Nuevas reglas en los mercados de capitales para frenar a los fondos buitre
La Asociación Internacional de Mercados de Capitales adhirió a una nueva normativa en materia de reestructuración de deuda soberana. El objetivo es evitar litigios como el que mantienen con Argentina los fondos buitre.
Ilustraciones: kitsch.
La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) publicó nuevas reglas para que en los procesos de reestructuración de deudas soberanas los grupos de bonistas minoritarios no puedan bloquear los acuerdos logrados por la mayoría de los tenedores de bonos. La definición busca prevenir que se repitan casos como el que atraviesa Argentina a raíz del litigio con los fondos buitre.
La ICMA es una organización que representa una amplia gama de intereses de los mercados de capitales. Está integrada por 450 bancos globales de inversión, bancos regionales, gestores de activos, bancos centrales, estudios de abogados y de asesores financieros de 52 países. Sus definiciones establecen parámetros estandarizados para la operatoria en materia de títulos y activos financieros.
Los nuevos términos de la entidad establecen la aplicación de nuevas cláusulas de acción colectiva (CAC) en las que el acuerdo de la mayoría de los bonistas sobre condiciones de una reestructuración sea vinculante para la totalidad de los tenedores de bonos. Eso significa que los grupos minoritarios de bonistas no podrían bloquear las modificaciones acordadas por las mayorías, y quedarían obligados a cumplir con los mismos parámetros.
Con la aplicación de esta iniciativa, los actores especulativos de los mercados financieros estarían obligados a aceptar las condiciones de las reestructuraciones de deuda soberana, si una mayoría lo acuerda. La ICMA desarrolló una interpretación de la cláusula estándar “pari passu” para que su aplicación sea clara y no sea la base “para interrumpir futuras reestructuraciones” ni ponga en juego “la equidad entre los acreedores”, indicó mediante un comunicado oficial.
Los miembros de la asociación se inspiraron en el caso argentino para convocar a la reunión en la que definieron estas modificaciones. “Las potenciales consecuencias globales adversas por el default y la reestructuración de la deuda Argentina demuestra la importancia de tener términos claros y sin ambigüedades en los contratos de bonos soberanos”, expresó Leland Goss, el titular de la ICMA. Y agregó que “necesitamos un proceso de quiebra internacional para hacer menos posible el default y forzar a los holdouts a sentarse a la mesa”.
La resolución no se aplica al caso argentino, pero permitirá que las futuras reestructuraciones que apliquen los nuevos estándares no se vean amenazadas por maniobras especulativas de grupos minoritarios. El 92,4 por ciento de los acreedores de la Argentina accedieron a las condiciones de quita de capital e intereses y a la extensión de los plazos que el país propuso en 2005 y 2010, pero por el litigio de los fondos buitre esa reestructuración hoy corre peligro.
Una decisión del juez estadounidense Thomas Griesa impide que los bonistas que ingresaron a los canjes y accedieron a las condiciones de la reestructuración puedan seguir cobrando los pagos que Argentina depositó el 26 de junio pasado. Para cumplir con los vencimientos de septiembre, el Gobierno impulsa una Ley de Pago Soberano Local con la que se trasladaría la sede de pago a Buenos Aires y se cambiaría al agente de pago -el Banco Mellon de Nueva York- por el Nación Fideicomisos.
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