Infojus Noticias

Después de un mes, los empleados del Juzgado Federal de Lomas de Zamora lograron digitalizar la enorme cantidad de documentación secuestrada en abril en múltiples operativos en Nordelta. Habían seguido la ruta del dinero narco. Ahora la mira del juez Alberto Santa Marina apunta a un grupo de profesionales que habrían cooperado en el lavado de dinero. Un abogado de nombre Marcelo, el arquitecto Walter Mosca,  y la contadora pública Alejandra Alberti. En base a los informes pedidos a la UIF y al Banco Central, el magistrado definirá si imputa a los profesionales en la causa que ya tiene a once personas acusadas de narcotráfico y lavado de dinero.

Las órdenes de allanamientos alcanzaron las oficinas y el domicilio particular del arquitecto Mosca en el sector La Bahía del complejo de Tigre, a dos estudios jurídicos y al contable de Alberti. “Son siete cajas grandes y siete chicas”, explicó una fuente de la investigación a Infojus Noticias, en referencia a la documentación secuestrada.

Los investigadores buscaban vínculos entre una banda narco desbaratada a fines del año pasado en Nordelta y los encargados de reingresar el dinero narco en la economía formal. Según consta en el expediente judicial, los jefes de la banda -los colombianos Jesús Antonio Yépez Gaviria y John Eduard Martínez Grajales- invirtieron en propiedades y empresas en Nordelta.

Una vez digitalizado el material, el juez lo envió a la UIF y al Banco Central. “Ellos van a determinar si existieron actividades compatibles con el delito de lavado”, detalló la fuente. La sospecha de los investigadores parte de las numerosas conversaciones telefónicas entre los narcos y los profesionales. En una de ellas, la contadora Alberti le cuenta a Claudia Natalia Arias Celis –esposa de Yépez Gaviria e imputada en la causa- que la AFIP les seguía los pasos. La empresa fantasma Gerente Cars S.A, dedicada a la compra y venta de autos, hacía años que no movía dinero. A los inspectores de la AFIP no les cerraba que la pareja viviera en una lujosa casa en Nordelta y hubieran comprado varios lotes en el complejo de countries.

—Ellos quieren ver las inversiones —explicó la contadora al apoderado de la empresa, el pastor David Andrés Acevedo Muñoz. —Ellos me dicen “acá hay inversiones que no están declaradas” y ellos las están viendo, que por favor las declara y haga un plan de ganancias por las inversiones.

—Ah, bueno —respondió el pastor, también procesado en la causa.
—Así que necesito sentarme con vos para ver las inversiones.
—Dios mío.

En otra conversación, del 5 de mayo de 2013, la contadora y el pastor hablaron de números.

—Gerente Cars blanqueó cuatro millones seiscientos (mil), ¿no? —preguntó Alberti.
—Sí, señora.
(…)
—Bueno, yo tengo un millón cuatrocientos de Castores (uno de los predios de Nordelta) —detalló la contadora —más 350 (mil) del lote del Alameda.
—Sí.
—Entre los dos me suman un millón ochocientos (mil). Más un millón ochocientos de los otros dos lotes son tres millones seiscientos. Más seiscientos que tengo de mercadería son cuatro millones doscientos. Más crédito que tengo son cuatro millones trescientos. ¡No me da!

En otras de estas conversaciones, un abogado llamado Marcelo le explica a Martínez Grajales que se produjo “una agujero” en las cuentas de 2011. “No tengo de dónde surge la plata. Porque incluso vos fíjate que el hecho de traer plata al país, sea por parte tuya o de tu mamá, tenés hasta 10 mil dólares por viaje. Yo no sé cuántas veces pudieron haber viajado ustedes como para decir “bueno, me traje plata”.

Para el juez Santa Marina, estas conversaciones demostrarían “el grado de inversiones y patrimonio” de los miembros de la banda, “pese a los esfuerzos de los profesionales contratados para disimularlo”.
Infojus Noticias consultó a la contadora sobre las sospechas que pesan sobre ella. “¿Por qué voy a estar preocupada? Yo no tengo nada que ver, lo único que hice fue contable. Yo no los asesoraba (para blanquear dinero)”, dijo.

La Justicia espera los informes que elabora la UIF y el Banco Central en base a toda la información secuestrada en los allanamientos. Recién con esos datos, el juez decidirá si cita a declarar a los profesionales y los imputa por lavado de dinero.