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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anticipó que enviará al Congreso un proyecto para la creación de un nuevo Código de Procedimiento Penal Nacional”, en un acto que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. “Enviaremos un nuevo proyecto de procedimientos penales y pasaremos del sistema inquisitivo al acusatorio. Se trata de una reforma necesaria para atender la demanda de justicia. No se trata de mano dura o blanda, si no de tener buenos instrumentos” sostuvo la Jefa de Estado.

“No podemos tener durante años a una persona presa esperando una condena. Necesitamos mayores certidumbres con respecto a las penas que se aplique”, agregó.

El proyecto apunta a lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes. El texto vigente fue implementado en 1991, y aunque incorporó el juicio oral, mantuvo el trámite escrito e inquisitivo en la etapa de instrucción. Hoy, los jueces investigan y controlan la legalidad de su propio trabajo. El actual código actual suele ser criticado porque los procesos judiciales son lentos y los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver.

En gran parte de América Latina y en la mayoría de las provincias argentinas, el fiscal es el encargado de investigar, y el juez el que debe tutelar que se respeten las garantías constitucionales y  de defensa. Ese modelo –acusatorio– es más moderno que el actual y permite que el Ministerio Público Fiscal responda en forma eficaz a los conflictos sociales, a través de estrategias y políticas para la persecución de la criminalidad. El nuevo Código se rige con esa lógica.

El texto elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recoge y actualiza lo mejor de las iniciativas del anteproyecto de Código Procesal Modelo para Iberoamérica elaborado por el jurista Julio Maier, el anteproyecto de Alberto Binder (INECIP) y retoma aspectos de los textos elaborados por el Ministerio en 2007 y en el Congreso de la Nación durante 2010 (a iniciativa del diputado Oscar Albrieu). Además, la reforma integral del sistema de administración de justicia penal se complementará con la modificación de las leyes de organización del Poder Judicial y del Ministerio Público.