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El proyecto de Código Procesal Penal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que enviará al Congreso busca lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes. Entre sus puntos fundamentales, el texto prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos, y adopta un modelo de justicia adversaria o acusatorio, en el que el fiscal investigue, el defensor defienda y el juez resuelva. El código actual acumula críticas desde hace años porque el proceso es lento y los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver. Y el nuevo proyecto ya cosecha opiniones favorables.

“Me parece muy bien, estoy de acuerdo con la modificación. Es algo muy deseado y esperado”, dijo a Infojus Noticias la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal Oral en lo Federal N° 6, que en el año 2012 condenó a 50 años de prisión al dictador Jorge Rafael Videla, en el marco del Plan Sistemático de Apropiación de Menores. “Cumplir los pasos con celeridad es una de las garantías procesales que se deben cumplir”, destacó la magistrada, quien resaltó la necesidad de que esta reforma “venga acompañada de una ley de implementación, cómo sucedió en 1991, que establezca cuántos juzgados, tribunales, jueces, fiscales, etcétera”.

Salir de un sistema mixto hacia uno acusatorio, en el cual los jueces estén para control y “dar garantías procesales” y “no estar involucrados en la etapa de instrucción”, son otros de los puntos que destaca la magistrada, que en la actualidad preside el debate sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura en la maternidad clandestina de Campo de Mayo.

Acortar los plazos procesales es otro de los ejes claves del proyecto de reforma del Código Procesal Penal. “Es cumplir con los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional”, resaltó Roqueta. “No es justo que una persona pase años esperando hasta que le digan si es culpable o inocente”, afirmó.

El proyecto introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales. Eso permitirá que los fiscales puedan aplicar una política criminal estratégica, dando preponderancia a la persecución de delitos más graves y para poder trabajar sobre la complejidad del crimen organizado. La decisión de poner o no en marcha la maquinaria judicial, es otra de los aportes que resalta la magistrada, para quien tiene que estar “bien legislado y determinado”.

En cuanto a los casos kafkianos en los que la justicia se ve envuelta en la actualidad, por el sistema que la rige, Roqueta señala los dos extremos posibles: “Desde una causa que todavía no se pudo llegar a juicio y lleva años en proceso”, como puede ser el caso de las que acumula el ex interventor del PAMI, Víctor Alderete, que es un auténtico enjambre judicial. Hasta otras más simples que se pueden dar con la falsificación de la firma “en un simple certificado de estudios secundarios”. “No genera perjuicio –explicó- pero que sin embargo puede llevar años con una persona procesada, con todo lo que eso genera, porque no es una situación agradable para nadie”.