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La Cámara del Crimen revocó una decisión del juez de Instrucción Roberto Ponce que había negado nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investigan maniobras vinculadas a contrataciones entre el Gobierno porteño y La Usina SRL, una productora ligada al periodista Fernando Niembro. Los camaristas hicieron lugar a un pedido que había realizado el fiscal de la causa Carlos Velarde y ordenaron al juez que reasuma la investigación

La sentencia que se conoció hoy fue firmada por los jueces Alberto Seijas y Carlos Gonzáles. El otro juez que integra la sala, Mariano González Palazzo, se excusó de participar por su “amistad íntima” con el actual jefe de gobierno Mauricio Macri. En la causa se investiga las presuntas irregularidades en la contratación directa de la productora por parte del gobierno porteño -en violación a la “Ley de Compras y Contrataciones”- por la suma aproximada de veinte millones de pesos.

Para los camaristas “tal cambio de postura” del juez Ponce y “su falta de explicación adecuada, resultan inconciliables con la continuidad de la investigación en cabeza del fiscal, pues es su propia dirección procesal la que ha sido puesta en crisis, a través de una motivación tan solo formal”, concluye la sentencia que revocó el rechazo pero que le ordenó al juez que reasuma la investigación.

Más contrataciones

Según se explica en la sentencia, con la denuncia el fiscal Velarde solicitó el allanamiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Relaciones Contractuales, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración de la Ciudad. El juez Ponce hizo lugar a ese pedido. Luego sobrevinieron otros pedidos, como el secuestro de los libros societarios de La Usina Producciones.

Luego de los allanamientos, y con el material conseguido, el fiscal realizó otras solicitudes al juez para seguir con la investigación porque afirmó que había incorporado “138 expedientes originales que daban cuenta de la contratación por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Dirección General de Planeamiento de Medios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la firma La Usina Producciones SRL”. Esto por la difusión de pautas publicitarias de diversas actividades del gobierno porteño para ser emitidas en “Fox Sports HD” entre los años 2012 y 2015.

Explicó también que en cada uno de dichos expedientes “obraba una certificación del director comercial de Fox Sports Latin América de la difusión de la publicidad”, donde intervenía La Usina.

Pero el juez Ponce rechazó las nuevas medidas de prueba solicitadas por Velarde. El fiscal reclamó en la Cámara del Crimen.

Encuestas dudosas

El fiscal detalló su labor, que incluyó la solicitud a la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA de copias de la compulsa de precios que habría realizado la Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaría de Comunicación Social para la compra de espacios publicitarios en ese tiempo. También las cédulas de notificación cursadas a los proveedores inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores. “Los descuentos ofrecidos por cada proveedor, lo resuelto en cada compulsa y la respectiva publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se explica.

Por otro lado, señaló que también se habían incorporado copias de los expedientes electrónicos que daban cuenta de la contratación por parte de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño con La Usina “para la realización de diversas encuestas”. También pidió a la jefatura de gabinete porteña copias de la totalidad de los antecedentes referidos a la adjudicación a productora de Niembro para llevar a cabo las encuestas.

Con este panorama Velarde pidió nuevas medidas de prueba pero todas ellas fueron rechazadas por el juez Ponce, porque supuestamente el fiscal “se limitaba a reeditar la versión del denunciante y por ende no vislumbraba fundamentos serios que lo convencieran para autorizar una intromisión en los domicilios o en las comunicaciones privadas”.

Pero la sala IV de la Cámara del Crimen no opinó lo mismo y recordó que ante el primer pedido de medidas de prueba el juez de instrucción “la respuesta inmediata del instructor fue disponer el allanamiento de distintas dependencias” del Gobierno porteño para “corroborar un presunto fraude que involucraría a funcionarios públicos” pero después días después “adoptó un criterio opuesto”.

Cuando el fiscal “con idéntica finalidad y base fáctica le requirió la producción de diligencias de igual tenor para obtener y asegurar la prueba que se encontraría en poder de los particulares involucrados”, dice la sentencia firmada el pasado 2 de noviembre y a la que accedió Infojus Noticias.

“Tal cambio de postura por el juzgador y su falta de explicación adecuada, resultan inconciliables con la continuidad de la investigación en cabeza del fiscal, pues es su propia dirección procesal la que ha sido puesta en crisis, a través de una motivación tan solo formal”, concluye la sentencia que revocó esa decisión y le ordenó al juez que reasuma la investigación.

JC/RA