Muerte digna: la Corte pidió un informe al cuerpo médico forense
Por el caso de Marcelo Diez, que lleva veinte años en coma en Neuquén, la Corte Suprema de Justicia pidió la opinión al cuerpo forense. Deberá estar listo en los próximos diez días.
La Corte Suprema de Justicia pidió opinión al Cuerpo Médico Forense para resolver el caso de Marcelo Diez, que lleva veinte años en coma, tras sufrir un accidente. Sus hermanas pidieron a la justicia que pueda morir dignamente. En la causa, la Procuración General de la Nación opinó que debía respetarse la decisión de las hermanas.
El 23 de octubre de 1994 Marcelo Diez, que entonces tenía 30 años, iba en moto a un almuerzo en la chacra familiar, ubicada en las afueras de Neuquén. Pero un Renault 12 lo llevó por delante y su cabeza dio de lleno contra el asfalto de la ruta 22. Desde entonces está en estado vegetativo permanente, sin ningún tipo de actividad cerebral. Una sonda en el intestino lo alimenta e hidrata.
Nueve años después del choque, sus hermanas Adriana y Andrea, iniciaron el camino judicial para que tenga una muerte digna. El caso llegó primero al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, que en 2012 expresó: “la cuestión no requiere de autorización judicial”, por lo que debía resolverse en el ámbito familiar. Para ello se amparó en la Ley 26.742 que reforma la normativa sobre Derechos del Paciente.
La defensoría General y la entidad médica donde estaba internado Marcelo presentaron un recurso extraordinario y así la causa llegó hasta la Corte Suprema, que ahora pidió un informe médico para resolver el caso. Lo decidió ayer durante el acuerdo semanal, cuando los jueces pidieron a los médicos forenses un informe sobre “las posibilidades de reversibilidad que podría presentar el cuadro que actualmente presenta el paciente en caso de que se restableciera el tratamiento kinésico, se le efectuara estimulación multisensorial integral y se le suministrase medicación destinada a estimular las células nerviosas”.
Además del informe, que deberá estar listo dentro de los próximos 10 días, los integrantes del máximo tribunal del país ya cuentan con un dictamen de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien sostuvo que “el retiro, cese y abstención de todas las medidas de soporte vital que lo mantienen con vida en forma artificial pertenece a su zona de reserva, garantizada por el derecho a la autonomía personal”. Haciendo referencia a la actual ley vigente, Gils Carbó apuntó que “la norma no efectúa un juicio moral, ético o religioso sobre cómo deben afrontar los individuos los asuntos vinculados a la enfermedad y, eventualmente, la muerte”.
El informe pedido por la Corte también solicita “especificar si se encuentran disponibles medidas y acciones para el adecuado control y alivio del eventual sufrimiento del paciente en caso de disponerse la supresión de la hidratación y la alimentación por vía enteral”. Marcado como “trámite urgente”, cuando esté le informe, la Corte deberá resolver el caso.
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