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El gobierno nacional oficializó hoy la Ley 26.892 para "la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas", sancionada el 11 de septiembre pasado. La ley -publicada esta mañana en el Boletín Oficial- establece las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia, así como el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

Esta normativa busca garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica; orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico, e impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas para la prevención y abordaje de situaciones de violencia. Además impulsa la elaboración de las normas de las jurisdicciones sobre convivencia en las instituciones educativas, estableciendo bases para que estas últimas elaboren sus propios acuerdos y conformen órganos e instancias de participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, informó la agencia Télam.

Según la Ley, el Ministerio de Educación de la Nación con el acuerdo del Consejo Federal de Educación, deberá promover la elaboración y revisión de las normas sobre convivencia en las instituciones educativas en cada una de las jurisdicciones del país para todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Para eso se deberá tener en cuenta que las mismas orienten las acciones de los integrantes de la comunidad educativa hacia el respeto por la vida, los derechos y responsabilidades de cada persona, la resolución no violenta de los conflictos, el respeto y la aceptación de las diferencias. También que se propicien vínculos pluralistas, basados en el reconocimiento y el respeto mutuo, que impulsen el diálogo y reconozca la competencia de las instituciones educativas para elaborar y revisar periódicamente sus propios códigos o acuerdos de convivencia, garantizando la participación de la comunidad educativa.

La ley remarca que para la construcción de estas normas quedan prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo. La normativa también expresa que el Ministerio de Educación de la Nación, con el acuerdo del Consejo Federal de Educación debe promover el desarrollo de estrategias y acciones para fortalecer a las instituciones educativas y los equipos docentes, brindándoles herramientas y capacitación para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia en las instituciones educativas.