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El fiscal federal Ramiro González analizó durante siete días la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Ayer resolvió impulsar la instrucción de la causa e imputó al periodista Fernando Niembro y a su ex socio Atilio Meza por “el lavado de activos de origen ilícito” a partir de contrataciones con el gobierno porteño.

Infojus Noticias analizó el documento judicial y explica las seis “irregularidades” que tuvo en cuenta el fiscal para impulsar la investigación y pedir 15 medidas de prueba -entre informes a entidades financieras y registros de propiedad de inmuebles, automotor y de buques- con el fin de conocer el destino de los 20 millones de pesos que habrían reingresado en el mercado a través de la empresa La Usina Producciones SRL.

1. Las contrataciones directas

Las principales irregularidades tienen que ver con la adjudicación 164 contratos a favor de la empresa fundada por Niembro y Meza en 2012 por .473.878,80. Según detalló la Procelac en su denuncia, en todos los casos se utilizó mecanismos como la contratación directa y el régimen que establece el Decreto 556/10 (para gastos de urgencia). “Es decir, se transformó la excepción en regla”, escribió el fiscal.

“La Procelac señaló que habría un apartamiento de la administración porteña del régimen determinado por la Ley de Compras y Contrataciones de la CABA y que este respondería  a alguna motivación ajena al interés particular”, agregó González.

2. La “incuestionable ligazón” con el PRO

Otro aspecto que destacó la Procelac y que el fiscal tuvo en cuenta a la hora de las imputaciones fue la “amplia e incuestionable ligazón” de Niembro y Meza con “el más alto funcionario de la administración pública porteña, dada su condición de candidatos a diputados nacionales por el PRO, que se encuentra en pleno ejercicio del Gobierno de la Ciudad”.

El miércoles, el periodista deportivo anunció que se bajaba de la candidatura. “No quiero que me sigan utilizando para perjudicar al proyecto político al que pertenezco”, explicó en su carta de renuncia, en la que aclaró que seguirá “acompañando desde el llano”.

3. Una empresa sin empleados y con dos clientes

La Usina Producciones firmó al menos 164 contrataciones con el gobierno de la ciudad. Sin embargo, la empresa nunca tuvo empleados ni página web. “Sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad”, sostiene el documento judicial.

4. Polirrubro

El fiscal también tuvo en cuenta que según la investigación de la Procelac “a simple vista se advierte que la asignación de ciertos contratos excedería ampliamente el objeto social de la empresa”, supuestamente dedicada a la publicidad. El que más llamó la atención del organismo antilavado fue un convenio por “servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes” para la Dirección General de Limpieza.

5. Pagos desproporcionados

Otro aspecto llamativo fue el “desproporcionado desembolso” del Gobierno de la Ciudad por un servicio de encuesta que pagó la Subsecretaría de Higiene Urbana de la Dirección General de Limpieza, a cargo de Mariano Daniel Campos.

Por ese trabajo, en el que se analizó la “percepción de los vecinos” de San Telmo y Barrio Norte sobre la limpieza, la empresa de Niembro cobró más de 200 mil pesos. Son apenas 38 páginas. Las primeras cinco con explicaciones de los objetivos y la metodología. El resto contiene uno o dos gráficos cada una elaborados a partir de 1250 encuestas telefónicas a vecinos, 300 realizadas personalmente a visitantes y otras 20 entrevistas “en profundidad”.

6. Una empresa inhabilitada

El sexto punto tiene que ver con una deuda judicializada que mantenía la empresa con la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Según la ley 2095 de Compras y Contrataciones La Usina Producciones debería haber estado impedida de ofrecer servicios al gobierno porteño. En el artículo 96, inciso “h”, la norma establece que, entre otros, “no pueden presentarse en los procedimientos” los “evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local”.

SO/RA