El secretario de la APDH bahiense, Eduardo Hidalgo, se refiró al fallecimiento del ex capitán de navío Domingo Ramón Negrete. El represor tenía 85 años. Los fiscales habían pedido una pena de 17 años de prisión por el jucio actual de la Armada.
Domingo Ramón Negrete fue jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE) entre el 6 de febrero de 1976 y el 31 de enero de 1977. Actualmente, era uno de los 23 imputados por delitos de lesa humanidad en la actual causa de Armada Argentina, donde estaba por recibir condena. El represor padecía una larga enfermedad y murió el último viernes. Amigos y familiares publicaron avisos fúnebres en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y en La Nación. Allí sintieron consternación porque murió "en situación de detenido político". La Base Espora ocupó un lugar central en el circuito Armada: desde allí salían los vuelos para los traslados de los detenidos, muchos de ellos para ser arrojados al mar.
Para los familiares y militantes de organismos de derechos humanos, la muerte de Negrete es signo de impunidad biológica. Así lo expresó el secretario de la APDH bahiense, Eduardo Hidalgo, para quien "cuando un represor muere a las puertas de una condena hay un efecto de impunidad que no podemos permitir". Según Hidalgo, el hecho no deja de ser negativo, porque evidencia "que la justicia llegó tarde".
El secretario dejó una reflexión para los próximos procesos, tanto en Bahía Blanca como en el resto del país. “Había un juicio en curso que demostró el rol activo de Negrete en el circuito represivo local. La Justicia debió haber llegado antes, y por eso reclamamos que los juicios no sólo se aceleren sino que concentren un grupo numerosos de represores para tener condenas rápidas".
En el marco del juicio oral y público que se encuentra en etapa de alegatos, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había solicitado para Negrete una pena de 17 años de prisión. Misma condena fue pedida por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, mientras que César Sivo, en representación del grupo querellante denominado "Familiares de detenidos y desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado", había pedido una pena de 25 años.
Negrete estaba imputado por casos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y abuso deshonesto. Según organismos de derechos humanos, hubo testigos que vieron gente detenida en la Base, aunque no se pudo acreditar las pruebas para este juicio.
En el expediente de este juicio hay 66 víctimas, de las cuales 12 personas están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados dentro del perímetro de Puerto Belgrano, como el ahora desaparecido crucero "ARA 9 de Julio", mellizo del Belgrano, y la base de Infantería de Marina en el sector Baterías, ambos en jurisdicción de la Armada, y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.
Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976. El mismo diario que publicó los avisos fúnebres por la muerte de Negrete, dándole espacio a los familiares para que hablaran como una víctima de los juicios de lesa humanidad.
"Nos genera impotencia, porque la impunidad biológica no es algo con lo que podamos actuar", dijo Hidalgo. Y concluyó: "El tiempo se atrasa y si bien tenemos procesos nuevos, la justicia frena las causas con dilaciones que merecen resolverse de una manera más rápida y eficiente. El gran problema es la edad avanzada de los imputados. Incluso hay acusados que tienen prisión domiciliaria y se los ve en la calle, haciendo los mandados. Son hechos inconcebibles".
Télam/PW/JMM