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Luego de la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial, el secretario de Justicia Julián Álvarez habló del nuevo proyecto de reforma del Código Procesal Penal. “Estamos realizando algunos ajustes, esperamos enviarlo al Congreso en los próximos días, después habrá que discutir su implementación, que tendrá que ver con los recursos disponibles”, dijo el funcionario.

Entrevistado por los programas de radio Guetap yLa Mañana, Álvarez ahondó en la continuación del proceso de modernización normativa. La calificó como "una reforma profunda, que incluye el Código Penal, el Procesal, el Civil y Comercial y el derecho de los consumidores". Sobre las ventajas que tendrá un nuevo CPP, explicó: “Hoy un proceso judicial para elevarlo a juicio –con indagatorias, procesamiento de personas- tarda cuatro años de promedio, y esto sucede por un sistema vetusto que tenemos. Lo que vamos a hacer es cambiarlo a una investigación oral, donde la investigación sea rápida y no pueda durar más de un año”.

Para dar más detalles, Álvarez puso como ejemplos los proyectos realizados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), un modelo elaborado por el jurista Julio Maier y el del ex diputado Oscar Albrieu, y aclaró que los tres tenían como objetivo “cambiar un sistema inquisitivo por un sistema acusatorio”, donde se dividan los roles. “El fiscal es quien investiga y el juez es quien decide”. “En el sistema actual el juez también lleva adelante la investigación”, explicó Álvarez.

“La verdad es que la reforma del CPP es una deuda pendiente. Primero por la sensación cierta de que los procesos duran años, esto es una realidad. No conozco académico que esté en contra de modificar el Código Procesal Penal de la forma en que lo vamos a hacer. Durante la democracia hubo tres intentos de modificación que no prosperaron", dijo.

El secretario describió el actual sistema como “muy ritualista, muy formal, escrito”. “El que proponemos es un sistema donde prime la oralidad, donde todo se resuelva en audiencias públicas y orales que tiene como premisa la celeridad”. “En definitiva, lo que van a cambiar son los plazos”, asumió. “Esto va a servir para las víctimas, que quieren ver condenado al responsable del hecho, pero también para el acusado, que se le va a resolver rápido su situación y no va a estar cuatro o cinco años preso en caso de ser inocente, y no poder proyectar cuál va a ser su proyecto de vida”. Uno de los temas centrales, admitió el funcionario, será los motivos por los que se la otorga la excarcelación.

En su rol de miembro del Consejo de la Magistratura, que es el cuerpo de la justicia que elige, controla y sanciona a los jueces, Álvarez señaló que “muchas causas que se reciben en el Consejo contra jueces es por dejar prescribir causas porque pasan años sin que la causa pase a juicio”.

Consultado por los periodistas Reynaldo Sietecase y Romina Mnaguel sobre las vacantes en los juzgados Álvarez dijo que “no hay tantas vacantes como se plantea: son 300”, precisó. Y aclaró que en todos los casos las funciones están cubiertas por otros jueces. “Es cierto que hay pocos juzgados de ejecución, hoy ya se cubrieron algunas de las vacantes”. “El Consejo de la Magistratura este año mostró que puede funcionar y está funcionando bien, se están haciendo los concursos”. 

Para contextualizar el debate, Álvarez aclaró que “no hay soluciones mágicas”, con estadísticas que indican que en América Latina “el 70 por ciento” de los acusados “están procesados” y “30 por ciento investigado”, cuando “en Argentina es al revés y eso está mal”.

También se mostró confiado en que “de mínima, el sistema va a estar mucho mejor, de mínima es una transformación que viene reclamando la comunidad académica, después dependerá de la infraestructura que se genere y cómo se lleve a cabo la implementación”, subrayó.