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En varios tramos de su historia, Eduardo Pedro Serrano pensó que su paso por el Ejército Argentino estaba cerrado. Su convocatoria a atestiguar desde la defensa de los represores en el juicio por el centro clandestino de detención de Monte Peloni es uno de esos sobresaltos que, como esquirlas, vuelven del pasado e irrumpen en sus clases de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de San Martín. Su nombre saltó a la luz cuando Claudio Castaño, uno de los abogados de Horacio Leites -imputado por 20 casos de secuestro y 15 de aplicación de tormentos-, preguntó por él a Rubén Sampini, una de las víctimas.

-Castaño: Usted dijo que Serrano lo había asistido como defensor. ¿Conocía a la mujer de Serrano?

-Sampini: No.

-Castaño: ¿Escuchó dentro del cuartel de la actividad subversiva o supuestamente subversiva de la mujer de Serrano?

-Sampini: No. ¿No me diga que era una compañera? Me entero recién…

Fueron las palabras finales de Sampini, después de casi tres horas de declaración. ¿Quién es aquel teniente primero sobre el que la defensa de un represor depositó su atención? ¿Por qué le adjudicó vínculos con las víctimas del terror estatal?

A Serrano, retirado del Ejército por ser “un elemento de poca confiabilidad”, se lo ha definido como “no peronista” pero la raíz de todas sus penurias apareció con la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse, la asonada de Azul y Olavarría y el operativo retorno de Juan Domingo Perón. Su amistad con Julián Licastro, que luego sería secretario político del líder en el exilio, y lo que aparece como una suerte de negativa a reprimir el 25 de mayo de 1973 a la multitud que, en las puertas de Devoto, clamaba por la liberación de los presos políticos, mellaron la confianza de sus superiores. El 6 de febrero de 1979 el Ejército calificó a Serrano de “inepto para las funciones de su grado” y lo colocó en un freezer que implicó su salida de la fuerza.

Farsa judicial

Serrano, hoy doctor en Matemáticas y docente universitario, nació el 14 de octubre de 1945. El Ejército prescindió de 33 oficiales entre 1979 y 1980, que fueron conocidos como los “33 Orientales”, en recuerdo de aquellos independentistas que en 1825 intentaban expulsar a los brasileños y conformar algo parecido a una nación junto a “la Provincia Oriental”. Serrano estaba entre ellos.

Un Consejo de Guerra lo juzgó y tuvo que optar por un defensor en la lista que arbitrariamente se le presentó. Por la misma experiencia pasaría años después el soldado conscripto Rubén Sampini cuando la dictadura lo secuestró, lo desapareció, lo torturó y finalmente lo puso a disposición del Poder Ejecutivo para someterlo a una parodia de juicio: un Consejo de Guerra. A él también se le ofreció una lista de militares entre los que podía optar para su defensa. En esa nómina estaba Serrano.

Junto a Sampini también eran sometidos a esa farsa judicial Mario Méndez, Roberto Pasucci, Osvaldo Roberto Fernández, Eduardo Ferrante, Carmelo Vinci, Carlos Gensón, Ricardo Cassano, Osvaldo Tissera y Juan José Castelucci. Maltrechos, torturados, a cada uno lo obligaron a elegir entre los nombres de militares de la región cuál sería su defensor. “Serrano no tenía la pinta de los militares que yo suponía que me habían capturado”, describió Sampini. “Y por eso lo elegí”.

Desde ese profundo Sur en el que construyó su lugar en el mundo, Sampini recordó: “Serrano fue a decirle a mi familia que iba a ser mi defensor. Contó que estábamos complicados. Les llevó una carta mía y, a su vez, me llevó a mí una carta de ellos a la comisaría de Tandil en la que estábamos encerrados. ´Quédense tranquilos, que a mí no me revisan´, les dijo. Ya en la tercera visita que hizo a la casa de mis padres, había muchos otros familiares que iban a escuchar y él no tenía problema de hablar ante ellos”.

Fue “el único de los defensores que pidió la absolución e hizo una defensa mía de mayor calidad que la del resto”, reconstruyó Sampini ante los jueces Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela. El anuncio de los 10 años de condena llegó, como una burla bizarra, el 28 de diciembre de 1977. Por esos mismos días, el rumbo de Serrano también estaba sellado. “Fue a la casa de mis viejos a despedirse. Estaba con su familia, que quedó dentro del auto. Contó que lo habían trasladado y que las condenas se iban a publicar en esos días”. Poco después, Elsa Ocaña de Sampini preguntaría al ex coronel Aníbal Verdura por el teniente primero Eduardo Serrano. Verdura, el máximo responsable militar en la zona, tan afecto a las relaciones públicas, simplemente contestó: “El teniente primero no pertenece más al Ejercito: él eligió”.

Licastro y el alzamiento

Serrano reconstruiría, en una declaración testimonial durante 2013, que el episodio que desencadenó en la sanción fue el alzamiento de los regimientos de Azul y Olavarría durante el gobierno de Lanusse. “Lo único que se hizo fue alistar el escuadrón y salimos por la ruta 51. Fue una proclama, se tomó la radio y nos sancionaron a todos”. Su nombre constaba en un listado de “oficiales simpatizantes” en el contexto de un “Ejército paralelo” y esa mención fue otra de las marcas que el poder militar le adosó.

Los “33 Orientales” compartían poco, más allá de sus nombres en una lista gris del Ejército. Algunos se opusieron a la represión, otros eran decididamente peronistas. Hay quienes integran las listas de represores por su participación en delitos de lesa humanidad. Otros fueron funcionarios o embajadores de gobiernos peronistas. Julián Licastro y José Luis Fernández Valoni fueron retirados de prepo del Ejército por su devoción por Perón. El primero estuvo detenido en Trelew cuando Serrano lo visitó –según su propia declaración- a pesar de la expresa prohibición de la fuerza. El segundo terminó como diputado de Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo.

Ambos fueron fundadores del Comando Tecnológico Peronista, como respuesta al reclamo de Perón, aún en el exilio, de la necesidad de “acopiar materia gris” para que “el peronismo gane las elecciones si las hay, o sea capaz de arrojar del Gobierno a los actuales mercaderes y traficantes”, según la carta de Perón a Licastro de octubre de 1971. En 1974, el grupo universitario en el que militaba Sampini llevó a Licastro a dar una charla en la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Comenzaba a delinearse un círculo que se cerraría años después.

Serrano llegó a Olavarría en 1975. Los últimos estertores del verano del 76 lo encontraron acuartelado en el Regimiento de Tanques 2. Y el 24 de marzo –según consta en su declaración testimonial en la causa Monte Peloni- dispuso de “unos minutos para ir a saludar a su mujer, Susana Lagomarsino, que en ese momento se puso a quemar los libros que tenía”. La familia Lagomarsino tenía un par de marcas que, en las espaldas de un militar, resultaban algo inconvenientes: la militancia en el PRT del hermano político de Serrano derivó en un exilio español, tras varias irrupciones violentas en su casa. Para entonces ya tenía otros estigmas que, a los ojos dictatoriales, lo hacían “poco confiable”.

El grupo de San Vicente

El militar –en una trayectoria bífida que lo corre a veces desde el redil de los represores a una tímida cercanía con las víctimas y viceversa- construyó ciertos vínculos sociales relacionados con su fe católica, que se profundizaron después del golpe. Llegaba desde el círculo más cercano a Verdura y practicaba su fe en una parroquia que siempre fue hostil a la dictadura.

El padre Elías Musse había llegado al templo San Vicente de Olavarría en enero de 1975, casi al mismo tiempo que Serrano. Traía en los pliegues de la sotana conocimientos de ciencias políticas y sociales adquiridos en Chile y una postura tercermundista. Fue el obispo de Azul, monseñor Manuel Marengo, quien aconsejó a Musse que dejara la parroquia ante las amenazas que recibía. Más tarde el sacerdote fue detenido en Mar del Plata y encarcelado durante más de siete años.

San Vicente, sin embargo, siguió siendo el espacio de reunión de quienes profesaban la fe católica combinada con una raigambre peronista. El historiador Juan Wally fue parte de esos encuentros. En sus crónicas se detiene en uno de los asistentes: “Un capitán del regimiento, Eduardo Serrano, no peronista, rotulado como ‘de izquierda’ por sus camaradas de armas, fue pasado a retiro por Galtieri como integrante del grupo de oficiales denominado los 33 orientales”. Fue el propio militar quien advirtió a Wally que sobre el escritorio de Verdura había un informe que lo señalaba como “peligroso”.

En esos días la parroquia ya estaba a cargo del sacerdote azuleño Leandro Pérez, que sugirió a Serrano que aceptara defender a Sampini. Las reuniones del llamado ‘grupo de San Vicente’ se interrumpieron a mediados de 1977, después de los secuestros masivos en Olavarría.

Paradojas de la historia

Serrano confirmó el 6 de febrero de 1979 que sus pasos en el Ejército no pisaban terreno firme. Ese día se lo calificó como “inepto para las funciones de su grado”. Veinte días después, se quejaba, en un reclamo al comandante en jefe: “Pude comprobar con sorpresa y dolor que mi integridad y capacidad profesional habían sido seriamente cuestionadas y que recaía sobre mí una grave acusación”. Sin embargo, se cuidaba muy bien de aclarar que “mis actuales ideas no se apartan de los principios que sustentan las ideologías que mantiene el Ejército”. Y aseguraba haber “cumplido fielmente todas las misiones que me fueron asignadas” entre ellas “las operaciones contra la subversión”.

Un informe firmado por el teniente coronel Pedro Eugenio Marfil y fechado el 30 de abril de 1980 planteaba que durante la orden de liberación de detenidos dispuesta por Cámpora el 25 de mayo de 1973 “los delincuentes subversivos detenidos coparon el penal e intentaron salir por sus propios medios, antes de que llegara la autorización de Buenos Aires”. Marfil puso en marcha un operativo de custodia con la posibilidad cierta de “abrir fuego contra ellos y aniquilarlos”. Serrano integraba el operativo. Y –se quejó Marfil- mostró “sumo interés en no estar involucrado en tales hechos y pidió cubrir un puesto diametralmente ubicado”. Le fue concedido, dice, “por no ser un elemento de plena confiabilidad”.

Los informes advertían en él “una actitud justificativa para el accionar de los DTS (delincuentes terroristas subversivos) que supo expresar en reuniones en casa de camaradas, compartidas por su esposa. De cadete fue influido por los ex tenientes 1° Licastro y Fernández Valloni, con el primero de los cuales tuvo contacto en una reunión que aquel organizó años atrás”. El informe jugó además, con el antecedente de José Lagomarsino, militante del PRT y hermano de la esposa de Serrano, “prófugo por estar involucrado y conectado con las bandas terroristas”.

Marfil describía que Serrano tenía “ideas preconcebidas y un matiz filosófico”. El informe está escrito a máquina. En una de las copias, Marfil escribe de puño y letra: “Proposición: eliminarlo de la fuerza por considerarlo un elemento no recuperable y que no merece confianza. Solicito el retiro”.

El segundo reclamo de Serrano –en un inexplicable empeño por permanecer dentro del brazo ejecutor del terrorismo de Estado- aparece el 30 de septiembre de 1980, un año y medio después del primero. Pero ya su suerte estaba echada.

En el juicio por el centro clandestino de detención Monte Peloni cerró como un círculo desfasado otra de las profundas paradojas en la historia del teniente primero devenido en matemático doctorado. El mismo hombre que fue quitado de la fuerza por Galtieri, restituido parcialmente en su rango por Raúl Alfonsín y reivindicado por Néstor Kirchner como parte de “Los 33 Orientales”. El mismo que fue citado a atestiguar por la defensa de los represores y luego desistido; el mismo que defendió a un preso político –que en la época se asimilaba poco menos que a la santidad- y que aseguraba que respondía a la ideología del Ejército del genocidio. El mismo sobre cuya esposa preguntó el abogado de represores calificándola de “subversiva”. Porque quemó libros, tenía un hermano del PRT y una simpatía “no oficial” por el brazo político del ERP.

El mismo hombre, con todos los infiernos. Como otra insensatez brutal de la historia.