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La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires rescindir el convenio con el centro para menores afectados en su salud mental “Casa Púrpura”, ya que existen denuncias de maltrato físico y psicológico a los niños internados allí. El gobierno deberá trasladar a los niños, niñas y adolescentes alojados allí a otro establecimiento que cumpla con las condiciones necesarias para su cuidado y protección.

Aurelio Amirato, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad N° 10, hizo lugar a un amparo presentado por la asesora tutelar de menores, Mabel López Oliva, y ordenó la intervención del centro para menores. También señaló que debe garantizarse la atención adecuada de los chicos.

Daiana ingresó al Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura (Cepreap) en abril de 2012. Venía derivada desde el Hogar “Nuestra Señora de San Nicolás”, donde estaba alojada junto con su hermana y antes había pasado por otros dos centros “hogares”.  Otro interno, más grande que ella, la obligaba a practicarle sexo oral. En enero de este año fue trasladada nuevamente.

Ante la gravedad de esta situación, el abuso sexual hacia la menor, los directivos del centro sólo se limitaron a asentarlo en libro de actas: “La joven comenta que G. la obliga a hacer cosas que ella no quiere. Por ejemplo, tener sexo oral con el mismo amenazándola. La joven dice “esto pasó en dos oportunidades”, dice el acta elaborada por los “profesionales”, en diciembre de 2012. Se le comunica al médico de guardia lo sucedido y “se le explica que la joven está muy angustiada por lo cual indica etumina como refuerzo”.

 Al otro día, continuando con la “contención” de la menor, el acta es clara: “Se encuentra muy angustiada y se le suministra un refuerzo autorizado por el doctor”. Ese día fue atendida por el SAME. “Permanece con sus compañeros tomando mate. Se la nota triste”, dicen las actas de los responsables del centro. El 1 de enero de 2013 fue evaluada por una psicóloga que consigna: “No le resultó sencillo contar lo que pasó”.  El 10 de enero fue notificada de su traslado a otro centro.

En este caso “la intervención de la institución se limitó a reforzar la medicación telefónica cuando la niña estaba manifestado haber sido víctima de acoso y abuso sexual por parte de otro pacientes, en reiteradas oportunidades”, sostenía en el amparo López Oliva, que inició el amparo contra el gobierno porteño.

Otro joven, también alojado allí, relató que en el hogar le pegaban a veces los operadores y que sólo puede hablar una vez por semana por teléfono con sus familiares. “En situaciones de crisis la respuesta del hogar es que algún operador lo ‘contenga’ retorciéndole un brazo por un rato largo”, señala la denuncia. A ello se suma que a veces se llama al personal policial para amedrentarlo y que “en alguna ocasión le recibió una cachetada por personal policial”.

Esta institución recibe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una cuota mensual por cada niño que alojan: unos 376 pesos diarios por cada persona allí alojada, lo que da unos 277.500 pesos por mes por todos los internados, una veintena. “Lo grave de esta situación es que una institución privada a la que el gobierno le paga no cumple sus obligaciones y genera maltratos”, explicó López Oliva.

Por todo ello el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad “que instrumente los mecanismos que correspondan para proveer un recurso asistencial idóneo” a las personas alojadas en el “Centro preventivo asistencial Casa Púrpura” (Cepreap) y a todos los que se deriven a futuro al establecimiento.

También fijó un plazo de diez días para que el Gobierno informe si existe otra institución que pueda cumplir con estos requisitos, o bien si deberá crearla –si esto último sucede deberá crearla contará con 120 días-. Hasta que finalice el traslado de los menores, se designará un interventor judicial para monitorear la asistencia.

“Las pruebas aportadas a este proceso dan cuenta de un número importante de irregularidades en la ejecución del convenio”, por lo que “existe “un cuadro de grave y palmario menoscabo de los derechos fundamentales de este grupo de personas en especial situación de vulnerabilidad”.