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El periodista Fernando Niembro renunció hoy a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires del frente Cambiemos. La decisión, que se tomó al mediodía y se comunicó entrada la tarde, está cruzada por el escándalo generado por la denuncia de contratos irregulares con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los acuerdos comerciales denunciados superan los 20 millones de pesos.

“Quiero comunicarles que renuncio a mi candidatura a diputado nacional. Tomé esta decisión porque no quiero que me sigan utilizando para perjudicar al proyecto político al que pertenezco”, expresó el periodista en una carta. “Soy víctima de un ataque injusto e inmerecido. No tiene sentido ocultarles que estoy angustiado, que me llena de dolor lo que está pasando. Conocemos estas formas de actuar, propias de una política que miente y ensucia al que piensa distinto”, agregó.

Antes de difundir esa carta, Niembro estuvo reunido en la sede del gobierno porteño con el jefe de campaña nacional y secretario general de la Ciudad, Marcos Peña, y el secretario de Medios, Miguel de Godoy, analizando los detalles sobre cómo se darían a conocer la noticia.

Niembro sostuvo que seguirá “acompañando desde el llano, buscando que la Argentina, y en particular la Provincia de Buenos Aires, encaren el desafío de Pobreza Cero, de terminar con el narcotráfico y de unir al país”. “Estoy convencido de que la Argentina va a cambiar. El miedo no va a triunfar. Ni la resignación, ni la desesperanza. Estamos empezando una nueva era. Tengamos fe”, concluye  la carta.

Días atrás, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia contra Niembro, su ex socio Atilio Meza (que también integraba la lista del PRO), el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta y otros tres funcionarios por los delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.

Los funcionarios están sospechados de firmar 164 contrataciones irregulares en favor de la empresa La Usina Producciones SRL –fundada por Niembro y Meza- por casi 20 millones de pesos que luego habrían sido blanqueados y reingresados en la economía formal.

Las contrataciones no fueron otorgadas “a través del mecanismo de licitación pública”, según establece La ley 2095 (Compras y Contrataciones de la Ciudad). “Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de 'urgencia', dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa”, sostuvo la Procuraduría antilavado.

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