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Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión por los Derechos Humanos de La Plata y Aguafuerte Colectivo de Derechos Humanos presentaron un escrito al Consejo de la Magistratura en el que expresan su “preocupación por la situación generada a partir de las últimas decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en relación al nombramiento de los jueces subrogantes Laureano Durán y Jorge Di Lorenzo, a cargo de los Juzgados Penales Federales 1 y 3 de La Plata, respectivamente”. Y pidieron a los consejeros que "realicen acciones tendientes a generar certidumbre en esa situación en el lapso más breve de tiempo posible". 

Hace dos semanas la Cámara Federal de La Plata dictó dos resoluciones contrapuestas en referencia a la recusación de Durán y Di Lorenzo, solicitada  por Edgar Emilio Schiavone, abogado del represor Ricardo Luis Von Kyaw, .

Por un lado, la Sala I, en un fallo unánime, rechazó el pedido de recusación contra Di Lorenzo, alegando que había sido nombrado por el Consejo de la Magistratura, organismo que le compete “dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”.  Y la Sala III, por su parte, consideró por mayoría aceptar la recusación contra Durán, al considerar que no está facultado para resolver como “juez natural”.

El abogado había fundamentado que ambos jueces subrogantes no fueron designados “en forma legal, en tanto no respetó ni los procedimientos, ni las condiciones individuales que se exigen para la designación de los jueces subrogantes”.

“No es aquí nuestra intención manifestar el apoyo o la desaprobación ni tampoco incidir en cuál es el procedimiento pertinente para efectivizar esos nombramientos”,  señalan en la nota los Organismos. Y agregan que “nuestra profunda inquietud  radica en los eventuales problemas en la administración de justicia que conlleva el dictado de resoluciones tan dispares en un mismo cuerpo colegiado, más aun si tenemos en cuenta que ambos juzgados tienen a su cargo la investigación de masivas violaciones a los derechos humanos durante el genocidio sucedido en nuestro país entre 1976 y 1983”.

“Sin poder la propia Cámara restablecer cuál es el procedimiento adecuado para la designación de jueces subrogantes y consecuentemente dictar pronunciamientos contradictorios llevará inexorablemente   a la paralización del fuero federal penal de la plata, y el costo de esas disputas no lo pagarán los jueces subrogantes designados, ni los integrantes de las CFALP, sino que otra vez, serán las víctimas del genocidio sus familiares y los organismos de derechos humanos querellantes, que a casi cuatro décadas de los criminales hechos siguen pidiendo justicia”, dicen las organizaciones en el escrito.

El juzgado federal 1 de La Plata –con competencia electoral- estuvo vacante desde la muerte del juez anterior, Manuel Blanco. El 18 de diciembre del año pasado, el Consejo de la Magistratura designó a Durán para ocupar el cargo de juez subrogante. Ahora quedó apartado de la investigación sobre lo sucedido en La Cacha.