adultos con jardín maternal, talleres de oficios y otras actividades. En el mapa que Macri mostró cuando anunció el Metrobus, la institución se convierte en calzada. El año pasado casi 400 alumnos pasaron por allí. “No eran más porque no entraban”, dijo Susana Reyes a Infojus Noticias, la coordinadora del centro educativo. Existe desde 1998, pero el Isauro llegó a Paseo Colón en 2011. Hasta ese año, allí había funcionado una sede del Ciclo Básico Común de la UBA. Las condiciones son precarias, pero una ley asignó 11 millones de pesos a la puesta en valor del lugar. Tampoco recibieron intimaciones. Reyes consultó a Carlos Regazzoni, a cargo de la subsecretaría de Gestión Económica Financiera del Ministerio de Educación de la ciudad. “Es una locura, de ninguna manera se va a tocar esa manzana”, le aseguró el funcionario. Los docentes desconfían de las afirmaciones del macrista. Como Inés García, que advirtió: “Si intentan algo, vamos a resistir. El Isauro existe por la lucha”.

El ex centro clandestino “Club Atlético” está debajo de la autopista. Ocupa la mitad del frente y buena parte de la manzana. El edificio fue demolido por Cacciatore para construir la autopista. Ahora es un centro de memoria y se realizan excavaciones para dar con pruebas de los crímenes de lesa humanidad. Se estima que 1200 detenidos desaparecidos pasaron por allí. Pertenece al Instituto Espacio para la Memoria, un ente porteño que este mes pasó a ser administrado por el Gobierno nacional.

En la misma manzana hay un predio deportivo. Durante 25 años fue el campo de deportes de la escuela técnica Otto Krause, pero hoy lo usa el MIJD de Raúl Castells. En 2003 venció el convenio de la escuela que le permitía el “uso precario” del inmueble. La institución nunca negoció una prórroga, y en 2008 el Gobierno le otorgó el uso gratuito durante diez años a la organización del piquetero. Se supone que faltan cuatro años antes de que se le pueda asignar otra función.

En la esquina de San Juan y Paseo Colón está el edificio que construyó Julio Ramos para albergar al diario Ámbito Financiero. El sector sobre Paseo Colón es propiedad del Estado porteño, y por eso no se edificó en altura: se convirtió en la playa de estacionamiento. El martes el diario informó que había sido intimado a desalojar ese sector en diez días. Irá a la justicia, amparado en la ley que el PRO impulsó el año pasado para proteger a los medios de comunicación que están en la ciudad.

En la esquina de Humberto Primo está la gomería de Guillermo. Le alquilaba el lugar al dueño. En 1980 empezó a pagar un canon locativo al nuevo propietario, el GCBA. El viernes 7 de febrero le llegó la intimación, y Guillermo insultó al aire. Dos meses atrás había reinvertido mucho dinero para reacondicionar el lugar. “En diez días no puedo desmontar todo esto”, respondió a Infojus Noticias. “Es una locura. ¿Quién me va a compensar por todos los gastos que me puede generar?”, preguntó. Su hijo, Franco, atiende el comercio. “Nos comunicamos con el gobierno, pero nadie sabe nada”, resumió. El local es una franquicia de Dunlop, una multinacional de neumáticos. Sus abogados intentarán frenar el desalojo en la justicia.

La Asamblea de San Telmo nació con la crisis de 2001. En el local de Paseo Colón funciona una escuela de psicología social y la sala de teatro Severino Di Giovanni. Los asambleístas se reunieron con vecinos y conformaron una comisión contra los desalojos. El 30 de enero les llegó la intimación. Les exige ceder diez metros del local, que pertenece por completo al Gobierno porteño. La organización respondió con un amparo judicial. El lunes cortaron el tránsito de Paseo Colón para reclamar explicaciones y como repudio al proyecto del nuevo Metrobus. ¿Su consigna? “Basta de destruir el barrio”.