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Las víctimas del “Operativo Aire 718” tuvieron finalmente justicia. Es que el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy condenó anoche a once represores por delitos de lesa humanidad. Dictaron la pena a 12 años de prisión al ex teniente Horacio Marengo y 14 años para diez ex miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La sentencia llegó tras 18 audiencias por las que pasaron unos 57 testigos. Es el tercer juicio en Jujuy por delitos de lesa humanidad: reunió dos expedientes con un total de 90 víctimas y dejó a dos de los imputados absueltos. Los organismos de derechos humanos y las víctimas se quejaron de las bajas penas y la querella adelantó que la sentencia será apelada.

La lectura de la parte resolutiva de la sentencia fue esperada con muchas expectativas por las víctimas y organismos de derechos humanos que promueven incansablemente la búsqueda de la memoria, verdad y justicia. Pero al escuchar las condenas, hubo un silencio profundo. Se vieron lágrimas en las víctimas, porque fueron bajas las penas. La Fiscalía había pedido para Marengo 16 años y 14 para el resto de los imputados. La querella, por su parte, 25 años de prisión para todos. De todos modos, con el dolor atravesado de los 38 años de espera, celebraron que haya finalizado un proceso judicial en la provincia.

Antes de leer la parte dispositiva de la sentencia, el TOF rechazó todas las nulidades presentadas por las defensas de los acusados y consideró los hechos juzgados como “delitos de lesa humanidad”, por lo tanto imprescriptibles. Los ex penitenciarios condenados son: Rogelio Mason Iglesias, Osvaldo Chiaparo, Jorge Néstor Ibáñez, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo César Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso y Andrés Aldo Savorani. Juan Héctor Guenchal y de Rubén Eduardo Zinc fueron absueltos.

Uno de los jueces, Gabriel Casas, votó en disidencia en lo relativo a la existencia del delito de privación ilegítima de la libertad respecto al personal del SPF. Los delitos por los que fueron juzgados fue privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas por 90 víctimas, en el caso de Marengo, y a los del SPF por ser coautores del delito de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por tratarse la víctima un perseguido político. Estos delitos  fueron calificados como de “lesa humanidad”.

Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy y una de las querellantes, expresó que “después de los testimonios y la verdad real es insuficiente la pena. Después de tantos años de ausencia de justicia y a su vez después de  haber callado lo perverso que fue el Terrorismo de Estado en Jujuy. Teníamos la expectativa que sea una pena mayor”. La sentencia será apelada, expresaron varios dirigentes de DDHH, como así también la querella. Además, ante la pena de 12 años a Marengo, recordaron que durante el proceso judicial quedo evidenciado su participación en el Operativo Independencia.

Arroyo dijo: “Nos preocupa la jerarquía que ostentaba Marengo, el poder de decisión de  traslado de detenidos, que no fue considerado. Creo que hay que demostrar que el tormento ha sido físico para que las cosas puedan avanzar dentro de las penas, pero también hay otro tipo de tormento psicológico como no saber a donde los llevaban  y otras cosas que no fueron consideradas. A pesar de ellos fueron condenados”, afirmó.

Y destacó “la importancia de finalizar un proceso judicial, la riqueza del juicio oral y público de poder escuchar a las víctimas, la reparación que significa para cada una de ellas. Es histórico. Esperábamos más porque hubo muchos años de ausencia de justicia por eso ponemos todo para que estos procesos avancen. Y reconocer la lucha de los organismos de derechos humanos es muy importante”, sostuvo.

También el abogado querellante Ariel Ruarte consideró que el lado positivo que tiene este proceso judicial es lo que sostuvieron las víctimas durante estos 38 años. “Hoy la Justicia argentina cierra diciendo es cierto, existió el Operativo, los tormentos graves existieron, la tortura llevada a un nivel extremo existió. Entonces me parece que queda para la historia de estos 12 y 14 años de pena que pueden parecer poco, quedan como un cierre fundamental de lo que vivieron las víctimas”, reflexionó.

“Contaron con mucho tiempo para desaparecer las pruebas”

En el vuelo, que duró aproximadamente unas tres horas, los presos permanecieron con los ojos vendados, atados por parejas a una barra de hierro en el medio del avión y brutalmente golpeados, según los testimonios recogidos durante la primera etapa del juicio. Además, las víctimas relataron que fueron obligados a cantar canciones como “viva Jujuy” en un marco de humillación hacia sus propios orígenes, y hasta fueron amenazados con ser arrojados al vacío. Al llegar a Buenos Aires, los varones fueron trasladados para ser alojados en la Unidad Penal 9 de La Plata y las mujeres en una unidad de Villa Devoto, en la Capital Federal.

Adelaida Corbalán fue detenida el 7 de abril de 1976 en Palpalá. Según contó en el juicio, fue sacada de su celda junto con otras mujeres y llevada al patio del penal. Ahí pasaron la noche previa al traslado, a la intemperie, cubiertas con mantas. Fue llevada a la nave más pequeña, esposada y custodiada. Recordó que les gritaban que eran unas “ratas al servicio de las organizaciones políticas”.

La mayoría de las víctimas del “Operativo Aire 718” estaban insatisfechos por el monto de la pena, pero aun así entre abrazos y lágrimas repusieron fuerzas para seguir buscando justicia. Muchos de los que fueron “trasladados” eran trabajadores del Ingenio Ledesma y de Mina el Aguilar, donde se realizaron los más grandes operativos de secuestros con la complicidad civil. El ex minero Efrén Guzmán, víctima del vuelo del terror, expresó: “Más triste me voy porque no dijeron que paso con Avelino Bazán”. Bazán fue un mítico dirigente minero que fue desaparecido en 1978. Guzmán fue en 1976 secretario general del sindicato de obreros de mina el Aguilar. También Hugo Condorí, que ayer estuvo escuchando la sentencia. Aunque se fue disconforme con las penas, expresó que valoraba “la memoria de los compañeros que aportaron su testimonio”.   

Respecto a las absoluciones, Ruarte dijo que “es la respuesta más contundente para aquellos que dicen que estos juicios son algo ficticio, que se produce como una especie de venganza de los sectores progresistas para con los sectores represivos. Es la demostración que si no llegamos a una demostración profunda de los que participaron de estos hechos, salen libres. Ellos contaron con mucho tiempo después del 76 para desaparecer toda la prueba. Tenemos ese inconveniente gravísimo de tener pruebas: no se pudo que los testigos los reconozcan porque estaban vendados. No pudimos, por esos límites que tiene la prueba que desaparecieron estos genocidas no pudimos probar esas personas estaban dentro del vuelo”.

El querellante remarcó: “Es el sistema constitucional que tratamos de sostener que ellos estaban y es lo que provoca que no haya una satisfacción absoluta. Me parece que  la verdad real es lo que nosotros sostuvimos y no lo que ellos trataban de sostener que no existió el vuelo”.

Inés Peña, titular de madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy -Línea histórica, expreso que “fue condenatoria la sentencia, no coincidimos en el monto de la pena y sobre todo en Marengo; a pesar de los testimonios de los compañeros, las pruebas por ahí la justicia no ha sabido valorar la prueba. Esto no significa bajar los brazos, sino seguir conquistando justicia, en la calle. Justamente con esta gran solidaridad de la organización Tupac Amaru porque son nuestro soporte para que estos procesos continúen para seguir exigiendo justicia”

En las afueras del juzgado, las arengas de los tupaqueros alentaban a los organismos de derechos humanos a seguir en esta lucha por justicia a los responsables del terrorismo de estado y los cómplices civiles.

La lectura de los fundamentos será el 14 de setiembre a las 14.30.

MM/EL/RA