Infojus Noticias

Cuando en el Congreso se aprobó la ley que prohíbe los indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos de lesa humanidad, desde los pasillos se escuchó  un grito común: "Nunca más, nunca más"! A Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba, le pareció una medida extraordinaria. “Los legisladores estuvieron atentos, me parece han tenido una velocidad que siempre debieron tenerla. Es una lucha del pueblo que tardó tiempo en ser conquistada. La justicia ya nos dio el aval y esperábamos que el Congreso estuviera en sintonía”, dijo a Infojus Noticias.

La iniciativa establece que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6,7 y 8 del Estatuto De Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”. El proyecto indica que cualquier intento de establecer una amnistía en delitos aberrantes contra la humanidad será considerado de “nulidad absoluta e insanable”. El expediente obtuvo el respaldo de todas las bancadas y fue aprobado por unanimidad. 

El diputado nacional Horacio Pietragalla Corti (FpV), uno de los autores del proyecto, destacó que "es un paso más contra la impunidad" y "reafirma la responsabilidad de las instituciones democráticas" en los casos de crímenes aberrantes cometidos durante el terrorismo de Estado. Para Hugo Cañón, fiscal emblemático de causas de lesa en Bahía Blanca, “es un posicionamiento de política de Estado extraordinario porque fija una posición sobre los crímenes de lesa humanidad y garantiza la continuidad democrática”.

En efecto, consideró que “si la vida democrática no se interrumpe, es un mensaje claro para cualquier gobierno de turno que no puede existir la amnistía con ese tipo de delitos. Se comprueba la efectividad del orden jurídico, y a partir de ahora se incorpora a la Constitución, por lo que es un hecho histórico”, dijo a Infojus Noticias.

"Es una reafirmación de las instituciones democráticas sobre la gravedad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo para sus responsables", agregó el legislador, hijo de desaparecidos. La ley reglamenta la prohibición de la facultad de indultar a los autores de delitos aberrantes de conformidad también con lo interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Mazzeo" y "Videla", en donde se declaró la inconstitucionalidad de los indultos a autores de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Además, se apoya en diferentes antecedentes de organismos y tribunales internacionales como la declaración de la Corte Internacional de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual consideró "inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos".

Pietragalla explicó que con esta ley "se trata de establecer -vía legal- esta interpretación constitucional sobre la restricción de la facultad de indultar, amnistiar o conmutar penas en casos de delitos de lesa humanidad, de conformidad a lo ya fallado por la Corte Suprema para los casos concretos".

Además, Cañón dejó en claro que la medida  “protege” y “fortalece” el actual desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. “Quedan pendientes muchas causas que siguen en instrucción y otras que están frenadas, como las de complicidad civil. La justicia aún no dio respuesta total a la dimensión del genocidio. Lo que quedó claro con el dictamen del Congreso es que no es posible el perdón y la reconciliación, cuestiones que para muchos sectores políticos siguen siendo defendidas como plataformas electorales”, destacó el ex fiscal.

Torres habló del impacto emocional de la nueva ley. “Para todos los que luchamos en nombre de los derechos humanos hace tantos años es una noticia que nos sensibiliza. Pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las próximas generaciones. No puede haber país sin memoria, sin verdad, sin justicia”. La mujer además se refirió a su nieto, sustraído en cautiverio tras el secuestro de su hija Silvina Parodi –embarazada de seis meses y medio- y su yerno Daniel Orozco de su domicilio de barrio Alta Córdoba, el 26 de marzo de 1976. Dijo que lo sigue buscando día a día. “Siempre le digo que sus padres trabajaron por una Córdoba más justa por un país más justo. Esta ley se refleja en el pedido de justicia y en las búsquedas de las víctimas. Para que no exista más impunidad “, enfatizó.

JMM/RA