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El ex juez Eduardo Moliné O’Connor, que fue vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem, falleció ayer, a los 76 años. Murió cuando descansaba en su casa, tras una larga enfermedad. Había llegado a la Corte en 1990, como parte de la ampliación del tribunal promovida por el entonces presidente. El ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, era su cuñado y fue quien lo introdujo ante Menem. Fue destituido en 2003, por mal desempeño de sus funciones.

El ex magistrado había ejercido la profesión de abogado en forma “liberal”, en todo sentido. Comenzó su carrera judicial en el fuero civil y comercial, en 1956, y recién siete años después se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Llegó a ser relator de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, antes de que Menem lo llevara al máximo tribunal de la Nación.

Desde la Corte Suprema, Moliné O’Connor pagó con creces la confianza que Menem había depositado en él. Fue uno de los promotores de los fallos más ruidosos del derecho argentino. Se convirtió en el ladero de Julio Nazareno, que cumplía órdenes directas desde Balcarce 50: mientras él presidió la Corte, Moliné O’Connor fue vice. El vínculo nació en el Palacio de Tribunales, pero terminó por convertirse en una estrecha amistad.

Como integrante de la Corte menemista, Moliné O’Connor firmó fallos como el que legalizó la privatización de Aerolíneas Argentinas, el que prohibió la píldora del día después, o el que liberó a Menem y a Emir Yoma en la causa por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Además, participó de la condena a la editorial Perfil por sus notas sobre el hijo extramatrimonial de Carlos Menem, un fallo que motivó una sentencia contra la Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por censura.

Un jugador de toda la cancha

Moliné O’Connor llegó a ser vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, y un conocido aficionado a ese deporte. Había ingresado a la entidad en 1981, como asesor legal, para luego integrar el consejo directivo y finalmente recalar en la dirección de la asociación. En 2002, cuando todavía integraba el máximo tribunal de la Nación, debió retirarse de la platea oficial del Buenos Aires Lawn Tennis Club, por los constantes abucheos de los asistentes. Fue uno de los primeros indicios de que ya no era tan bien recibido en las canchas.

En el segundo semestre de 2003, en pleno conflicto por la renovación de la Corte, Moliné se mostró despreocupado y viajó a Paris a presenciar el torneo de Roland Garros. Confiaba en que evitaría la destitución. Una década después de abandonar la Corte, un reconocido abogado que litigó durante muchos años ante el máximo tribunal razonó: “Debió seguir jugando al tenis, porque como abogado no lo he vuelto a oír nombrar en los tribunales”.

La destitución

El lejano pariente de Sandra Day O’Connor, entonces jueza de la Corte de los Estados Unidos, fue el primer ministro en ser destituido desde los tiempos de Perón. Testarudo, enfrentó el proceso de juicio político ante el Senado para no renunciar. Terminó siendo desplazado del cargo por mal desempeño de sus funciones, en los primeros días de diciembre de 2003.

En pleno enjuiciamiento ante la Cámara de Senadores, Moliné disparó: “Jamás he participado de un proceso en el que un juez instructor tiene despacho en la Casa Rosada”. Buscaba desacreditar a la entonces senadora nacional y hoy Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Con 45 votos a favor y 19 en contra de la destitución, debió abandonar su despacho en el Palacio de Tribunales.

Nazareno, el emblema de la “mayoría absoluta” y presidente del máximo tribunal durante casi diez años, había sido el primero en retirarse. Aunque juró que no lo haría, renunció en pleno juicio político, y adujo “crudas y constantes violaciones al derecho de defensa”. Guillermo López y Adolfo Vázquez también renunciaron. Antonio Boggiano siguió el ejemplo de Moliné y, para no parecer cobarde, enfrentó el juicio y la destitución. Augusto Belluscio, uno de los únicos que había salido indemne, se jubiló en 2005, cuando alcanzó los 75 años de edad que la Constitución consigna para el retiro de los ministros de la Corte.

Destituido, pero con privilegios

Una vez destituido, Moliné O’Connor comenzó a litigar para exigir su jubilación de privilegio. Estancada por años, la causa se reactivó hace casi un año por decisión de la Corte actual, y volvió a tramitar en el fuero contencioso administrativo federal. La demanda era para cobrar la pensión vitalicia que les corresponde a los ex integrantes de la Corte Suprema. Dos resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social y un decreto le revocaron ese derecho por su destitución.

Pero el ex magistrado apeló a todo para que las resoluciones quedaran sin efecto. Primero, la sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió la causa “hasta tanto se resolviera la denuncia planteada por aquél ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra su destitución por juicio político”. Fue ante la Corte Suprema y planteó que “la jurisdicción internacional no puede instituirse corno un supuesto de prejudicialidad para los tribunales locales”.

Con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni y la de los conjueces Jorge Moran, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Ana Order, Santiago Concuera y Jorge Ferro, el máximo tribunal le dio la razón. “La decisión de suspender el trámite de las presentes actuaciones "hasta tanto se resuelva la denuncia planteada [ ...] ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" , conlleva una injustificada postergación en la definición de la cuestión litigiosa”, consignaron.

Para hacer al lugar al pedido del ex juez la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional la norma que impide esta jubilación extraordinaria a los magistrados destituidos. La Sala III del tribunal administrativo, otorgó el beneficio al ex juez en febrero pasado. Durante los últimos seis meses, Moliné recibió la jubilación de privilegio, y el cobro retroactivo tras diez años de batalla judicial.

Los jueces Carlos Grecco, Jorge Argento y Sergio Fernández declararon inconstitucional la norma que le impedía percibir el beneficio. Los jueces explicaron que esa ley “instaura un efecto prohibido” por la Constitucional Nacional puesto que crea “una nueva secuela distinta a la destitución y a la accesoria de inhabilitación”. Y ordenaron al Estado Nacional que abone todas las “sumas adeudadas” desde que fue destituido en 2003.