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“Un hombre es torturado; sucumbe, o lo rematan, o se suicida; se escamotea su cadáver: no hay cadáver por consiguiente no hay crimen. A veces un padre, una esposa pregunta; se le responde: desaparecido, y el silencio vuelve a cerrarse”. Con esa frase, tomada de Simone de Beauvoir, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde abrieron el libro “Felipe Vallese: Proceso al sistema” y cuestionaron la posición de la Justicia al abordar casos de desapariciones forzadas. El secuestro y la desaparición de Vallese, en agosto de 1962, mostró la relación entre los policías que lo detuvieron y la Justicia, que condenó a los culpables por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

Vallese, delegado gremial de una metalúrgica y militante de la Resistencia Peronista, fue levantado de una esquina del barrio porteño de Floresta por un grupo de la Policía bonaerense. Eran de la Unidad Regional de San Martín, que encabezaba el comisario Juan Fiorillo. Esa misma noche del 22 de agosto de 1962, lo llevaron a la comisaría primera de esa localidad bonaerense. Allí lo torturaron durante nueve días y, finalmente, hicieron desaparecer su cuerpo.

El crimen se produjo en medio del gobierno de José María Guido, que había empeorado la destemplada administración del derrocado Arturo Frondizi. Estaba vigente el decreto del Poder Ejecutivo que prohibía la utilización de símbolos peronistas. No se podían exhibir las fotografías de Perón ni Evita ni de ningún otro dirigente del movimiento. Tampoco se podía cantar, ni siquiera silbar la marcha “Los muchachos peronistas”. Era el retorno del decreto 4161, aquel oscuro texto del 5 de marzo de 1956 que prohibió la utilización de “elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista”.

El crimen de Vallese, uno de los delegados de base que cuestionaba a la conducción de Augusto Timoteo Vandor al frente de la Unión Obrera Metalúrgica, fue develado por el periodista Pedro Leopoldo Barraza, en 1963. Dos años más tarde, Ortega Peña y Duhalde escribieron un libro financiado por la UOM donde volvieron sobre el crimen de Vallese, la reconstrucción de su secuestro y torturas en una comisaría, y abordaron la figura del desaparecido.

En la nota 29 de “Felipe Vallese: Proceso al sistema”, Ortega Peña y Duhalde interpelaron a la Justicia y cuestionaron el fallo que condenó a los responsables del crimen sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad y no por homicidio. La resolución se tomó pese a que varios testigos aseguraron haber visto vivo a Vallese en la comisaría de Villa Lynch, en el partido de General San Martín.

“No puede aquí argumentarse seriamente que no existe el cuerpo del delito, entendiendo por tal al cuerpo de Vallese. Cuerpo del delito no es el cuerpo físico de la víctima, en el caso del homicidio. Bastaría hacer desaparecer el cuerpo –como ocurrió aquí- para que no hubiera delito o delincuentes. Basta recordar como precedente jurídico el ‘caso Ingalinella’, donde los responsables son sancionados como tales, a pesar de no aparecer el cuerpo de la víctima. En este caso se dijo: ‘cuerpo del delito, es el conjunto de pruebas, que pudiendo ser totalmente inmateriales llevan a la convicción de que se ha cometido una infracción de las descritas en la Ley penal”, afirmaron.

Los abogados hicieron referencia al crimen del médico Juan Ingalinella, que era un militante del Partido Comunista, fue detenido en Rosario el 17 de junio de 1955 por efectivos de la oficina de Leyes Especiales de la Jefatura de Policía rosarina. Fue torturado y desaparecido. Y, al igual que ocurrió con Vallese, los policías fraguaron los registros de las comisarías para “demostrar” que los detenidos fueron liberados –como en el caso Ingalinella- o que nunca habían estado en esas dependencias, como hicieron los que mataron a Vallese.

Años después, el comisario Fiorillo fue liberado –en 1971 fue condenado a tres años de prisión por secuestro- y se sumó a la Alianza Anticomunista Argentina. También fue un activo integrante de la dictadura militar: fue detenido el 31 de mayo de 2006 por el rapto de una beba en 1976, Clara Anahí Mariani, hija de militantes montoneros y nieta de Chicha Mariani.

Una de las víctimas de esa organización paramilitar que precedió al golpe de Estado fue Ortega Peña. Lo ametrallaron en 1974 en Arenales y Carlos Pellegrini, en el límite entre el microcentro porteño y Retiro. Este mediodía, la Legislatura porteña colocará una placa de mármol en su memoria.

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